Las “reveladoras” declaraciones de Tarek William Saab del pasado sábado 1 de mayo retumbaron en la opinión pública. El usurpador del titular del Ministerio Público subordinado al régimen de Nicolás Maduro, confesó que los casos de asesinato y tortura más polémicos de los últimos años fueron llevados a cabo por cuerpos de seguridad del Estado.
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Saab, en contra de lo que comunicó la dictadura chavista en su momento, declaró que la muerte del joven Juan Pablo Pernalete fue consecuencia de recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, asimismo, reconoció que el concejal Fernándo Albán no se suicidó, sino que fue asesinado mientras se encontraba bajo custodia en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Del mismo modo, reveló que el capitán Rafael Acosta Arévalo fue torturado y asesinado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el pasado año 2019.
Las revelaciones de Saab, más allá de ocasionar sorpresa en la opinión pública, causaron reacciones negativas en la oposición a la dictadura, quienes aseguraron que las declaraciones del fiscal chavista tienen otras intenciones.
Las revelaciones de Saab: Un parapeto para lavar las manos del régimen
Durante la sesión de la Comisión Permanente de la legítima Asamblea Nacional de el martes 4 de mayo, el diputado Williams Dávila aseguró que Saab cree que el mundo “se va a comer el cuento que aquí hubo homicidio culposo y en consecuencia van a investigar a los culpables”.
“Siempre se denunció que Fernando Albán había sido asesinado y al decir esto arreció la persecución, esa es la gran verdad. Usted fiscal usurpador debió haber dicho que el responsable de su muerte es el régimen“, agregó.
Los diputados opositores a la dictadura, aseguran que el exgobernador del estado Anzoátegui trata de eludir las competencias de la Corte Penal Internacional (CPI) creando una imagen en la que aparentemente la dictadura de Maduro está investigando estos delitos reconocidos.
Por su parte, el parlamentario Joaquín Aguilar indicó que la fiscalía chavista está haciendo imputaciones a algunos de los responsables materiales de estos hechos, para hacer ver que estas tres muertes mencionadas fueron causadas por el incorrecto proceder de “unos funcionarios de segunda” y dejar libre de culpa a Nicolás Maduro.
“El régimen busca ocultar la omisión de crímenes lesa humanidad y finge que el Estado está tomando las acciones correspondientes para garantizar la justicia y responsabilizar a algunos funcionarios subalternos“, explicó.
Los padres de Juan Pablo Pernalete, señalaron que “hubo un cambio en la versión de la fiscalía para garantizar la impunidad de la cadena de mando, como si lo hubiera asesinado un tumulto en un hecho aislado, cuando la verdad es que fue víctima de la acción sistemática del régimen“.
Una dictadura que busca torcer la realidad de lo que ocurre en Venezuela
El diputado Rosmit Mantillam, durante su derecho de palabra, aseguró que Tarek William Saab busca torcer la realidad de la crisis que hoy azota a Venezuela.
“Sería interesante que se estableciera responsabilidades del por qué la guerrilla colombiana hoy es la que manda y controla la frontera venezolana“, cuestionó el parlamentario.
Además, señaló que para Saab, “lamentablemente” la responsabilidad penal es individual y los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Los familiares de Fernando Albán aclararon que en su caso “lo que ocurrió fue la consumación de la sistemática práctica del régimen de secuestrar, torturar y asesinar a disidentes políticos”.
Para culminar el debate, la diputada Tamara Adrían recordó que la CPI “ha venido cambiando”. La fiscal que llevaba el caso de Venezuela fue sustituida, lo cual ha conseguido que hayan avanzado los distintos informes que ha llevado a cabo la oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.
Carca de 72 países firmantes del Estatuto de Roma eligió al británico Karim Khan como nuevo fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado mes de febrero, en sustitución de Fatou Bensouda, quien asumió el cargo desde 2012.
La parlamentaria acotó que frente a esta situación, el régimen de Maduro busca tratar de enmascarar o de disfrazar la realidad que ha existido hasta ahora, “que no ha habido investigaciones, que la cadena de mando ha tratado de ocultar su responsabilidad“.
“Lo importante es entender que el fiscal de la CPI está acostumbrado a este tipo de actitudes que asumen gobiernos forajidos y sus responsables cuando se encuentran entre la espada y la pared“, señaló Adrián.
Para la ex fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, las declaraciones de Saab buscan evadir “su responsabilidad” ante la Corte Penal Internacional.