El Informe relacionado con la meta 16.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Agenda 2030), jerarquiza como un compromiso global el reducir el volumen de flujos financieros ilícitos por los perjuicios que éstos causan, dicha temática ha sido discutida en un seminario organizado por el Real Instituto Elcano – Madrid, abril de 2018 – con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC).
Escrito por Alex Cobham director ejecutivo de Tax Justice Network de Londres, el informe nos detalla conceptos elementales para darle al lector una visión inicial: “El término ‘flujos financieros ilícitos’ es un paraguas que cubre los movimientos transfronterizos relacionados con la elusión y la evasión fiscal, los abusos regulatorios, el soborno y el robo de activos de los Estados, el blanqueo de ganancias delictivas y la financiación del terrorismo”. El texto nos recuerda que afortunadamente gracias a la preocupación a nivel internacional, en el año 2003, se fundó la Tax Justice Network (TJN); formalmente integrada por una red de expertos y activistas en todos los ámbitos de la fiscalidad: economistas, abogados, contables, politólogos.
En las últimas dos décadas, ya existe un poderoso movimiento de justicia fiscal a nivel mundial, liderado por la experiencia de la sociedad civil y cada vez más por los responsables políticos del Sur global; siendo nuestro deber acompañarlos con respeto y admiración, en el ejercicio ético de las finanzas públicas internacionales como praxis del bien común.
Haciendo un poco de historia
El primer documento que se publicó con relación a la amenaza que representan para el desarrollo los “paraísos fiscales”, fue el de Oxfam en el Reino Unido. Posteriormente, en el gobierno de Tony Blair se transmitió un libro blanco sobre globalización que destacaba la importancia de la transparencia y el control de los flujos financieros para reducir la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales de origen ilegal y la necesidad de hacerle seguimiento a los centros financieros extraterritoriales (off shore); como eje para combatir las desigualdades económicas y sociales.
Se destacaron aspectos relevantes como “la escala de la evasión y la elusión fiscal; el papel fundamental de los paraísos fiscales; y el daño resultante a los derechos humanos y al bienestar socio económico, a nivel mundial.”
Verdades trascendentales
Las jornadas de discusión han podido definir verdades económicas, sin detractores, relacionadas con los impactos de los flujos financieros ilícitos (FFI), a nivel mundial.
1) Los FFI son destructivos para la autenticidad y/o validez en la capacidad de acción del Estado, lo que a su vez socava los logros de los derechos humanos y de desarrollo.
1.a) Debilitan los ingresos del Estado: Estas pérdidas se traducen directamente en menores avances en desarrollo humano, ya que repercuten en la reducción de servicios públicos como la salud y la educación, y, en algunos países en vías de desarrollo, superan los ingresos tributarios reales.
2) Los FFI se originan de una pésima inversión de activos públicos, debido a la obtención de ganancias privadas, mediante prácticas de corrupción que implican una distorsión en la economía real. Su uso permite desviar recursos económicos productivos en detrimento del crecimiento económico hacia mercados ilegales, que a su vez generan ganancias ocultas exoneradas de impuestos.
2.a) “Los FFI son corrosivos para la legitimidad y la capacidad de acción del Estado”, pues reducen la gobernanza, promueven una pérdida de control y de legitimidad del Estado, y, facultan de poder a los actores y la corrupción a gran escala; empujado a los Estados desde el interés general hacia la ganancia ilícita particular.
Al evitar la imposición efectiva directa, socavan la representatividad y merman la plataforma del sistema democrático, reduciendo la credibilidad ciudadana basada en la contribución de los impuestos para la construcción del contrato social entre los ciudadanos y el Estado.
3) Los FFI reducen la viabilidad en una mejor redistribución de los recursos, cercenando la capacidad de poder limitar las grandes desigualdades en ingresos, riqueza y oportunidades que enfrentan los individuos y también los grupos sociales.
4) Al eliminar la posibilidad de sistemas impositivos, progresivos justos y eficaces, reducen el potencial de una mayor competitividad en los precios de mercados; ocultando los costes y beneficios reales dentro del circuito económico.
Por todo ello, en el año 2015 el propio Panel de Alto Nivel del secretario general de la ONU, copresidido por los jefes de Estado de Indonesia, Liberia y el Reino Unido, propugnaron el reducir los flujos ilícitos y la evasión fiscal e incrementar la recuperación de activos robados, incorporando esta magna propuesta, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030.
“Para 2030, se deberá reducir significativamente los flujos financieros y de armas ilícitos, fortalecer la recuperación y el retorno de activos robados y combatir todas las formas de crimen organizado.”. Incluyendo esfuerzos en determinar el valor total de los flujos financieros ilícitos entrantes y salientes (en dólares estadounidenses actuales). (16.4).
Metodología sin consensos universales
Existen actualmente importantes desafíos técnicos para establecer una metodología acordada para la elaboración del indicador único IFF, 16.4.1
“Lograr el consenso sobre la metodología y fuentes que resultan adecuados para medir fenómenos distintos, que tienen en común sólo el hecho de que se ocultan deliberadamente, utilizando una gama de canales financieros opacos”, requiere de un esfuerzo multilateral en las más altas esferas del poder político, que solo será factible bajo la continua presión de la sociedad civil en conjunto.
Todos los países que sufren de evasión fiscal, corrupción, y blanqueo de capitales ilícitos deberían contar con un sistema eficiente de rendición de cuentas e interconectado que facilite el desglose; así como en jurisdicciones que poseen los activos subyacentes. De allí, la necesaria complementariedad de la información, que deberá ser distribuida en los organismos y sus canales de investigación y control conforme a los niveles funcionales inherentes a la relevancia tipificada en su misión.
