Un centenar de empresas y actores nacionales y extranjeros se alistan para encender los motores del mercado de la marihuana en México, que se perfila como el mayor del mundo una vez que sea regulado por el Congreso.
Pero el naciente emporio, valuado en miles de millones de dólares, podría perpetuar la marginación y criminalización de campesinos -productores tradicionales- debido a una legislación que, según activistas, favorece a la gran industria.
“México se está posicionando como el mercado más grande del mundo a nivel país, más que Estados Unidos, más que Canadá (…) Hay espacio para todos”, dice Erick Ponce, presidente del Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC), que reúne a 25 empresas mexicanas y extranjeras.
La legalización pone a México al tope del negocio, arriba de pioneros como Uruguay y Canadá, cuyas poblaciones son una fracción de la mexicana, de 126 millones de habitantes. Resta un debate legislativo, pero se da por descontado que pasará sin mayores cambios.
Distintas proyecciones apuntan a que el mercado nacional, medicinal y recreativo, valdrá entre 5.000 y 6.000 millones de dólares para 2025, una porción considerable del total mundial, que alcanzaría 73.570 millones de dólares en 2027, según la consultora Grand View Research.
Se espera además recaudar entre 900 y 1.700 millones de dólares de impuestos anuales, según estimaciones del Congreso y de la ONG Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo (CMCC).
Al igual que la legalización del Cannabis, también se espera la legalización del cultivo y uso de la amapola como droga medicinal y recreativa
– ¿Negocio oligopólico? –
La ley regula el negocio desde el cultivo hasta la comercialización de diversos productos. No solo la hoja para fumar, sino hasta infusiones o dulces podrían entrar al menú.
Permite la “integración vertical” donde los actores podrán recibir licencias para participar en todas las fases del negocio, propiciando el surgimiento de empresas con gran poder de mercado.
Aunque contempla dar prioridad a los permisos para campesinos y financiamiento, no evita que puedan ser avasallados por empresas con experiencia y mucho dinero, señalan activistas.
La norma también impone altos estándares sobre semillas, producción y hasta los espacios de comercialización, lo que podría generar un negocio oligopólico.
“El modelo mexicano tendría que sostenerse sobre un tema de justicia social. No podemos permitir que se forme un mercado que le permita a dos o tres grandes empresas apoderarse de él”, reclama Tania Ramírez, de la oenegé México Unido Contra la Delincuencia.
Así, aunque se abre un camino hacia la formalización, hay riesgo de que los campesinos sigan atrapados en la ilegalidad, dominada por poderosos cárteles.
La industria confía en que las leyes del mercado alejarán a las mafias porque “ya no es negocio”, defiende Ponce.
– Cárteles y Estado –
Los activistas discrepan.
Zara Snapp, fundadora del Instituto RIA que promueve políticas públicas sobre drogas, duda que en regiones castigadas por la violencia del narco florezcan fácilmente negocios de cannabis.
“Hablas con gente y dicen ‘yo no pondría un dispensario en Guadalajara’ porque hay otros actores que tienen ese mercado”, comenta Snapp sobre la capital de Jalisco, feudo del Nueva Generación, uno de los cárteles más poderosos del país.
Eda Martínez, directora del CMCC, advierte además que si el camino a la legalización implica demasiados trámites serán pocos los que den el salto. Coincide con Snapp en que el Estado debería guiar e incentivar la transición a la formalidad.
En mercados desarrollados como Canadá, 40% de los consumidores aún recurren a proveedores ilegales, según la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC.
Un estudio privado de 2016, presentado ante instancias estatales y académicas, calculó que el mercado negro mexicano producía entre 5.250 y 6.550 toneladas de cannabis anuales y empleaba a 17.200 personas.
En 2020 fueron decomisadas 244 toneladas.
La más reciente encuesta nacional sobre drogas (2016) arrojó que 7,3 millones de mexicanos entre 12 y 65 años probaron marihuana alguna vez y 1,82 millones mostraron prevalencia de consumo.
Ponce estima que los consumidores podrían rondar los cinco millones, pero el reconocimiento de este hábito sigue siendo tabú.
La marihuana recreativa legal llegaría al público mexicano hacia la segunda mitad de 2022, pues falta definir aspectos como la carga tributaria o los productos que podrán comercializarse, según los expertos.
Aquellos con tetrahidrocannabinol (THC), elemento psicoactivo del cannabis y “oro molido” para la industria, según Ponce, están por definirse.
En cuanto al comercio exterior, aún restringido a pocos países, la ley solo permite el de materias primas o productos sin THC, como el cáñamo o aquellos con cannabidiol (CBD), usualmente de uso medicinal.