Un ciberataque paralizó este martes buena parte del servicio estatal de empleo en España, lo que afectó especialmente a las citas de atención a usuarios aunque no al pago de subsidios en un momento de crisis por la pandemia, con más de cuatro millones de desempleados en el país.
El sistema informático del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufrió un ataque que paralizó los servicios que presta a través de internet y también en oficinas, informaron a Efe fuentes del Ministerio de Trabajo español.
Estas fuentes aseguraron que un equipo de técnicos y expertos trabajaba para poder volver a la actividad normal lo antes posible, lamentando las molestias ocasionadas a los usuarios.
La web del servicio daba problemas aún en la tarde hora local, pero a través de redes sociales el SEPES difundió declaraciones de su director, Gerardo Gutiérrez, asegurando en distintos medios que el ataque informático, del que se desconocía el origen y por el que no se había pedido algún rescate, no afectó al pago de subsidios a desempleados ni hubo sustracción de datos de trabajadores.
Por su parte, el sindicato de funcionarios CSIF afirmó en un comunicado que se trataba de un virus “ransonware”, “programa de secuestro” en español, que afectó a los ordenadores de los puestos de trabajo en las oficinas, tanto en las 710 que prestan servicio presencial como en las 52 telemáticas, y a los portátiles de la plantilla en teletrabajo.
Esta situación provocará “un retraso en la gestión de centenares de miles de citas en toda España”, aseguró CSIF, que reiteró su demanda de inversión tecnológica en este servicio, al denunciar que sus sistemas informáticos tienen una antigüedad media de unos 30 años.
El ciberataque se produjo el mismo día en que el Ministerio del Interior español anunció la aprobación de un Plan Estratégico contra la Ciberseguridad para detectar, prevenir y perseguir esta modalidad delictiva, que representaba el 9,9 % de la criminalidad con 218.302 hechos registrados en 2019 en España.
España supera los cuatro millones de desempleados, una cifra que no alcanzaba desde 2016, además de cerca de 900.000 en una modalidad de suspensión temporal de empleo, lo que supone un pago de subsidios que el pasado enero alcanzó los 2.629 millones de euros (unos 3.124 millones de dólares). EFE