Tres hombres venezolanos se declararon culpables de ayudar a organizar una invasión mal concebida el año pasado para destituir a Nicolás Maduro.
Por Joshua Goodman | The Associated Press
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
En la audiencia del viernes ante un tribunal colombiano, los hombres reconocieron su papel junto a Jordan Goudreau, un ex boina verde estadounidense y veterano de la guerra de Irak, en la organización de un ejército de trapos de unas pocas docenas de desertores militares venezolanos con la intención de derrocar al liderazgo socialista de Venezuela. Los planes incluían asaltar instalaciones militares y el Palacio de Miraflores.
“Pido disculpas al gobierno colombiano”, dijo uno de los hombres, el mayor de la Guardia Nacional, Juvenal Sequea, a un juez en Bogotá el viernes cuando él y otros dos aceptaron cargos más leves de brindar asesoramiento y apoyo logístico a grupos armados ilegales. “Acepto la responsabilidad por mis acciones pero quiero que la gente entienda que todo esto es el resultado de las consecuencias de lo que estamos viviendo los venezolanos”.
La llamada Operación Gedeón, o Bahía de los Lechones, como se conoció al sangriento fiasco, terminó en desastre, con seis insurgentes muertos y dos de los excompañeros de las Fuerzas Especiales de Goudreau tras las rejas en Caracas. Pero el complot realmente nunca tuvo la oportunidad de tener éxito contra el ejército de Maduro después de haber sido infiltrado a fondo meses antes.
Sequea y su coacusado, el capitán Juven Sequea, son los hermanos mayores del comandante confeso de la fallida incursión del 3 de mayo, el capitán Antonio Sequea, quien se encuentra preso en Caracas, la capital venezolana. La tercera persona que se declara culpable, Rayder Ruso, es un civil que durante mucho tiempo ha buscado el derrocamiento armado de Maduro.
Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, que se espera que el juez ratifique a finales de este mes, los hombres aceptaron un solo cargo que se castiga con entre 6 y 10 años de prisión. Pero bajo la ley colombiana pueden ser puestos en libertad condicional o bajo arresto domiciliario si son sentenciados a menos de 8 años, lo que significa que los hombres podrían ser liberados a cambio de cooperación. Anteriormente, los hombres, que estaban encarcelados desde su arresto hace seis meses, habían sido acusados de proporcionar entrenamiento militar a grupos armados ilegales, un delito más grave que se castiga con hasta 30 años de cárcel.
Ninguno de los hombres participó en la incursión fallida, habiendo abandonado los campamentos secretos en el norte de Colombia donde se estaban reuniendo los rebeldes, en algunos casos meses antes de su lanzamiento. El testimonio de otros desertores venezolanos, uno de los cuales fue arrestado con un arma y una gran cantidad de teléfonos celulares, colocó a cada uno de los hombres en posiciones de liderazgo de la trama junto a Goudreau y al cabecilla de la trama, el general retirado del ejército venezolano Cliver Álcala.
Una cuarta imputada en la investigación colombiana, Yacsy Álvarez, ha profesado reiteradamente su inocencia y ha acusado a las autoridades colombianas de estar en contacto constante con Álcala. Pero enfrenta un cargo adicional de tráfico de armas por supuestamente ayudar a contrabandear armas al ejército voluntario.
Álvarez se desempeñó como traductor de Goudreau durante sus visitas a Colombia y los dos abrieron una filial de su pequeña empresa de seguridad de Florida Silvercorp, a mediados de 2019. Enumeró su dirección en un hotel de lujo en Barranquilla, según los registros públicos colombianos.
También voló con Goudreau y los otros dos ex Boinas Verdes, Luke Denman y Airan Berry, a Barranquilla a bordo de un jet Cessna perteneciente a su jefe, el empresario Franklin Durán, quien tiene un largo historial de acuerdos con el régimen chavista. En ese momento, Álvarez vivía en la ciudad costera del Caribe y trabajaba como director en una unidad de la empresa de lubricantes para automóviles de Durán.
Según el acuerdo de culpabilidad leído por los fiscales en la corte, la investigación colombiana fue impulsada por la incautación del 23 de marzo de 2020 de un alijo de 26 rifles de asalto y equipo táctico que luego se reveló que fueron enviados por Álvarez y destinados a los rebeldes en el desierto de la península de La Guajira que Colombia comparte con Venezuela.
El hombre que coordinaba el esfuerzo clandestino, Álcala, asumió la responsabilidad por las armas horas antes de entregarse el 26 de marzo para enfrentar cargos por drogas en Estados Unidos.
Álcala, quien ahora está a la espera de juicio en Nueva York, dijo que las armas pertenecían al “pueblo venezolano”. También arremetió contra el presidente encargado, Juan Guaidó, acusándolo de traicionar un contrato que había firmado con “asesores estadounidenses” para destituir a Maduro.
Estados Unidos ha negado cualquier papel directo en el intento de redada justo cuando la disidencia de Venezuela se ha distanciado de Goudreau, a pesar de supuestamente haber firmado previamente con él un acuerdo para realizar una operación de arrebatamiento y captura dentro de Venezuela.
Aparte del pago de 50.000 dólares por gastos que la oposición nunca pagó a Silvercorp y Goudreau demandó el año pasado a uno de los ayudantes de Guaidó, el analista político J. J. Rendón, con sede en Miami, por incumplimiento de contrato.