Hay una estrategia de caos, de destrucción de lo que está bien y funciona; de lo que ha sido logrado en calidad de vida, en condiciones materiales mejores para la mayoría de la población, en infraestructura y en salud pública en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá. Es la percepción de muchos colombianos y dirigentes políticos democráticos. Varias agendas se ocultan tras los disturbios destructores. Se trata de una estrategia liderada por dirigentes como Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda e impulsores de la extrema izquierda radical defensora del “socialismo del siglo XXI”, cuyo objetivo es acceder al poder en Colombia, cuando haya elecciones presidenciales en 2022.
Este es un escenario programado, planificado, que las autoridades conocen, como confirman los servicios de inteligencia, que no empezó ahora en medio de la pandemia, con el rechazo a la inoportuna y no consensuada reforma tributaria introducida al Congreso con el fin, es cierto, de asegurar la continuidad y ampliación de las políticas sociales a favor de los sectores socio-económicos más vulnerables, pero sin consulta previa a los sectores afectados y en primer lugar, a las clases medias, muy golpeadas por los efectos de la pandemia de covid 19. No olvidemos la expulsión reciente de funcionarios cubanos y de rusos de sus respectivas embajadas. Tampoco, las movilizaciones de 2019. Ni la detención, entre los agitadores, de venezolanos, aunque sean pocos, pagados y dispuestos a quemar y destruir bienes públicos.
Siguen el paro y las manifestaciones, con excesos gravísimos que distorsionan y pervierten el legítimo derecho a la protesta. A pesar de que el presidente Duque solicitó el retiro de la reforma y la renuncia del ministro de Hacienda, Carrasquilla; pese a que estableció parámetros para un nuevo documento que no contemple el aumento del IVA, ni cambios en las reglas de juego actuales amparadas por el Estado Social de Derecho que define al Estado colombiano desde la Constitución de 1991, y que sea sometido a la más extensa consulta nacional de sectores productivos, sociales y políticos, empresarios y trabajadores, académicos, estudiantes, partidos y coaliciones. El llamado es a un diálogo eficaz con el gobierno que, mediante el comité nacional de paz, integre a todos los sectores del país para un cambio de rumbo y un nuevo pacto nacional, con un pliego más amplio de peticiones a fin de superar la crisis actual.
Hoy nadie se hace responsable de los daños. Como se pregunta el dirigente político antioqueño, Andrés Felipe Guerra Hoyos ¿Por qué no se hace firmar con la administración municipal, como antes era obligatorio, un documento de responsabilidad de parte de los líderes que impulsan una marcha, en este caso la alcaldía con Daniel Quintero en Medellín, quien no ha tenido lamentablemente la voluntad para frenar desórdenes, que, si se produjeran daños, los organizadores deberían, después de haber participado a las autoridades de la ruta trazada y de la hora de inicio y de finalización, rendir cuentas y asumir ser responsables, incluso judicialmente? Cuenta que nunca en las manifestaciones de protesta que se organizaron bajo su liderazgo político, en 2013 contra Juan Manuel Santos, en 2016 por el No en el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las Farcs, no hubo ni un semáforo roto, ni asesinatos en plena vía, ni brutalidad policial ni agresiones contra las fuerzas del orden.
Hay un escenario cada vez más primario, de revanchismo y venganza social irracional, que son caldo de cultivo para entregarle el poder a un populista autoritario, como está ocurriendo en Perú, como ha ocurrido en Venezuela, o se produjo en Argentina, o antes fallidamente en Ecuador o en Chile, e imponer un proyecto de una izquierda nefasta, cuya meta es no abandonar más nunca el poder, movida por el resentimiento, con visión totalitaria como ha sido la Venezuela arruinada, famélica, destruidos el tejido social y la confianza, resultantes del socialismo del siglo XXI.
Desde la fuerza democrática, desde la fuerza de la palabra, desde la discusión, desde el foro, se trata hoy de defender lo que Colombia ha logrado en los últimos veinte años. Falta mucho aún. Reforma de la justicia, más programas a favor de la equidad, mayor disminución de la pobreza, instituciones más fuertes. Mejor democracia. Lucha contra la corrupción. La pandemia ha sido desastrosa. La respuesta irracional frente a la incertidumbre y la crisis económica, peor. Urge la concertación y la escucha del gobierno a las demandas sociales para que el avance social, la consolidación de las instituciones y la profundización de la democracia, tan necesarias, no sean abruptamente rotas.