Entre Apure y Arauca, en uno de esos tramos de la frontera colombo-venezolana convertidos en campos de batalla, el pasado fin de semana hubo un combate entre militares venezolanos y paramilitares presuntamente colombianos. Al saldo de tres muertos y decenas de heridos se suma el desplazamiento forzado y masivo de venezolanos y venezolanas. Según Human Rights Watch, más de 3.000 personas se vieron obligadas a huir de la zona.
Los ataques de grupos paramilitares son un grave indicador de la delegación estatal de territorios a actores del crimen organizado transnacional. La pregunta que surge es: ¿Dónde estaban las fuerzas encargadas por la Constitución y la ley de proteger a la población? La respuesta es simple: No estaban presente, pues este incidente también vuelve a poner de manifiesto el maridaje de quienes ostentan el poder con estos irregulares que controlan enormes economías criminales. Ya el gobierno de Nicolás Maduro no podría negar la presencia y actuación violenta de grupos armados que desconocen nacionalidades.
Huir es la única alternativa viable para salvar vidas. La guerra irregular se hace más dura, involucra civiles y tiende a cerrar espacios políticos y a fragmentar espacios sociales.
Sin estrategias gubernamentales para prevenir las causas que causan esta confrontación que coloca en la línea de fuego a la población civil, el desplazamiento forzado se convierte en un complejo problema, cuyas dramáticas consecuencias están a la vista en la vecina Colombia. En pocas palabras: una fuente adicional de graves violaciones de derechos humanos.
Sobrevivir en medio de la intimidación y el terror o huir a pasos forzados luego de incursiones y amenazas se ha convirtido en el dilema de miles de venezolanos atrapados en una zona conflicto que bien pudieran definirse como zonas de desprotección civil por la ausencia del Estado.
El desplazamiento forzado es la expresión del desespero de la población frente a la ocurrencia reiterada de estos hechos, pero también es una manifestación de impotencia ante la ausencia de protección por parte de las autoridades y a la inexistencia de un sistema de justicia que castigue a los responsables.
Las políticas del Estado deben reconocer la naturaleza de este fenómeno como una evidencia de su incapacidad para evitar la violación de los derechos de los ciudadanos y por tanto ofrecer alternativas que vayan más allá del asistencialismo.
El desplazamiento forzado es la demostración palmaria de la incompetencia de las autoridades estatales, ya sea por la precariedad de las acciones que se adelantan para prevenir sus causas o porque no tiene la capacidad para establecer su soberanía en medio del conflicto.
Más allá de la reacción militar, se espera que el Nicolás Maduro asuma su responsabilidad para proteger activamente los derechos de los venezolanos frente al paramilitarismo, las guerrillas y sus propias acciones que producen desplazamiento forzado, como condición fundamental para reclamar una legitimidad en nombre de la institucionalidad establecida.
Si el gobierno no puede adelantar estrategias preventivas eficaces frente al desplazamiento forzado tampoco podrá garantizar la protección de las comunidades que se vinculan a estrategias de retorno, ni afectar estructuralmente los factores decisivos para garantizar políticas sociales con resultados que trasciendan el simple asistencialismo.
Los desplazamientos forzados de venezolanos en Apure deben servir para provocar reacciones preventivas para proteger a las poblaciones en riesgo. Sin embargo, los hechos se han vuelto recurrentes y el país asiste a la triste realidad de la muerte, el éxodo y el terror anunciados en medio de la impunidad que garantiza la comisión de los delitos sin que se aplique justicia, así como la creciente insensibilidad de una sociedad sobresaturada de violencia y que da muestras de cansancio y escepticismo.
Pareciera que prevalece la ausencia de una real voluntad política o, en todo caso, una contradicción entre el discurso oficial (que insiste en garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, el acatamiento a las normas del Derecho Humanitario y el sometimiento de los grupos paramilitares) y la realidad de violencia que presenta hoy el país.
En un Estado de Derecho la prevención de delitos contra la vida, honra y bienes es responsabilidad de las fuerzas militares y de policía, encargadas de velar por la seguridad y los derechos ciudadanos. Pero, en Venezuela el Estado asiste impotente a la pérdida del monopolio del uso de la fuerza, a la proliferación de grupos de justicia privada y a la impunidad que rodea las acciones armadas, lo cual constituye una situación crítica que hace evidente su precariedad para detectar situaciones de riesgo y, sobre todo, para proteger a la población civil.
La situación para los desplazados forzosamente es un infierno. Las poblaciones de acogida de los desplazados venezolanos se encuentran al borde del colapso, ya que están compartiendo los escasos recursos de que disponen y, al mismo tiempo, esas mismas poblaciones hacen frente a la pobreza, a unos servicios de salud sobrecargados y a la rápida desaparición de sus medios de subsistencia.