Para aquellos países de América Latina, especialmente los devastados por estos flagelos, como es el caso de Venezuela: recuperar los activos, legitimar los pasivos y recobrar los bienes patrimonio de la nación, para hacer viable la construcción y refundación de una nueva patria; es una misión que reviste una trascendencia histórica.
La misión principal es estructurar una organización funcional que operativice la gestión de activos/pasivos y patrimonio en Europa, como contraparte de la gestión en USA, en el marco de un proyecto conjunto de importancia estratégica contra el blanqueo de capitales de los recursos extraídos por ilícitos financieros de PDVSA principalmente, que ascienden a más 529.000 mill de US $ (ver estudio de Rosana Sosa y Boris Ackerman (Diario El Estímulo/ Dic 2018).
La propuesta es que deberá ser liderado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y gerenciado a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y su red de agencias instaladas contra los delitos financieros, en convenio con el grupo de acción financiera Internacional GAFI y las distintas comisiones de prevención del blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Europeas, tales como el Sepblac en España; adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Entre los objetivos generales, estarían consolidar un proceso de registro sistemático, bidireccional para el conocimiento real en el flujo de activos y pasivos de origen venezolano, reinvertidos en Europa e ingresados a través de distintos mecanismos, muchos de ellos identificados por las unidades de delincuencia económica y fiscal a través de sus amplios y excelentes estudios técnicos en esta materia.
Dicha plataforma, entre otras funciones, permitirá la validación estadística del FMI en coordinación con el BCE, a fin de sustentar un proceso de reestructuración ordenada de la deuda externa de Venezuela, conforme al marco legal internacional contra el blanqueo de capitales y corrupción del Protocolo de Palermo, ratificado por México el 25 de diciembre de 2003 y complementado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional en Nueva York 2004.
Los objetivos específicos serían:
1) Garantizar un proceso nacional e internacional transparente de reestructuración de la deuda apegado al marco legal supranacional.
2) Gestionar la comprobación de la legitimidad de los pasivos y/o acreencias clasificadas conforme a normas contables y financieras internacionales, con el fin de validar los registros estadísticos del FMI, en coordinación con el BCE.
3) Promover un preconcurso de acreedores supervisado y validado con las listas de la FinCEN y la OFAC, entes adscritos al Dpto. del Tesoro de los Estados Unidos, mediante el cruce de fuentes de información legal y financiera de los organismos competentes acreditados.
4) Procurar la congelación efectiva y progresiva de activos con titularidad y potencial titularidad, para evitar su repatriación a manos distintas del Estado Venezolano, una vez consolidada la democracia, bajo la supervisión de organismos internacionales que custodien y preserven la legitimidad de origen y uso de manera progresiva.
5) Gestionar la recuperación de la mayor cantidad de activos posibles, con la intención de reducir el costo del repago en el servicio de la deuda externa venezolana.
6) Viabilizar el logro de la sostenibilidad fiscal requerida, conforme a las expectativas de crecimiento económico, en el marco de un proceso óptimo de reestructuración, previsto, mediante un HAIRCUT SUSTENTADO.
7) Identificar y recuperar el patrimonio artístico y cultural de la nación
Criterios de sustentabilidad para acuerdos internacionales.
(PERVERSION FISCAL).
Los aspectos más importantes que señalan la necesaria lucha contra estos flagelos a nivel internacional.
1) Los informes del FMI calculan dinero oculto en paraísos fiscales en 6,3 billones de euros y su tendencia es a aumentar (crecimiento del 5 % anual).
2) RUSIA tiene el 60 % del PIB en paraísos fiscales, ello promueve convulsiones periódicas del sistema financiero internacional.
3) La reducción de 1/3 de esos 6,3 billones permitiría a los gobiernos aumentar sus ingresos en hasta un billón de euros al año.
4) La evasión fiscal atesorada y sus consecuencias como amenaza a la estabilidad financiera de los gobiernos de todo el mundo es una barrera para combatir la desigualdad económica, hace inviable la sostenibilidad fiscal de los programas de recuperación económica en los ámbitos fiscal y financiero al recortar la capacidad de los Estados para hacer frente a los problemas sociales.
5) Retira recursos de la inversión privada y/o pública.
6) Socava la moral tributaria
7) Obliga a los gobiernos a imponer cargas fiscales a los contribuyentes individuales o societarios que pagan correctamente.
8) Hace inviable las metas de los programas macroeconómicos, al reducir la capacidad de repago de las deudas contraídas (en especial con el FMI).
Actualidad: La coyuntura como eje de transformación, los fondos europeos de recuperación.
La democracia en Venezuela aún no es un hecho. No obstante, forma parte de la esperanza de todos los venezolanos dentro y fuera del país, pero este trabajo adelantado puede servir como una propuesta metodológica que coadyuve a filtrar fondos financieros ilícitos dentro de la corriente de inversión asociada a los fondos de recuperación europeos de más de 750.000 millones de euros.
Es menester, establecer mecanismos que impidan que los flujos financieros ilícitos se mezclen en esa corriente de nuevos proyectos de inversión europea, dado que por las fallas en la lentitud de los dictámenes judiciales y las debilidades institucionales,aún no se han procesado todos los casos que involucran fondos de origen dudoso e ilegitimo especialmente de venezolanos en el exterior, particularmente en España y en toda Europa.
La justicia y la equidad como acción conjunta debe priorizarse como meta de inversión económica y social y permear a la praxis ejecutiva en la ejecución operativa de los desembolsos de recursos supranacionales.
Solo desde la justicia fiscal, el control en la transparencia para el ejercicio de la administración financiera de los recursos, la eficiencia en la gestión y la corrección de las desviaciones en los distintos niveles de gobiernos, teniendo en cuenta un mayor control de los flujos financieros de origen ilícito, se hallará la verdadera fórmula de recuperación económica y social que todos anhelamos.