En los hechos, el socialismo desconoce el derecho al trabajo y, en definitiva, todo el derecho aboral. Le importa un bledo llevarse por el medio, todo lo que plantearon y aprobaron en 1999 con la Constitución. Pura retórica de ocasión, que tenderá a reivindicar, incluso, aquella raquítica Ley del Trabajo que parió Gómez en los años veinte del siglo pasado.
Puede decirse de todas las fallas en materia legislativa, reglamentaria y jurisprudencial, veinte y más años atrás, pero hubo una disciplina llamada Derecho del Trabajo, oxigenada por tres factores indispensables: la lucha por conquistar el empleo, reivindicando los derechos fundamentales al trabajo, así fuese dura la confrontación directa con los patrones y, acaso, no tan directa pero exigente, con los otrora diálogos tripartitos; el peso de la opinión pública, sensibilizada ante la suerte de los trabajadores; y, por supuesto, el esfuerzo académico por racionalizar y sistematizar toda una disciplina en función de los fines, metas y objetivos más loables.
Puede decirse, hoy no existe el Derecho del Trabajo, porque tampoco hay el trabajo. El régimen socialista ha ideado un tal Sistema Patria para que sea el Estado el que pague no sólo a los educadores de cualesquiera niveles, sino a todo el mundo. Por ejemplo, el empresario desembolsillará al Estado los reales y éste, ejerciendo un control totalitario sobre la población, donde no cabrá el derecho a huelga, las exigencias de contratos colectivos, ni alzas de salarios. Con la relación laboral, lidiará el empleador, pero es el Estado el pagador y decisor. Así que, adiós a la normativa legal vigente (añadida un Ley del Trabajo chavista tan populista o insoportablemente populista), a la opinión pública censura y, por obvio, a los jueces laborales que sólo atenderán los caprichosos e intereses que administren las Inspectorías del Trabajo, los caciques y capitostes de turno en los grandes negocios de las mafias.