La Comisión Presidencial de Relaciones Exteriores, a cargo de Julio Borges, presentó este martes 30 de marzo un informe detallado sobre los sangrientos combates en localidades fronterizas del estado Apure, donde se han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos.
Sobre los hechos, Borges, reiteró que sólo con la salida de la dictadura de Nicolás Maduro se podrá poner fin al sufrimientos de los venezolanos y la protección a grupos irregulares.
“Es el reflejo de la política de permisividad de Maduro con grupos armados extranjeros, los cuales se asentaron hace mucho tiempo en Venezuela”, sentenció Borges en un mensaje divulgado en Twitter.
A continuación, el informe íntegro:
¿Qué ocurre en el estado Apure?
El pasado 21 de marzo, se iniciaron una serie de bombardeos de las Fuerzas Armadas de Venezuela contra grupos irregulares que operan en el estado Apure. La operación fue denominada como Escudo Bolivariano y según el Ministro de la Defensa de Venezuela buscaba neutralizar un grupo irregular armado que se había ubicado en territorio venezolano. Como resultado de estas acciones, hay al menos 2 soldados venezolanos fallecidos y más de 20 heridos, varias edificaciones de instituciones públicas destruidas y al menos 5000 desplazados hacia Colombia, lo
que ha generado una terrible crisis humanitaria en dicha frontera.
Según información a la que hemos podido acceder, se trataría de una disputa entre grupos de disidentes de la FARC, en la que el ejército venezolano estaría tomando partida. Desde hace varios años, estas organizaciones criminales ejercen el control en este sector fronterizo, a través de actividades de narcotráfico, contrabando de minerales, extorsión y secuestro. Uno de los frentes en disputa está comandado por Gentil Duarte, un personaje que se opuso al llamado Acuerdo de Paz de La Habana, razón por la que en 2016 se le expulsó de las filas de las FARC. Para la inteligencia de Colombia, este individuo es responsable de múltiples asesinatos de líderes sociales y bajo su mando tendría al menos 1400 hombres en armas. Gentil Duarte tiene 4 órdenes de captura por delitos como homicidio, rebelión, narcotráfico, concierto para delinquir y desplazamiento. Debido al Acuerdo de Paz y a la acción del ejército de Colombia, Duarte ha movido parte de sus operaciones a territorio venezolano, donde gracias al régimen de Maduro ha conseguido protección para sus actividades criminales.
Sin embargo, este no es el único frente de la FARC en Venezuela. En 2019, dos de los líderes más importantes de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, anunciaron su retorno a las armas en un video que según el Gobierno de Colombia, fue grabado desde Venezuela. A partir de ese momento, estos delincuentes se asentaron en el país sudamericano y se estarían moviendo entre los estados Apure y Amazonas. De hecho, según un informe del Gobierno de Colombia, al que tuvo acceso el medio Semana, el propio Márquez viviría en el municipio de Elorza, en el estado Apure, bajo un esquema de protección que cuenta con el aval de Miraflores.
La afinidad de este grupo con el dictador Maduro es absoluta, pues según un expediente que levantó la justicia estadounidense, Maduro es socio de Márquez y Santrich, con quienes mantiene una alianza criminal que busca inundar de droga los Estados Unidos. Pero eso no es todo, el propio Nicolás Maduro en una alocución pública el 29 de julio de 2019 aseguró que Márquez y Santrich eran bienvenidos a Venezuela: “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir, son los dos líderes de paz, y Timochenko y
Catatumbo y las Farc es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir porque son líderes de paz”.
Cabe señalar que desde que Márquez y Santrich retomaron la lucha armada, se han intensificado las pugnas con otros grupos de los ex FARC, así como con el ELN. De manera que el conflicto que vemos en Apure responde a una lucha por el control del territorio venezolano y el negocio del narcotráfico, especialmente las rutas que van hacia Centroamérica. En esta confrontación entre insurgentes, las Fuerzas Armadas de Venezuela estarían siendo utilizadas para debilitar al grupo comandado por Duarte y fortalecer al que está encabezado por Márquez y Santrich. En otras
palabras, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) pareciera estar siendo usada para eliminar los adversarios internos que, dentro de las FARC, tienen Jesús Santrich e Iván Márquez, los actores que cuentan con la bendición de Nicolás Maduro.
Asimismo, algunas fuentes consultadas para esta investigación agregan que esta operación también estaría siendo utilizada como una falsa bandera de lucha por parte de Maduro, para cohesionar al ejército venezolano. Se sabe desde hace mucho tiempo que los militares rechazan la entrega del territorio de Maduro a grupos irregulares, pues estas fuerzas delictivas han asesinado y secuestrado a soldados venezolanos para imponer su control sobre ciertas zonas.
