La reciente retirada de Turquía del Convenio de Estambul contra la violencia machista, aún no ratificado por todos los países de la Unión Europea, ha vuelto a poner el foco en la fragilidad de los derechos de las mujeres, que han empeorado desde el inicio de la pandemia.
DÉCIMO ANIVERSARIO DEL CONVENIO
Cuando se conmemoran diez años de ese Convenio, el primer documento internacional vinculante contra la violencia de género, algunos estados miembros avanzan mejor que otros en la consecución de los objetivos.
“Hay diferentes velocidades. Hay algunos países que frenan e incluso que retroceden”, dice a Efe en conversación telefónica la eurodiputada Eugenia Rodríguez Palop (Podemos), vicepresidenta en la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de la Eurocámara.
El problema a nivel de la UE está en el “eje de Visegrado” (Hungría, Eslovaquia, Chequia y Polonia), explica la eurodiputada, que añade que, por el contrario, España se encuentra entre los estados miembros “a la cabeza” de la lucha contra la violencia machista, gracias a iniciativas como la Ley contra la violencia de género o el Ministerio de Igualdad.
En la última década “se ha avanzado mucho” en la lucha contra la violencia machista, considera Rodríguez Palop, que destaca en particular el trabajo de la Eurocámara, con la aprobación de muchas resoluciones en ese ámbito, apoyadas “mayoritariamente” por los grupos políticos, aunque con el rechazo de la extrema derecha, puntualiza.
La eurodiputada lamenta la retirada del Convenio de Estambul de Turquía, primer país firmante del tratado, una actitud que “fortalece la línea” de los que no lo han ratificado y de los que si lo han hecho pero amenazan con salirse, como Polonia.
Considera “razonable” que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abordaran precisamente la salida de Turquía del tratado en su reciente visita a Ankara, para “intentar frenar este tipo de movimientos”.
Los seis países de la UE que aún no han ratificado el Convenio son Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria, aunque todos lo han firmado, como también ha hecho la Unión Europea en su conjunto.
El Convenio, que pretende prevenir la violencia, proteger a las víctimas y perseguir a los culpables de forma efectiva, contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer: ya sea física, psicológica o sexual, y aborda la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso o el aborto forzado.
Hace solo unos días tuvo lugar una conferencia de alto nivel en línea organizada por la presidencia portuguesa de la UE, para pasar revista a los progresos logrados desde que entró en vigor el Convenio.
La principal conclusión fue que el avance ha sido desigual entre los países y que la pandemia de coronavirus ha expuesto las carencias que persisten en la asistencia a las mujeres que sufren estas violencias, incrementadas por el confinamiento y la limitación de asistencia presencial de especialistas.
IMPACTO NEGATIVO DE LA PANDEMIA EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Según un informe de la Comisión Europea publicado el pasado marzo, la pandemia de SARS-CoV-2 ha sido un factor que ha jugado en contra de la igualdad de género.
En particular, la violencia doméstica creció en los estados miembros desde el inicio de la crisis sanitaria y se agravó la situación de las víctimas.
Por ejemplo, en España se produjo un aumento del 18 % en las llamadas alertando de casos de violencia machista durante la primera quincena de encierro.
El número de informes sobre violencia doméstica en Francia creció en un 32 % durante la primera semana del encierro, mientras que en Lituania el incremento fue del 20 % en las primeras tres semanas y en Irlanda se multiplicaron por cinco las órdenes de alejamiento.
La violencia fue más frecuente entre parejas con hijos, aquellas con una situación económica difícil y en las que ambos miembros permanecieron largos periodos en casa.
EFE