No puede ser más incongruente el escuchar a mandatarios, ignaros totales de la ciencia médica, cuestionar y descalificar una vacuna, la de Oxford-AstraZeneca, contrariando la recomendación de la Academia Nacional de Medicina y la opinión, entre otras instituciones, de la Agencia Europea de Medicamentos y, al mismo tiempo, anunciar que en julio próximo, iniciarán la vacunación masiva de los venezolanos con una hipotética vacuna cubana, todavía en fase experimental en aquel país.
Más que incongruente, es criminal si consideramos que el atraso en inmunizar cada día, a decenas de miles de ciudadanos, se cierne como espada de Damocles sobre todas las familias del país, por la marea propagadora que hoy crece exponencialmente en nuestro territorio.
Es criminal también porque tal irracionalidad tiene un motivo político. Como es sabido, la vacuna Oxford-AstraZeneca es la ofrecida por la plataforma internacional Covax, gracias a los fondos liberados por la representación de la oposición democrática, para la importación inicial de 12 millones de unidades. Hasta el presente, el régimen ha dispuesto de apenas 700 mil unidades de vacunas rusas, que ni siquiera han protegido a un porcentaje significativo del personal de salud, pero sí a un buen número de funcionarios, conmilitones y allegados del régimen.
Es aun más criminal si consideramos la precariedad de los servicios sanitarios del país. Hoy, la angustia no es solo contagiarse, sino encontrar el centro donde ser asistido y los recursos clínicos necesarios. Las sociedades médicas denuncian la carencia de servicios básicos en hospitales; médicos que deben comprar sus propios medios de bioseguridad; 25% de los fallecidos corresponde a personal de salud, la tasa más alta del hemisferio; unidades de cuidados intensivos y ventiladores críticamente insuficientes. Amén de la ausencia de 30 mil médicos que han emigrado en la última década.
Las dictaduras suelen escoger a una porción de ciudadanos como sus enemigos y víctimas, pero ésta es una amenaza para la sociedad entera.