El derecho a la protesta está además consagrado, por lo general, en los textos constitucionales como es el caso de Venezuela en el que se incluye en el Artículo 68, una disposición que se relaciona con los Articulo 52, 57 y 61 de ese mismo texto. También en el orden jurídico interno de Colombia se recoge este derecho, en particular, en el Artículo 37 de la Constitución (Derecho de Reunión) en el que se señala que: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.”
Las protestas en Venezuela, Colombia, Chile y Ecuador, por tomar las más recientes, tienen ciertamente rasgos comunes pero también diferencias importantes. Todas son para lograr reivindicaciones. En nuestro caso los venezolanos exigimos libertad, respeto de los derechos humanos, liberación de los presos políticos, no más torturas, elecciones libres y justas, en resumen, democracia, lo que lamentablemente no hemos conseguido. En los otros países se han planteado reivindicaciones muy concretas que se han logrado: los gobiernos de esos países rectificaron y dejaron de lado las reformas planteadas. En todos los casos recogen la necesaria lucha social en libertad y democracia.
Las protestas han sido inicialmente pacificas, convirtiéndose en violentas por la acción de grupos interesados que se infiltran para desvirtuar su carácter. En nuestro caso los grupos afectos al régimen rompieron el carácter pacífico de las manifestaciones para provocar la reacción de las fuerzas policiales y de grupos paramilitares que además se excedieron en el uso de la fuerza pública utilizando armas letales, prohibidas para hacer frente a estas manifestaciones. Lo mismo podríamos decir de las protestas en esos países. Primero pacificas y ordenadas, enseguida violencia y saqueos, desconectados del objeto mismo de la protesta.
La reacción de las fuerzas del orden no fue la misma. En Venezuela las policías del régimen atacaron a los manifestantes con todo, además, autorizados, incentivados y respaldados por las autoridades superiores del Estado mismo. El régimen y los chavistas del mundo consideraron que era la respuesta adecuada para enfrentar el “golpismo” de la derecha venezolana. Pero distintamente, en los otros casos, las fuerzas del orden que actuaron para proteger a la ciudadanía, los bienes públicos y privados, fueron criticados por el “exceso” en el uso de la fuerza.
Dos versiones distintas. En Venezuela los esbirros del régimen fueron héroes, en los otros países las fuerzas del orden son villanos. Tergiversan la realidad y así lamentablemente muchas veces periodistas, medios y políticos lo recogen y lo expresan.
Las protestas todas están signadas por la infiltración de agentes externos a la misma protesta quienes organizadamente voltean la realidad y las hacen violentas para mostrar al mundo las debilidades de los gobiernos democráticos, de la democracia misma.
Hay una injerencia en los asuntos internos de nuestros países, planificada desde Caracas y La Habana para hacer las protestas violentas y abrir el camino al cambio populista, al mensaje “revolucionario” lleno de falsas promesas.
Al régimen madurista -y de nuevo una paradoja- le preocupa los señalamientos de gobiernos y personalidades extranjeras sobre la catástrofe venezolana, le preocupan las voces que piden democracia, libertad de presos políticos, respeto de los derechos humanos, elecciones libres. Considera el régimen madurista que es una intromisión en nuestros asuntos, un atentado a la soberanía, tal como lo hacen todos los regímenes totalitarios que tratan de impedir algún control externo sobre la violación de derechos humanos, crímenes internacionales o atentados a la democracia. Pero contrariamente, tal como lo han denunciado los medios e incluso el Presidente del Ecuador Lenin Moreno, Venezuela estaría promoviendo y participando directamente en estas manifestaciones que pacíficas al comienzo han generado el caos en esos países.
Las manifestaciones sociales deben ser vistas en su justa dimensión. Debemos defenderlas, son partes de la democracia misma; pero debemos condenar la violencia y la infiltración de grupos anárquicos que buscan tergiversar la realidad y sus objetivos mismos. Debemos defender su carácter pacífico y condenar la violencia. Debemos también condenar los excesos del uso de la fuerza policial, pero debemos también reconocer que las fuerzas del orden en los países democráticos buscan proteger a los ciudadanos y la propiedad pública y privada. Debemos exigir el respeto pleno de los derechos humanos de los manifestantes pacíficos, pero también condenar a quienes usan la protesta para crear el caos y causar daño y desestabilidad democrática.
@CarmonaBorjas