Un Nuevo Tiempo en sus 15 años de existencia siempre ha tenido como bandera de lucha lograr la propiedad de las tierras rurales públicas para los campesinos y los productores. La democratización de la tenencia de las tierras rurales es una tarea aún pendiente en nuestro país. Desde UNT hemos impulsado una reforma a la Ley de tierras y Desarrollo Agrario, que garantice la propiedad plena al campesino y a los productores agrícolas, sin más limitaciones que las señaladas en el Artículo 115 de nuestra constitución. De esa manera saldaremos esa deuda histórica.
El régimen ha utilizado la posesión precaria de las tierras rurales como un factor de desestabilización, de inseguridad jurídica y para crear una lucha de clases inexistente en nuestro país. Convirtió la posesión y el uso de las tierras, en epicentro de una pugna sin sentido que llevó las conquistas logradas en el siglo XX, a los oscuros tiempos de las disputas intestinas del siglo XIX, en lugar de cumplir con garantizar el derecho a la propiedad de la tierra para los campesinos y para los productores agropecuarios.
La Ley de Reforma Agraria, fruto de un admirable consenso político que debe servirnos de ejemplo, con todas las críticas que se le pueda señalar, sí, tuvo logros importantes en la reivindicación de los derechos económicos y sociales de los campesinos; pero más allá de las cifras que acompañan los beneficios alcanzados, su mayor mérito fue garantizar la convivencia en el campo, la paz social en el medio rural y frenar la penetración de las destructivas consignas del marxismo que llenaron de sangre, resentimiento y desconfianza a muchas sociedades rurales de países hermanos durante la misma época.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, llamada a continuar y mejorar los logros de su antecesora, como se presentó en su Exposición de Motivos, por el contrario, fue diseñada y ha sido utilizada como un instrumento de venganza para expropiar fincas productivas y engañar a la población rural con promesas incumplidas de entregar títulos de propiedad agraria, que se han convertido en el mejor de los casos en la entrega de precarias cartas agrarias utilizadas por el régimen como chantaje político.
Además de los graves problemas señalados, la inseguridad personal en el medio rural se ha salido de control. Además, no hay justicia ni equidad, no hay reconocimiento a la posesión agraria ni a las bienhechurías. Tampoco existe el derecho a la propiedad, ni el derecho al debido proceso en los entes administrativo ni en los tribunales agrarios.
Desde el punto de vista económico el régimen ha quebrado al campesino productor, el crédito agrícola no existe para el hombre de trabajo, pero si existe para el maula. El campesino se encuentra desasistido de los créditos para comprar maquinarias y construir la infraestructura. No hay semillas ni insumos suficientes para atender las siembras de ciclo corto y han tenido que abandonar sus cultivos tradicionales como el café y la caña de azúcar ante los elevados costos de producción y el deterioro de la vialidad y de los sistemas de riego. Para colmo de males, los combustibles han desaparecido del sector rural.
Debido en gran medida a esta situación, la producción de alimentos ha caído a niveles históricos de un 80% y la agroindustria depende en casi un 90% de la importación de materia prima para subsistir. La pobreza en el medio rural es superior al 90% existente en medio urbano. El alto índice de inseguridad alimentaria que sufren los pobladores rurales, ha sido determinante en la malnutrición que afecta a la mayoría de la población.
Desde Un Nuevo Tiempo hemos propuesto en El Plan País Agroalimentario, el apoyo a la agricultura familiar con políticas públicas verdaderamente efectivas en materia de innovación y desarrollo tecnológico, para el diseño de una política crediticia moderna y eficaz de asistencia técnica, de acompañamiento y para el estímulo de un mercado eficiente de insumos, de productos de consumo directo y de materia prima para la agroindustria.
Nota de Prensa