Mónica Y.Q.P., de origen panameño, cumplirá nueve años de prisión por atentar contra la dignidad, libertad y derechos laborales de siete mujeres, todas ellas inmingrantes en situación irregular en España, a las que engañaba con la excusa de regularizar su situación contratándolas como empleadas del hogar.
Por NATALIA PUGA / elmundo.es
De cinco de ellas abusó sexualmente y las sometió a prácticas sexuales reprobables como hacerles exploraciones vaginales u obligarlas a trabajar en tanga o desnudas.
La acusada actuaba junto a su pareja sentimental. Si bien él no ha sido juzgado porque falleció al arrojarse al vacío desde un noveno piso cuando la Policía Nacional iba a registrar su vivienda.
Ambos captaban mujeres sudamericanas con cargas familiares en sus países de origen y una gran necesidad económica, vulnerables, sin arraigo ni apoyos en España, en situación de estancia o de ilegalidad con el pretexto de ofrecerles trabajo doméstico en su casa.
“UN CLIMA DE TERROR Y ANGUSTIA”
Tal y como sostiene la Fiscalía, se ganaban su confianza para que acudieran al domicilio de ambos y, bajo engaño o coacción, creaban “un clima de temor y angustia” para doblegar la voluntad de las víctimas y “perpetrar contra ellas actos de naturaleza sexual”, así como imponerles condiciones de trabajo que atentaban contra sus derechos laborales y contra su libertad.
Los hechos ocurrieron entre marzo y octubre de 2019 en Vigo e inicialmente iban a juzgarse en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra este martes y miércoles, pero finalmente se ha evitado la celebración del juicio con un acuerdo de conformidad entre las partes.
La Fiscalía pedía para la mujer 37 años de prisión y la acusación particular 53, pero finalmente será condenada con su conformidad a tan sólo nueve.
Con este acuerdo, la mujer reconoció cinco delitos de abuso sexual, uno de agresión sexual, uno de coacciones, otro de trata de seres humanos, otro contra los derechos de los trabajadores y un último de maltrato.
Las víctimas, procedentes de Guatemala, Colombia y Nicaragua, también serán indemnizadas por la acusada, que pagará a cada una de las víctimas de los cinco delitos de abuso sexual 1.000 euros, y 6.000 euros a las otras dos mujeres, estas dos porque sufren trastorno de estrés postraumático.
“AUSCULTACIÓN Y RECONOCIMIENTO GINECOLÓGICO”
La primera de sus víctimas fue en marzo de 2019. Una joven de Guatemala que llegó a España en calidad de turista para buscar trabajo, dada la situación de miseria económica que padecía en su país de origen y la necesidad de mantener a sus tres hijos.
Publicó un anuncio en Milanuncios ofreciéndose como limpiadora de hogar y esa pareja contactó con ella y le dijo que cobraría 900 euros al mes como empleada interna y que debía hacerse un reconocimiento médico, algo que “era normal en España”.
Le hicieron firmar una autorización para “auscultación, exploración física completa, analítica de sangre, orina y reconocimiento ginecológico” y le hicieron un reconocimiento, que un día fue superficial, pero unos días después, más completo, con una exploración vaginal. A ella no llegaron a emplearla de forma efectiva, pero sí al resto.
El método de contacto fue similar en todas las víctimas y los hechos de la misma naturaleza. Le prometieron conseguir un permiso de trabajo y le ofrecieron un trabajo cuidando a su hija o limpiando la vivienda.
UN EXAMEN VAGINAL PARA TRABAJAR
A una de ellas, en la propia entrevista, le hicieron firmar un consentimiento para realizarle un examen vaginal, alegando que era necesario para trabajar en España, según la Fiscalía, “abusando de su situación de vulnerabilidad y escasos conocimientos”.
A cinco en total les hicieron ese reconocimiento y las sometieron a tocamientos “diciendo que era fastidioso pero necesario y normal en España para conseguir un trabajo” .
A alguna llegaron a hacerle firmar un contrato de trabajo en que se decía que el empleo no tendría sueldo -“a cambio de traer a su hija de su país natal y de un piso en Negreira”-, así como que se comprometía a un reconocimiento médico semanal, exudado vaginal y anal y tacto vaginal.
A una de las víctimas la dejaron encerrada bajo llave, actuando la alarma y diciéndole que había cámaras y que ellos se enteraban de todo lo que hacía. A otra la obligaron a limpiar en tanga porque “eran normas de la casa” y a otra a trabajar completamente desnuda durante unas dos horas y tres veces al día. La hacían comer desnuda con ellos en la mesa y le exigían que se duchara con la puerta del baño abierta.
AMENAZAS DE MUERTE
A una la atemorizaron diciendo que pertenecían a una organización superior relacionada con drogas y tráfico de órganos a la que ella ya pertenecía y que por eso no le pasaría nada a sus hijos.
A esta última, como se negaba a mantener relaciones con el marido, la atemorizaron diciéndole que si no cumplía o llamaba a la policía, la supuesta organización la iba a matar descuartizándola y si obedecía ganaría mucho dinero y sus hijos estarían bien.
Los hechos protagonizados por la acusada y el marido fallecido incluyeron maltrato a una de las víctimas y, en general, crear “una atmósfera de terror”.
Una de esas mujeres logró escapar tras permanecer retenida contra su voluntad en el interior del piso unas 24 horas y la última permaneció en el piso encerrada ocho días hasta que la Policía Nacional realizó una entrada y registro en el domicilio.