Los países democráticos todavía no han logrado descifrar cuál es la clave para impulsar el tránsito de la autocracia a la democracia en Venezuela. En el país se estableció una claque inamovible, que ha formado una poderosa madeja de intereses en las que participan civiles, militares, grupos irregulares, mafias nepóticas, núcleos de apoyo internacional y una amplia variedad subespecies que se mueven en zonas opacas, tanto dentro como fuera de la nación.
En medio de un ambiente dominado por la incertidumbre acerca de la eficacia de las medidas que deben adoptarse, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y varios gobiernos democráticos latinoamericanos, como el de Colombia y Brasil, optaron por aplicarle sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Se oponen a cualquier tipo de intervención armada, pero consideran que presionar a través de las penalizaciones es la forma más eficiente de forzar cambios democráticos en Venezuela.
La primera de esas reformas consiste en lograr la convocatoria de unas elecciones libres, transparentes y competitivas para presidente de la República. El punto de quiebre del régimen con la comunidad internacional fueron los comicios de mayo de 2018, cuando Maduro se reeligió mandatario, luego de que la Constituyente convocada por él en 2016 -con el fin de anular la Asamblea Nacional electa en 2015- llamara a unas votaciones que las naciones democráticas consideraron ilegítimas. Esa ruptura fue la culminación de una larga cadena de abusos del gobernante vernáculo: la feroz represión desatada por los cuerpos de seguridad en 2014, con motivo de La Salida; la condena contra Leopoldo López, a pesar de que no existía ningún indicio serio que lo incriminara como responsable directo de la violencia generada durante las protestas; el total desconocimiento de la AN electa en diciembre de 2015; la creación de ese adefesio llamado Asamblea Nacional Constituyente, cuyo costo aún sigue siendo un misterio para los venezolanos; la interrupción del referendo revocatorio que podría haberse llevado a cabo a finales de 2016 o a inicios de 2017.
Todos esos episodios, ocurridos en un lapso muy breve, les permitieron a los factores de poder internacional armar un largo expediente contra Maduro. Fueron los datos empíricos a partir de los cuales Estados Unidos, la Unión Europea y los demás países optaron por castigar los desmanes de Maduro. No se trata, por lo tanto, de un modesto mandatario de un país subdesarrollado que ha sido perseguido por las potencias imperiales. Para nada. Lo ajustado a la verdad es señalar que la comunidad internacional ha venido reaccionando desde 2014 a los daños, la brutalidad y arbitrariedad de un personaje colocado al margen de la Constitución y de la legalidad que sus propios correligionarios elaboraron a partir de febrero de 1999, cuando llegan a Miraflores.
Algunos analistas vinculados con la Mesa de Diálogo Nacional olvidan de forma interesada la historia verídica. Se refieren a la ‘complicidad’ de la oposición con las sanciones e, incluso, de ser responsable de que se mantengan. Tales afirmaciones constituyentes adulteraciones de la realidad. La verdad es que el régimen de Nicolás Maduro representa un incordio en un continente que, en medio de numerosas trabas, intenta ceñirse a las reglas del modelo democrático: elecciones periódicas transparentes y competitivas, acato a la voluntad de la mayoría, gobiernos alternativos, respeto al Estado de Derecho, a las autonomía de los poderes públicos, a la oposición y a las minorías. Reglas básicas de la convivencia democrática. Maduro no sigue ninguno de estos preceptos. Su obsesión se reduce a atornillarse al poder, sin importarle cuánta ruina cause, cuánta gente se hunda en la miseria, cuántas empresas quiebren y cuánta gente se disperse en desbandada por los países vecinos.
Maduro no solo es una tragedia nacional. Ya es una desdicha internacional que la padecen las naciones de Suramérica, Florida y España. Pero que, sobre todo, la sufren los humildes emigrantes que deben soportar la pobreza, maltratos y humillaciones de personajes como Claudia López, alcaldesa de Bogotá; de algunos tenebrosos candidatos a la presidencia de Perú; o de grupos de exaltados xenófobos surgidos en América Latina.
Ya dudo de la eficacia de insistir en las sanciones. No han servido para hacer cambiar o hacer recapacitar a Maduro. El gobernante venezolano ha sido inflexible a pesar de los castigos. Sin embargo, lo más probable es que la ausencia de penas no habría modificado su conducta arbitraria. Comparto la opinión de Ricardo Hausmann. Hoy sería igual de autoritario, pero contaría con el beneplácito explícito o implícito de las naciones que hoy lo condenan.
Parece que la alternativa consiste en aplicarle un torniquete diplomático internacional en el cual también actúen China y Rusia. La reacción de ambos gigantes ante el golpe de Estado en Birmania no permite abrigar muchas esperanzas. Tendremos que ver los próximos pasos que da Biden. Entonces podremos tener una visión más completa.
@trinomarquezc