Plus Ultra, la aerolínea propiedad de empresarios venezolanos y rescatada por el Gobierno español con 53 millones de euros, ofrece billetes para las próximas semanas en “vuelos de repatriación” entre Madrid y Caracas a precios que, en algunos casos, alcanzan los 1.200 euros. La aerolínea ha retomado los vuelos en esta ruta esta misma semana, tal y como ha avanzado Vozpópuli.
BEATRIZ TRIGUERO // VOZPÓPULI
La propia aerolínea los denomina “vuelos de repatriación” en uno de sus anuncios, aunque el Gobierno español sostiene que actualmente ya no se operan vuelos de repatriación de españoles desde Venezuela. Fuentes diplomáticas confirman a este diario que “los vuelos humanitarios fueron definitivamente suspendidos a finales de febrero, a la vista de opciones alternativas con escala”.
Además, es la única que ha podido retomar la conexión entre ambos países, el resto sigue a la espera de que las autoridades venezolanas les permitan volar, tal y como ha informado este periódico. Los clientes pueden reservar su vuelo directamente en la página web con precios más elevados de lo habitual.
Por ejemplo, un billete básico de Madrid a Caracas para el próximo 7 de abril cuesta 1.242 euros. Para volar de Caracas a Madrid el 22 de abril, el vuelo también supera los 1.000 euros. El precio se reduce si se reserva ida y vuelta, algo incoherente si se trata de “vuelos de repatriación”, como promociona la aerolínea. Además, durante la reserva, en ningún momento se pregunta sobre este asunto, según se ha podido comprobar.
Dependiendo de la semana y de si el trayecto es sólo de ida o también de vuelta, Plus Ultra ofrece diferentes tarifas, la más barata ronda los 300 euros. En concreto, ofrece “vuelo especial promo”, “vuelo especial flexible”, “flexible”, “vuelo especial ejecutiva promo”, “vuelo especial ejecutiva flexible” y “ejecutiva flexible”, siendo esta última la opción más cara.
La única aerolínea a la que permiten volar
Tras dos meses de inactividad, Plus Ultra ha retomado el vuelo esta semana en la ruta Madrid-Caracas con la única aeronave que conserva, tal y como adelantó Vozpópuli. El avión despegó en el aeropuerto de Barajas a las 15.00 horas del miércoles 24 de marzo con su vuelta a Madrid prevista un día después.
Los vuelos se han producido cuando, por un lado, las operaciones comerciales entre España y Venezuela están supuestamente prohibidas. Y, por otro, los llamados vuelos humanitarios y de repatriación desde el país caribeño a España “están suspendidos definitivamente”, según informan fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
A pesar de ello, Plus Ultra ha programado al menos otros diez vuelos de ida y vuelta hasta el mes de junio. Es, por el momento, la única aerolínea que ofrece vuelos directos entre Madrid y Caracas, que la compañía denomina “de repatriación”.
Exteriores asegura que “la embajada de España en Caracas ha solicitado a las autoridades venezolanas una apertura de su espacio aéreo, que permita regularizar vuelos, de forma que todas las compañías interesadas y con capacidad para operar en rutas entre España y Venezuela puedan hacerlo”.
Dudas sobre su capacidad para operar
Además, la aerolínea podría estar incumpliendo la normativa europea para operar con licencia de explotación española, tal y como desveló Vozpópuli. Según los últimos datos publicados en el registro mercantil, los empresarios venezolanos accionistas de Plus Ultra controlan el 56,8% de las acciones.
A 31 de enero de 2020, tres empresarios venezolanos (Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie) controlaban el 45,33% de Plus Ultra a través de una sociedad denominada Snip Aviation. Además, la sociedad FlySpain, propiedad 100% de Snip Aviation y de la que es administrador único Reyes Rojas, también poseía a esa fecha el 11,47% de la aerolínea.
El reglamento europeo señala que “más del 50% de la propiedad de la compañía, así como su control efectivo (ya sea directo, a través de una o varias empresas intermediarias), recaigan en los Estados miembros o sus nacionales”.
En España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo del Estado adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es quien vela para que se cumplan las normas de aviación civil, entre ellas, el reparto accionarial. Ante las preguntas de este periódico, se ha negado a desvelar los detalles del accionariado de la empresa.
No obstante, la empresa podría cumplir la normativa en el supuesto de que alguno de los principales accionistas tuviera la doble nacionalidad, como deslizó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pasada semana en el Congreso.