Desmarcándose del discurso oportunista asociado a la politiquería ramplona de siempre, y sobreponiéndose a la insulsez con que es tratado en estos tiempos y que se desparrama en las llamadas redes sociales o a través de la mensajería telefónica, el 1° de mayo no es día para celebración alguna. En verdad, nunca lo ha sido. Es bueno comprenderlo.
Desde su instauración en buena parte de los países del orbe, como ocasión propicia para rememorar y valorar la trascendencia histórica del conjunto de huelgas de obreros en demanda de jornadas de ocho horas de trabajo diarias y de las correspondientes legislaciones que reconocieran los Derechos fundamentales que deben asistir a todos los trabajadores en el proceso de contraprestación al aporte que hacen para mantener latiendo el corazón de la economía de un país, cuyo punto culminante fueron los sucesos sangrientos ocurridos en Chicago en 1886, el 1° de mayo es fecha recordatoria de la obligación que tienen dichos trabajadores, sean manuales o intelectuales, sean del campo o de la ciudad, y sea cuál sea el sector de la economía en que se desenvuelven, de no cejar nunca en la lucha por materializar progresivamente las reivindicaciones que con justicia se proponen alcanzar.
Ése es el punto de partida desde el cual debe abordarse la activación consciente relacionada con la fecha. En otras palabras, el Día Internacional del Trabajador debe asumirse como alerta permanentemente encendida para mantener incólume la exigencia porque el trabajo sea entendido, reconocido y valorado en su justa dimensión. Es decir, actividad cuya retribución no se limite a la mera reproducción natural de la fuerza de trabajo, sino que garantice, al expresar el esfuerzo del ser humano por granjearse la vida lícitamente, condiciones apropiadas para que estén plenamente cubiertas las necesidades de educación, salud, vivienda, esparcimiento, transporte, ahorro para el disfrute, reposo y retiro, etc.
Por supuesto, en Venezuela, hoy en día, el combate porque ello sea así es más que urgente; es insoslayable. En este país vejado hasta lo indecible por quienes en nada lo quieren, el drama se resume en que el escalón base desde el cual se construyen cualesquiera tablas salariales, está por debajo de la condición de pobreza extrema que estipulan todos los indicadores internacionales, los cuales giran en torno a los dos dólares diarios; o sea, 60 dólares mensuales. Más concretamente, según las estimaciones expertas, en ninguna parte del mundo a nadie le alcanza esa cantidad de ingresos para comer. Qué más se puede decir, entonces, de un país donde, a la fecha, el salario mínimo no alcanza los cuatro dólares por mes.
No se puede olvidar que las condiciones del trabajo en Venezuela están estipuladas en la Constitución Nacional. Allí se específica con claridad que el salario debe permitir que el trabajador y su familia vivan con dignidad; esto es, que el monto del mismo cubra lo correspondiente a las exigencias desprendidas de lo requerido para atender “necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”, lo cual implica que el denominado “salario mínimo vital” debe ser ajustado anualmente, tomando como referencia el costo de la canasta básica. Tan sencillo como esto: si algo debe mover al reclamo de los trabajadores en este país es que se respete el mandato constitucional en la materia.
A quien aún no lo haya entendido, o convenientemente lo haya olvidado, hay que recordárselo: la justicia social comienza con la honra del trabajo.
@luisbutto3