Tras el asesinato del funcionario policial en Bogotá, Edwin Caro, a manos de un supuesto venezolano, el gobierno de Colombia emitió un comunicado en el que condenó categóricamente el hecho.
Por: NTN24
“Rechazamos de manera categórica cualquier acto de violencia, independientemente de quien lo realice y condenamos de forma vehemente este tipo de acciones”, reza parte del comunicado de la administración de Iván Duque.
Luego del lamentable suceso, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó nuevas críticas contra la migración venezolana y exhortó al gobierno de Duque a dar garantía a los colombianos “así como lo hace con los venezolanos”.
“Aquí no podemos permitir que algunos se aprovechen de la solidaridad de Colombia, y que sigamos teniendo este tipo de actos violentos por parte de migrantes venezolanos que ya ha cobrado la vida de varios de nuestros ciudadanos, no es un caso excepcional (el patrullero asesinado)”, dijo López durante el homenaje que se hizo al funcionario.
En este contexto, el gobierno expresó su solidaridad con la institución policial, así como a los familiares y amigos de Caro, enfatizando que “absolutamente nadie, sin distingo de nacionalidad, tiene derecho a arrebatarle la vida a otro ser humano”.
Cabe destacar que no es la primera vez que la alcaldesa arremete contra la comunidad venezolana, por lo que es señalado por fomentar la xenofobia.
A continuación, texto íntegro…
Frente a los hechos registrados en las últimas horas en la capital de la República, en los que fue asesinado el Patrullero de la Policía Nacional, Edwin Arnoldo Caro Gómez, queremos expresar toda nuestra solidaridad a esta institución, a todos sus integrantes, familias y amigos.
Rechazamos de manera categórica cualquier acto de violencia, independientemente de quien lo realice y condenamos de forma vehemente este tipo de acciones; absolutamente nadie, sin distingo de nacionalidad, tiene derecho a arrebatarle la vida a otro ser humano. El delito no tiene pasaporte y la criminalidad debe ser prevenida y perseguida sin atención a nacionalidades.
Continuaremos trabajando con las demás autoridades por mantener el orden y la seguridad en todo el territorio nacional, siempre generando la mayor drasticidad en las sanciones cuando así lo ameriten, pero también la mayor protección en la población vulnerable al amparo de los derechos humanos.
Si bien en Colombia, de acuerdo con el INPEC hay un poco más de 97 mil detenidos y de ellos, menos del 1.8% son de nacionalidad venezolana, continuaremos trabajando en la implementación de herramientas que, como el Estatuto Temporal de Protección, nos permitan identificar plenamente a esta población, facilitando así los procesos de judicialización en los casos que se requiera y aumentando la seguridad de nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional.
El Estatuto Temporal de Protección es sin duda una herramienta fundamental de protección al migrante y al ciudadano colombiano; gracias a esta herramienta, lograremos la identificación de la población migrante, lo que eses beneficioso para su protección y la del país, ya que facilitará la judicialización.
En lo transcurrido del año llevamos más de 11 mil diligencias a lo largo del territorio nacional para verificar que el extranjero que se encuentre dentro del territorio nacional, cumpla con nuestra normatividad y respete nuestra legislación. Durante el año 2020 adelantamos más de 41 mil procesos de esta naturaleza.
Así mismo, continuaremos articulando esfuerzos con las autoridades por garantizar la seguridad nacional y aquellos extranjeros que obren de manera indebida serán expulsado como los hicimos con más de mil 200 venezolanos en el año 2020. Más de 950 de ellos por situaciones presentadas en Bogotá.
Como sociedad y como autoridades no podemos, ni vamos a permitir que ningún ciudadano, nacional o extranjero, afecte el orden público, la tranquilidad ciudadana y la seguridad nacional.
Situaciones como las registradas el día de ayer en la ciudad de Bogotá, deben fomentar la unión, el trabajo en equipo y no la estigmatización. Rechazamos, condenamos y trabajamos unidos como país, para situaciones como ésta no se vuelvan a presentar.
De manera complementaria, el Estatuto Temporal de Protección permitirá combatir la competencia desleal en la oferta laboral, la cual, precisamente, proviene de la vinculación de migrantes irregulares por fuera de condiciones de mercado y sin aportes al Sistema de Seguridad Social, configurándose en casos de trata de personas, en la modalidad de explotación laboral, una grave violación de los derechos humanos, que va en detrimento del mercado laboral colombiano.
Continuaremos vigilando los procesos de contratación de extranjeros, para garantizar que los mismos se hagan de acuerdo a la legislación colombiana, que el ciudadano colombiano y extranjero tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones y aquellos avivatos que busquen sacar provecho de esta situación, serán sancionados como ya lo hemos hecho con más de cien empleadores en todo Colombia.
La violencia no distingue nacionales y trabajando juntos podremos ponerle fin a este flagelo.
Bogotá, 11 de marzo de 2021