«Oyendo las declaraciones de Tarek William Saab el día de ayer, 1ero de mayo de 2021, me acordé de la canción Bandolera, interpretada por del cantante Hector Lavoe, que inicia con la frase “Quien dice una mentira, dice dos, y dice cien, se inventa mil, dice un millón”». Estás fueron las palabras del Comisionado Presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas, Humberto Prado ante las imputaciones que presentó el Fiscal General impuesto por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, reconociendo los asesinatos de Juan Pablo Pernalete, Rafael Acosta Arévalo y Fernando Albán que, de acuerdo con lo expresado por el comisionado Prado « es una calificación a su conveniencia, que busca eximir a los máximos responsables, no ajustándose realmente a los hechos».
También asegura que «lo que buscan es engañar a la comunidad internacional, especialmente a la fiscalía de la Corte Penal Internacional, para tratar de hacer ver que son hechos aislados y que ellos están en capacidad de juzgarlos con su sistema judicial, de manera que no avance el examen preliminar. Esperamos que la Fiscalía sea capaz de ver que no son ejemplos de justicia genuina».
Ante esto, Prado añade que «la intención de estas declaraciones no engañan a nadie ,en vista que hay un sistema de justicia parcializado, que no tiene intenciones de dar justicia a quienes la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (FFM) señaló como posibles responsables de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, algunas de las cuales consideran crímenes de lesa humanidad».
Asimismo, recuerda que «esta versión del Fiscal del régimen cae parcialmente y en buena medida a la incansable lucha de las víctimas, es decir, los familiares y la incidencia internacional que han impulsado el movimiento de derechos humanos en el país y las organizaciones internacionales».
Por su parte, mediante un comunicado la familia de concejal Fernando Albán rechazó este sábado 1 de mayo las declaraciones de Saab, sobre su muerte en custodia de funcionarios del Estado.
Los familiares de Albán aclaran que en este caso «lo que ocurrió fue la consumación de la sistemática práctica del régimen de secuestrar, torturar y asesinar a disidentes políticos. Fernando Albán fue ejecutado extraoficialmente (homicidio intencional) encontrándose en custodia del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), además de ser víctima de los otros crímenes mencionados. Esa es la realidad», cita parte de la misiva
#1May #ProhibidoOlvidar
La familia del Fernando Albán rechazó en un comunicado las declaraciones del fiscal del régimen, Tarek William Saab; y aclaran que en este caso "no existe ningún delito culposo".
"Fue ejecutado extrajudicialmente (homicidio intencional)", denuncian. pic.twitter.com/vTieeJzupD— Reporte Ya (@ReporteYa) May 2, 2021
Asimismo, los familiares del joven Juan Pablo Pernalete, señalaron que «hubo un cambio en la versión de la fiscalía…para garantizar la impunidad de la cadena de mando, como si lo hubiera asesinado un tumulto en un hecho aislado, cuando la verdad es que fue víctima de la acción sistemática del Régimen».
Reacción de los padres de Juan Pablo Pernalete, ante declaraciones de Tarek William Saab “Hubo un cambio en la versión de la fiscalía…para garantizar la impunidad de la cadena de mando” asegura madre del joven asesinado en 2017 @IntlCrimCourt @CIDH pic.twitter.com/CmYaAsVYcR
— Beatriz Adrián (@Beadrian) May 2, 2021
El Comisionado considera que es pertinente no olvidar que «Tarek Williams pretende engañar a la comunidad internacional, la Fiscalía de la CPI, el Consejo de Derechos Humanos, ACNUDH, pues reconoce tres casos de violaciones graves de derechos humanos, pero los plantea en términos contrarios a la verdad, minimizando las responsabilidades, imputando delitos contrario a los hechos, sin considerar la cadena de mando».
Igualmente, evidencia el nerviosismo de los perpetradores de atrocidades del régimen de Maduro, «que están más cerca de ser llevados ante la justicia internacional, a pesar de sus intentos por demorar la decisión de la fiscalía».
El defensor de DDHH pidió no olvidar nunca que, «la Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes».
Finalmente, la Comisión Presidencial para DDHH reiteró su apoyo a las víctimas y ratificó que continuarán recopilando información y documentando cada violación a los derechos humanos, «nunca estarán solas».
¡Habrá justicia!
HUMBERTO PRADO SIFONTES
Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas