Nicolás Maduro se olvidó de la crisis actual que viven los ciudadanos del estado Apure para decir que el conflicto armado en la entidad fue supuestamente “coordinado” por el Gobierno de Colombia y el Comando Sur de EEUU.
Por lapatilla.com
“El gobierno ha abandonando su frontera, estos son grupos que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur para traer la guerra a la frontera con Venezuela”, dijo Maduro en una alocución en VTV.
“Quieren escalar un ataque poderoso a la unidad militar, una masacre contra nuestra Fuerza Armada (que genere) una respuesta contundente y comience entonces una confrontación directa entre las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas de Venezuela”, insistió.
Entre otras barbaridades, afirmó que Venezuela es “víctima de los grupos armados irregulares y delincuenciales de Colombia” por las acciones emprendidas por la Fuerza Armada en el poblado de La Victoria, Apure.
“Se debe tener cero tolerancia a los grupos armados irregulares de Colombia”, dijo pero más delante se enorgulleció de haber particionado en el tratado de paz entre en el Gobierno colombiana y las Farc en Cuba.
“Mucho cuidado en caer en provocaciones o crear provocaciones, porque quieren escalar a un conflicto militar entre fuerzas de Colombia y de Venezuela”, advirtió Maduro a la Fanb.
“Es lo que llaman en la geopolítica la guerra de perros, y (el presidente colombiano Iván) Duque está metido hasta los teque (fondo) en este plan de escalar una confrontación violenta, porque la viene buscando”, añadió.
Maduro hizo estas declaraciones mientras repasaba el operativo de la Fuerza Armada venezolana contra grupos armados irregulares en el estado occidental de Apure, fronterizo con Colombia, que de acuerdo con algunas oenegés son disidencias de desmovilizada guerrilla colombiana de las FARC.
Los enfrentamientos han dejado casi 4.000 desplazados venezolanos, que se trasladaron hasta Colombia huyendo de la violencia, aunque Padrino ha dicho que la mayoría de ellos han comenzado a retornar porque en la zona en la que se efectuaron los primeros combates “todo está asegurado”.
Pero el Gobierno encargado de Juan Guaidó ha pedido investigar los supuestos de los militares contra la población civil, después de la muerte de cinco personas que eran campesinos y fueron presentados como combatientes, según la confirmación de activistas de derechos humanos.
En ese sentido, Delsa Solórzano dijo el sábado que había remitido un informe a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde recoge testimonios de violaciones a los derechos fundamentales durante una operación militar en El Ripial, donde aparecieron los cinco cuerpos sin vida.
Con información de EFE