Este término, tan presente en estos días en que se rememora la pasión de Cristo, tiene gran pertinencia a la hora de abordar la situación venezolana. La acusación de traidor debe ser una de las más graves, si no la más grave, que se le puede imputar a un militar. Aquellos que, presuntamente, son entrenados para defender a la patria con su vida estarían incurriendo en el peor de los delitos al traicionarla.
Pero ¿qué cosa es la “patria”? ¿Es la bandera, el escudo, la cinta tricolor y los ritos simbólicos evocados en los ceremoniales y en la liturgia conmemorativa de fechas “patrias”? ¿Acaso la “patria” la encarna el presidente de la República o el Congreso Nacional? ¿O –en deliberado contraste– la “patria” somos los que, compartiendo un sentido de pertenencia a un territorio –Venezuela–, creemos estar identificados con valores particulares a nuestra manera de convivir en sociedad y de vernos ante el mundo?
La primera acepción del DRAE de “patria”, es:
“Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos.” Tal definición se asocia a la época moderna, cuando surgen y se consolidan los estados-nación, como los conocemos hoy. La vinculación del concepto de “patria” con el de “nación”, lleva, por tanto, a referirla al conjunto de personas que, por razones históricas y culturales, comparten un territorio acotado en términos jurídicos. ¡La patria venezolana no puede entenderse sin nosotros, los venezolanos!
Este torneo de redundancias tiene como único propósito resaltar la descomunal aberración de aquellos militares que, llenándose la boca con proclamas en defensa de la patria, sostienen al régimen de Maduro. Haber asesinado –junto a colectivos fascistas– a centenares de manifestantes desarmados que protestaban contra su mandato; proteger a un régimen que acabó, deliberadamente, con los medios de vida de la población y con los recursos para mantener servicios públicos vitales, condenando a los venezolanos a niveles de hambre y miseria insospechados hace escasos lustros; y negar la entrada de ayuda humanitaria –y, ahora, de vacunas contra el COVID-19– porque fueron gestionados por el liderazgo opositor, no denota, precisamente, un comportamiento en defensa de la patria.
Esta aberración, como sabemos, se explica por la corrupción deliberada de la cúpula militar, de manera de hacerla cómplice y, por ende, defensora, del régimen de expoliación en que terminó el “socialismo del siglo XXI”. Nunca está de más reiterar que el desmantelamiento del ordenamiento constitucional y el acorralamiento de las fuerzas del mercado, amparado en la falta de transparencia y la no rendición de cuentas de la gestión pública, y con la impunidad otorgada por un aparato judicial –también cómplice—en manos chavistas, crearon un escenario inusitado para la prosecución desenfrenada del lucro.
Según Impacto CNA (Citizen News Agency), los militares controlarían, para 2018, no menos del 70% de la economía venezolana[1]. Están al frente de astilleros, instituciones financieras y de seguros, empresas agrícolas, de construcción, bebidas, ensamblaje de vehículos, transporte, alimentos, armamento, televisoras, de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas, C.A. (Camimpeg, constituida para intermediar en los negocios relacionados con la riqueza petrolera y minera del país –oro, diamantes, coltán y vanadio), de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y de las empresas básicas de esa región, de los puertos y aeropuertos, de las empresas públicas, Minerven, Corpoelec, Pequiven, Edelca y Enelven. Hasta hace poco, Maduro mantuvo en la presidencia de PdVSA y, paralelamente, como Ministro de Petróleo y Minería, a un general sin experiencia previa en el campo[2]. La participación de los militares venezolanos en actividades económicas, como directores de empresas públicas o contratistas del Estado, como jefes de despacho de ministerios económicos, como ejecutores de medidas de política o, indirectamente, como custodios de que sean cumplidas, ha sido instrumental para afianzar su lealtad. Adicionalmente, su función de resguardo de fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras los posiciona favorablemente para extorsionar a comerciantes, transportistas y ciudadanos en general, que usan estos servicios. Lugar destacado en estas prácticas tiene la Guardia Nacional. Más recientemente se ha denunciado su incautación de bienes y de alimentos de hogares particulares, al hacer sus razias en barriadas populares junto a las brigadas de exterminio (FAES). Si el sueldo más alto de la FF.AA., el de General en Jefe, era de apenas USD 17 (al mes) para finales de 2020[3], puede esperarse cualquier cosa. ¡Y ese es el régimen que defienden!
Pero esta aberración tiene un ingrediente que la hace aún más perversa. La insólita labor de destruir patria, que es, en fin, su resultado, se excusa con un artificio ideológico inventado por Chávez, quien calificó a estos militares como herederos del Ejército Libertador de Simón Bolívar. Y como tal, son ellos, y solamente ellos, los custodios de la patria. Mejor dicho, son sus dueños. Se la debemos. Por antonomasia, lo que hacen, así sean crímenes registrados en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Misión Independiente de determinación de los hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos –ambos de las Naciones Unidas–, del Consejo Interamericano de Derechos Humanos o de numerosas ONGs, ¡es labor de Patria (ahora con mayúscula)! Subordinarse a Cuba y apoyar la contracción de la economía a la cuarte parte de la de 2013, ¡también! Y, cobijados en su burbuja ideológica, para los militares tales crímenes contra la patria no existen, ¡porque son ellos la patria! Invierten la argumentación conceptual del comienzo. Si la patria se asocia con el pueblo, sólo son “Pueblo” quienes dan su anuencia a esta particular noción de patria, propiedad de militares. Así, el ochenta y tanto por ciento de los venezolanos que repudiamos a Maduro no somos “Pueblo”. En su recetario maniqueo se nos reserva la condición de “enemigos”.
Uno de los elementos más indignantes de esta postura fascistoide es su pretensión de ejercer la supremacía moral. Así, Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, rechaza airadamente unas 12 millones de vacunas contra el Covid, gestionadas por Guaidó con el programa de COVAX de la OMS, ¡porque no va a aceptar “limosnas”! Las muertes que se hubieran podido evitar no existen en su cálculo; ya Maduro anunció remedios milagrosos y una remesa eventual de vacunas rusas. ¿Cuándo llegan? ¿Cómo serán financiadas? “Detalles” irrelevantes porque, al igual que con el registro de contagios y muertes por Covid, no habrá forma de verificar esta afirmación. Total, ya la élite chavista fue vacunada.
Y ahora, para encubrir la participación de componentes de la FF.AA. en un enfrentamiento entre bandas de la guerrilla colombiana en Apure, presuntamente por el control del tráfico de drogas, se reproduce una de las peores actuaciones del ejército en el pasado –la masacre de El Amparo en 1988—, montando unos “falsos positivos” con campesinos de El Ripial, también del estado Apure. La intensidad de la acometida militar ha obligado a casi 4.000 civiles a cruzar la frontera a Colombia en busca de refugio. Denuncian, además, el robo de sus pertenencias por parte de militares venezolanos que allanan sus viviendas.
A raíz del incidente de El Amparo y a pesar del lamentable escarceo entre tribunales militares que evitó condenar a los asesinos, el Estado venezolano, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció su responsabilidad ante la masacre. ¿Cuál ha sido ahora la actitud de Padrino López?
¿Quiénes son responsables de nuestra tragedia? ¿Quiénes traicionan a la patria? ¿Con quiénes cuenta?
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, [email protected]