“Aquí la situación es dramática, por eso la gente huye despavorida hacia Trinidad y Tobago”. Orlando Moreno, coordinador de la ONG Foro Penal en el estado Delta Amacuro, vivió días atrás en primera persona la persecución y hostigamiento de la dictadura de Nicolás Maduro luego de ser detenido arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del régimen cuando “acompañaba a familiares” de las víctimas del naufragio de una embarcación que trataba de llegar al país vecino, en el que fallecieron, al menos, nueve personas.
Por Lucas Goyret / infobae.com
En diálogo con Infobae, el activista por los derechos humanos, dio detalles de cómo es la dramática situación que viven los venezolanos en ese estado afectado por la trata de personas, los naufragios y la persecución del régimen chavista.
“La gente vende todo para irse. Aquí se vive un régimen dentro de otro régimen. Hay una sola entrada y una salida, o nos morimos de hambre o de coronavirus. Para entrar a la ciudad de Tucupito nada más hay como diez alcabalas para entrar casi a la misma parroquia”, señaló.
Allí, todo depende del Estado. “El poder del régimen aquí es brutal. Nadie le hace frente a las autoridades. Es difícil hacer activismo político o de derechos humanos porque te ahorcan de distintas forma: no te dan gasolina, o te dan 20 litros a la semana, y no puedes viajar, no puedes salir del estado. O sea, dos semanas para llenar el tanque y viajar a Maturín para alguna situación médica”.
Según Moreno, los ciudadanos “aborrecen” al régimen. Pero poco pueden hacer, ya que “están prácticamente amordazados”. Los únicos que tienen “derechos” son los que están cercanos a la dictadura. Ellos sí reciben alimentos, gasolina, medicinas, y tienen acceso a una buena atención en el hospital. “Te enchufan para poder sobrevivir”, resumió el activista venezolano.
La principal vía de escape, aún con los riesgos que eso implica, es migrar hacia Trinidad y Tobago. País en el que “hay una xenofobia brutal, una política de Estado contra los venezolanos”. Pero nada de eso importa a una población desesperada en busca de una mejor calidad de vida: “Es preferible que te digan cosas, a que aquí te mueras por hambre o por covid”.
Los naufragios de migrantes y refugiados venezolanos en su intento por llegar a ese país crecen sistemáticamente. La semana pasada la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones expresaron su consternación por la pérdida de vidas humanas. “A medida que las condiciones en el país siguen deteriorándose, agravadas por la pandemia COVID-19, las personas venezolanas continúan emprendiendo viajes que ponen en peligro sus vidas”, lamentó Eduardo Stein, representante especial conjunto de la Agencia y la Organización para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.
La ONU advirtió, además, que el cierre de fronteras terrestres y marítimas para disminuir la propagación del coronavirus provoca que estos viajes se emprendan a través de rutas irregulares, aumentado los peligros, así como los riesgos de salud y protección. Hecho explotado por organizaciones criminales, con el aval del régimen.
Pese a los llamados de organismos internacionales y de derechos humanos, la falta de transparencia en la información por parte de las autoridades chavistas hace que el panorama sea incierto. “La información de los migrantes es muy escasa, porque no hay reportes oficiales. Ha habido naufragios, pero hay personas que no han muerto. Otras que si, pero no se sabe. Tener una cifra oficial de cuántos murieron en los últimos meses no tenemos”, comentó el coordinador de Foro Penal.
El abandono y la mentira por parte del régimen es tal, que incluso muchas de las víctimas directamente son enterradas sin ser reconocidas previamente por sus familiares. “Hay un caso de una persona que se llama Lenin, los familiares lo enterraron, y a los dos días apareció Lenin en La Horqueta”.
El activista venezolano indicó que “a diario se van por distintas zonas del estado Delta Amacuro, y por distintos ríos, o distintas comunidades, embarcaciones que deberían ser para 22 personas, pero se van 32 en esa sola embarcación”. Desde Delta Amacuro por día salen aproximadamente 20 embarcaciones.
Un pasaje puede llegar a costar hasta 300 dólares. Un valor prácticamente inalcanzable para la gran mayoría de los venezolanos, si se tiene en cuenta que el salario mínimo apenas supera los dos dólares. “Eso es vender todo para irte: tu casa, tu carro, todo… Y es un negocio redondo para mucha gente, incluso para los funcionarios”.
“Es una situación que ellos quieren ocultar, yo fui prácticamente un chivo expiatorio para ocultar esto, también para no visibilizar porque el régimen de una u otra manera está allí, hace dinero con el tema de la trata, y sabe que esto sucede a diario”, apuntó Morales.
