Javier Eduardo Quintana, de 46 años, residenciado en el sector La Yerbabuena en el estado Miranda y dueño de una funeraria en Carrizal, fue a parar a los calabozos de la policía municipal tras cobrar en divisas por un servicio de cremación a los familiares de un difunto que ya habían sido exonerados del pago por parte de la Alcaldía.
Por Diario Avance
Tábata Rogelio, director del organismo, informó que el hombre recibió el dinero de los parientes “algo que es ilegal, debido a que ya la Alcaldía había exonerado todo el proceso”. Manifestó que el caso quedó a la orden de la Fiscal Tercera del Ministerio Público.