La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, rechaza por politiquera y criminal las declaraciones de Delcy Rodriguez en la que dice, “Venezuela no dará permiso a la vacuna Astrazeneca para ser utilizada en nuestro país por los efectos que esta tiene” y “No necesitamos limosnas”. En ese tono, el régimen de facto no da una declaración científica; no dan un resultado de una investigación del Instituto Nacional de Higiene; no da una visión completa de la pandemia, solo niegan el derecho que tienen todos los venezolanos de ser vacunados. Esto revela una incapacidad manifiesta de las autoridades de facto para tomar decisiones en pro de la nación.
La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas ha seguido y acompañado de forma muy cercana las gestiones desplegadas por el Gobierno Interino encabezado por el Presidente (E) Juan Guaidó dirigidos a hacer efectivo un sistema de vacunación que dé cobertura a la demanda nacional en un contexto pandémico que ha afectado de forma diferenciada a los venezolanos y las venezolanas dada la emergencia humanitaria preexistente.
Al respecto, la Comisión Presidencial vislumbra satisfactoriamente que la administración del Presidente Guaidó haya concertado la posibilidad de acceder al mecanismo COVAX de la OMS y la OPS para el suministro de vacunas a nivel nacional, utilizando para tal efecto fondos recuperados de la República por parte de la Asamblea Nacional legitima y varios organismos de Estados aliados que reconocen la necesidad de inmunizar a la población con celeridad, toda vez que carecemos de las herramientas adecuadas para hacer frente al virus que ha causado estragos desproporcionales en países que, incluso estando preparados, pesan sobre ellos estadísticas muy altas de contagio y mortalidad.
En efecto, tal y como lo indican los estándares del derecho a la salud en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, así como las consideraciones de la OMS desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, la vacuna para combatir el COVID-19 es un bien de la humanidad que debe beneficiar a la totalidad de la población mundial. Así, aun cuando ambicioso, no debe ser controvertido el hecho de que toda persona, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a una vacuna, y es un equívoco peligroso politizar las herramientas de distribución de vacunación independientemente de su procedencia y naturaleza.
En un escenario como el de Venezuela, donde el acceso a las vacunas al ser gestionado por la usurpación puede verse condicionado por la empatía o enemistad que exista con las autoridades del régimen de facto, es indispensable que la distribución y suministro de las vacunas recaiga sobre organismos neutrales humanitarios.
Las labores humanitarias se rigen por el principio de solidaridad, y no son una competencia exclusiva del Estado. Si en este proceso los actores humanitarios son criminalizados y perseguidos por brindar asistencia a la población en el proceso de vacunación difícilmente pueda satisfacerse el objetivo de dar una cobertura exhaustiva a todo el territorio nacional.
En todo caso, es mucho más beneficioso que los encargados del suministro de vacunas sean actores humanitarios que trabajen a la luz de una metodología de distribución justa y equitativa, que otorgue prioridad al personal médico, poblaciones vulnerables y sectores de foco de contagio para así lograr una disminución significativa en la mortalidad.
La instrumentalización política de la vacunación para combatir el COVID-19 ha quedado registrada de forma vergonzosa cuando la Vice-Presidenta de facto del régimen de Nicolás Maduro se excusó en no utilizar el mecanismo COVAX al cual arribó el Gobierno Interino por el solo hecho de que las vacunas se corresponden con la vacuna AstrraZeneca. Es necesario recordar que el mecanismo COVAX no solo ostenta vacunas de este tipo sino de diversas fuentes, y en todo caso, ya la OMS y varios países han acreditado la seguridad de la vacuna AstraZeneca.
Además, la Comisión Presidencial observa que todos los venezolanos tienen derechos a la vacuna, sin importar la marca. En definitiva, negarse a recibir la vacuna solamente porque es de una determinada característica es una muestra de politización de los instrumentos humanitarios y evidencia la falta de respeto y garantía en el que incurre la usurpación respecto del derecho a la salud de todos los venezolanos y venezolanas.
El derecho a vacunarse es un derecho universal, y negar el derecho a que los ciudadanos tenga acceso a ella constituye un delito universal, y es por ello que el Gobierno interino ha emprendido todos los mecanismos posibles para garantizarlo.
La Comisión Presidencial de DDHH, esta documentando debidamente este tipo de conducta para hacer del conocimiento de la Alta comisionada de Derechos humanos de la ONU y a la CIDH, para que llamen la atencion de las agencias humanitarias y alcen la voz ante tal actitud irresponsable del régimen de facto, que pone en peligro -una vez más- la salud de los venezolanos. Esperamos que ello logre que prive lo científico y no lo polítiquero.
Comunicado de prensa