En definitiva, lo que ocurre en Apure es una fotografía exacta del Estado fallido de Nicolás Maduro. Es una consecuencia directa de la política de permisividad, refugio y entrega del territorio de la dictadura. En el año 2020, la organización no gubernamental Fundaredes documentó la presencia de grupos irregulares armados como el ELN y los ex FARC en 17 de los 23 estados de Venezuela. Estas estructuras terroristas se dedican al narcotráfico, la extorsión y secuestro de comerciantes, así como al contrabando de alimentos, oro, diamantes y al control de los pasos fronterizos con Colombia. La débil institucionalidad que existe les ha permitido a estos grupos utilizar Venezuela como refugio y reagruparse para expandir sus economías ilícitas y atentar contra la estabilidad de la región.
Consecuencias
De acuerdo con información de la Alcaldía de Arauquita, municipio fronterizo de Colombia con el estado Apure, hay casi 5000 desplazados por los enfrentamientos que subsisten en el lado venezolano desde el 21 de marzo. Las autoridades municipales, con el apoyo del ejército de Colombia, han dispuesto de un operativo para ofrecer protección a quienes llegan huyendo de Venezuela. Para ello, se han dispuesto de 15 albergues y se ha reforzado la seguridad de la zona.
El alcalde de Arauquita ha denunciado que se vive una catástrofe humanitaria: “Nos tomó por sorpresa, no estábamos preparados para recibir un éxodo humano tan grande. Se ha escuchado bombardeo, metrallas de las FANB. Cada hora llegan 100 nuevos refugiados venezolanos al municipio”. Colombia ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para atender esta situación que está afectando la estabilidad de dicha región.
Asimismo, en la operación armada que se está dando, el régimen de Maduro ha desplegado a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo élite acusado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas y la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DDHH de cometer ejecuciones extrajudiciales. Naryi Vargas, una investigadora que ha estado siguiendo de cerca el conflicto entre ex FARC y la FANB, sentenció lo siguiente: “Veníamos viendo que en esa frontera la tensión estaba escalando. Pero la alerta surge cuando llegó la Faes, ahí quedó claro que se trataba de un escalamiento importante”.
A partir de la aparición del FAES en la operación, han florecido diversas denuncias sobre saqueos, violaciones a la propiedad privada y ajusticiamiento por parte del FAES contra la población civil de la zona. De hecho, el despliegue de este cuerpo policial coincide con la aceleración del flujo migratorio hacia Colombia. “Nos allanaron la casita y nos quitaron todo. Eso cuando llegaron rompieron todo, las puertas, se metieron y se llevaron todo lo que tenía en la casa, lo del taller”, dijo a Reuters el viernes en la tarde José Castillo, un mecánico de 40 años, que llegó con
su esposa embarazada y una hija de 12 años a Colombia proveniente del municipio La Victoria. El migrante agregó “¡Qué más iba a hacer!, ¿quedarme? no me podía quedar porque lo están matando a uno. A unos vecinos los mataron, les pusieron unos uniformes del ejército venezolano y los hicieron pasar por guerrilleros”. Esto último es consistente con informaciones sobre posibles casos de ejecuciones a campesinos, que luego serían presentados por la fuerza pública venezolana como guerrilleros dados de baja en combate. Sin lugar a duda, estos hechos podrían constituir graves violaciones a los DDHH.
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha iniciado una investigación sobre estas denuncias con base a la información suministrada por algunos venezolanos desplazados. “Los migrantes le han pedido a la Defensoría que ayude a trasladar cadáveres para el lado colombiano, para que se hagan los exámenes de Medicina Legal. La situación es grave, y estas personas no tienen ninguna intención de volver”, declaró el vicedefensor del pueblo de Colombia.
En la misma línea, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, FUNDEHULLAN, emitió un pronunciamiento, en nombre de 25 organizaciones no gubernamentales, calificando la situación de Apure como de masacre y solicitando una investigación sobre los graves hechos contra la sociedad civil. “En esta zona se registró un lamentable hecho, el jueves veinticinco (25) de marzo del presente año, fueron asesinados cinco miembros de una familia por presuntos funcionarios de las FAES en el Ripial, Municipio Páez. Estas personas fueron sacadas junto a otras personas de sus hogares en el barrio 5 de julio, los funcionarios alegaron que eran guerrilleros”.
La situación empeora a medida que pasan las horas. Mientras no existan garantías de seguridad del lado venezolano, los desplazados no volverán a sus hogares. En tal sentido, se trata de un agravamiento de la crisis migratoria venezolana que ya ha dejado a más de 5 millones de exiliados.