Detalló, asimismo, cómo son las tres principales formas de trata de personas: “Una de ellas es el secuestro. Te secuestran y te mandan para allá. La otra es a través de un ofrecimiento de trabajo en Trinidad y Tobago, como mesera, o como empleada doméstica, y cuando llegan allá las secuestran la mafia, y las obligan a trabajar de prostitutas. Y la tercera, te hablan claro y te dicen que vas a trabajar de prostituta, vas a estar en un sitio cómodo, te van a dar para que te vistas bien, pero vas a trabajar de esto. Y las mujeres tienen que pagarle al jefe una suma de 1.500-2.000 dólares para que te puedan liberar. Eso está ocurriendo aquí y en distintas zonas fluviales del Estado”.
Gran parte de las mujeres que son enviadas en esas condiciones son menores de edad, de entre 12 y 17 años. Mientras tanto, las mafias cada vez alcanzan más poder e influencia en la zona, gracias a la connivencia de la dictadura bolivariana: “Aquí todo es vinculado al régimen, esta es una ciudad muy pequeña, hay alcabalas por todos lados, es imposible no estar vinculados al régimen”.
“Todos los delitos de trata salen por Sucre y el Amacuro, y hay zonas a las orillas del Orinoco, que prácticamente han servido para tener allí a personas que esperan su día de salida. Las zonas que normalmente utilizaban, los guardacostas de Trinidad y Tobago ya las conocen, y comenzaron a hacer especie de alcabalas”, aseveró Moreno.
En el caso de la última embarcación que naufragó el pasado 22 de abril en Boca de Serpiente, “se metió por un sitio completamente desconocido, pero el mar estaba bastante fuerte y ocurrió lo que ocurrió”. De las casi 25 personas que viajaban a bordo, aún cinco están desaparecidas. Y a pesar de los pronunciamientos de ciertos funcionarios chavistas, la única búsqueda la están realizando los propios familiares de los desaparecidos; nunca hubo una búsqueda oficial. Más aún, los sobrevivientes fueron criminalizados y detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Durante casi un día fueron sometidos a interrogatorios, sin acceso a asistencia médica ni alimentación.
Detención y tortura
Luego de que se conociera el naufragio de la embarcación entre La Horqueta, Tucupita y la isla de Trinidad, familiares de las víctimas y los desaparecidos se presentaron ante la sede del CICPC para exigir información. En su rol de activista, y como miembro de Foro Penal, Moreno se acercó para colaborar con las familias y terminó detenido el domingo 25 de abril.
Después de cinco días detenido arbitrariamente, fue liberado el viernes 30 de ese mes, con régimen de presentación cada 15 días por la presunta comisión de los delitos de instigación al odio, ultraje a funcionario, lesiones genéricas y resistencia a la autoridad.
El domingo de la detención el activista fue increpado por agentes del CICPC cuando intentaba grabar un video con las familias de los refugiados para difundir en sus redes sociales. Después de forcejear con uno funcionario de ese cuerpo policial, comenzó a recibir golpes y empujones: “Traté de sostenerme de un árbol y comenzaron a darme, a agarrarme los dedos y doblármelos para que dejara de agarrarme del árbol, en uno tengo una pequeña fractura. Luego me agarraron del cuello y me quitaron la respiración. En un momento escuché un disparo, y cuando me levanté, me encontré en la patrulla”.
Su reclusión, al igual que la de otros disidentes, activistas o funcionarios opositores, estuvo marcado por la violencia y tortura de los uniformados chavistas. “En la celda comencé a recibir golpes, patadas, y un funcionario sin decir nada me dio una cachetada, que fue tan fuerte que me oriné encima. Luego entró el jefe del CICPC y me dijo ‘cálmese, aquí no golpeamos a nadie’”.
“Me dijeron que estaba interrumpiendo el trabajo del CICPC, que estaba instigando al odio, y que estaba detenido por la paz y el orden. Yo sólo estaba haciendo un video a los familiares”, relató a Infobae.
Durante tres días permaneció en una celda de 2×2 con tres personas más, y una luz blanca. Por orden de la jueza del caso, una noche la pasó en el peligroso retén de Guacina, “que está controlado por los pranes”.
Durante su estadía en la cárcel, otros presos se acercaron para contarle sus historias. Veían en él a alguien que tal vez los podía ayudar, una vez afuera. Muchos de ellos habían sido acusados injustamente de trata de personas: “El régimen mete presas a personas solo para incrementar las cifras”.
Al salir de prisión, lo primero que hizo Moreno fue volver a dirigirse a La Horqueta para reunirse con los familiares de los migrantes: “Fui a agradecerles porque salieron como testigos, hicieron un video y permanecieron afuera apoyándome”. Y, como adelantó en sus redes sociales, pese a la persecución y tortura sufrida, se comprometió a seguir trabajando para encontrar a los migrantes desaparecidos.