Un juez federal del Distrito de Columbia (DC) prohibió al Departamento de Justicia (DOJ) que haga cumplir un reglamento publicado en diciembre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) con el objetivo de acelerar los procesos de deportación en la Corte de Inmigración (EOIR).
Por: Univisión
La norma indicaba además que, a partir del 15 de enero, cinco días antes de la toma de posesión de Joe Biden, todos los dictámenes emitidos por los jueces de inmigración podrán ser revertidos, situación que colocó a miles de inmigrantes que pelean legalmente su permanencia en el país.
El juez federal de distrito, Richard J. Leon, detuvo la implementación de la medida mientras los demandantes, entre ellos el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y CLINIC Legal, una red católica que ofrece asistencia legal a inmigrantes a nivel nacional, continúan impugnando la medida en los tribunales.
En la decisión, Leon dijo que el grupo de demandantes había demostrado, con base en las evidencias, la existencia de probabilidades de éxito.
La regla
La regla de la era Trump estipulaba que los jueces de inmigración tendrían menos capacidad de discreción y las sentencias que pronuncien podrán ser revertidas por la Junta de Apelaciones de inmigración (BIA).
La nueva regla, además, eliminó el poder discrecional de los jueces para decidir casos y abrió la puerta para revertir sentencias en casos de reapertura y reconsideración de casos, limitando de esa manera la impartición de justicia.
Los cambios, sin embargo, no impidieron que las partes dentro de un proceso “presentaran mociones conjuntas, incluso en situaciones en las que ha habido un cambio relevante en los hechos o la ley”.
Tolerancia cero
La regla dejada en suspenso fue anunciada por el Departamento de Justicia (DOJ) a finales de agosto del año pasado. El ministerio dijo en esa ocasión que “enmendaría las reglamentaciones de la Corte de Inmigración con respecto al manejo de apelaciones”.
El gobierno indicó que los “múltiples cambios en el procesamiento de apelaciones” tenían como objetivo “asegurar la consistencia, eficiencia y calidad de sus adjudicaciones”.