Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registramos durante el mes de abril 126 actos de persecución y criminalización ejercidos contra trabajadores de la prensa, organizaciones no gubernamentales, líderes políticos y la población en general.
Por cepaz.org
En el monitoreo que mensualmente realizamos se evidenció la aplicación sistemática de patrones como detenciones arbitrarias, amenazas, intimidaciones y estigmatizaciones y la apertura de procedimientos judiciales. Así como el uso de los poderes públicos, y particularmente de la Asamblea Nacional, para perseguir a los líderes políticos y para la creación de normas restrictivas que reprimen constantemente el espacio cívico.
Otro patrón que se sigue aplicando está referido al uso de los beneficios sociales como una manera para ejercer el control social sobre la población, a través de la dependencia del Estado. Unido a la discriminación de aquellas personas consideradas opositoras, al negarles estos beneficios sociales por motivos políticos. Estas acciones promueven la creación de un entorno represivo, que causa temor en la población para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
Persecución y criminalización contra la prensa
Así pues, durante el mes de abril registramos al menos 12 ataques contra los trabajadores de la prensa. En total ocurrieron cinco detenciones arbitrarias, un caso de impedimento de acceso para el registro de una noticia, cinco casos relacionados a actos de intimidación, amenazas y estigmatización y un proceso judicial abierto.
Espacio cívico con mayores restricciones
También contabilizamos al menos siete ataques contra la sociedad civil, dentro de los cuales se registró una detención arbitraria, el bloqueo de la página web de una organización, la publicación de la Providencia 001-2021, que bajo múltiples violaciones a derechos limita la labor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Venezuela, y por último cuatro actos de criminalización y hostigamiento, llegando incluso a involucrar a las ONG con acciones terroristas.
La mencionada Providencia Administrativa No. 001-2021, es una norma sublegal que tiene como objetivo establecer un registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
Esta Providencia constituye una clara vulneración al derecho humano de asociación, condicionando la posibilidad de asociarse libremente al otorgamiento de un permiso o certificado de habilitación. Asimismo, vulnera otros derechos como la presunción de inocencia, y además a través de la obligación de suministrar información confidencial, privada y sensible, pone en riesgo a los beneficiarios de las organizaciones y a los donantes, quienes pudieran ser víctimas de persecución.
Beneficios sociales politizados
Contra la población registramos al menos tres ataques, uno contra un ciudadano que resultó detenido luego de una publicación que hiciera en sus redes sociales, un acto de estigmatización por parte de un alcalde que violando los derechos a la intimidad marcó los hogares de las personas contagiadas de COVID-19, y por último un acto de discriminación contra la población, supeditando la vacunación contra el coronavirus al registro en el Sistema Patria, una plataforma vinculada al partido político del gobierno de Nicolás Maduro, y que busca forzar el respaldo de la población a quienes hoy detentan el poder.
El gobierno de Nicolás Maduro ha creado con los denominados beneficios sociales un entorno de dependencia en la población, usando la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país para que, a cambio del respaldo político, la población pueda ser beneficiaria de los planes alimentarios y económicos, insuficientes para paliar los efectos de la crisis, pero que son la única salida que encuentran los grupos más vulnerables para obtener un mínimo sustento. Así pues, en el primer trimestre del año 2021 el gobierno de Nicolás Maduro a través del Sistema Patria ha entregado 27 bonos, los cuales en la mayoría de los casos ni siquiera alcanzaron los 3 dólares, demostrando que estos programas sociales se encuentran muy lejos de buscar el bienestar social de la población.
Discriminación y estigmatización social en pandemia
Ahora en el contexto de la pandemia, como parte del patrón de control y discriminación contra la población, también se supedita a la inscripción en el Sistema Patria la vacunación contra la COVID-19. Lo anterior no solo busca generar un registro forzado a este Sistema a la población que aun no se encuentra inscrita, sino además la politización de una vacuna, de por si ya escasa para cubrir a toda la población, lo que constituye un acto de discriminación que vulnera derechos fundamentales como la salud y la vida y contraviene los estándares internacionales.
Por otra parte, observamos con mucha preocupación los actos discriminatorios ejercidos en el estado Yaracuy por el alcalde Luis Adrián Duque, quien bajo las medidas de aislamiento obligatorio para evitar la propagación de la COVID-19, decidió arbitrariamente marcar las casas de aquellas personas sospechosas de haber contraído el virus y de aquellas que ya se le hubiese confirmado el contagio. Estos carteles hacían alusión al padecimiento de la enfermedad por alguno de los miembros del grupo familiar de la casa marcada y además expresaba que la familia se encontraba en cuarentena preventiva y por tanto no podía recibir visitas. Aún más, el alcalde amenazó con multas a quien quitara dichos carteles.
La actuación del alcalde constituye un acto que lejos de ser parte de un mecanismo de protección de la población se convierte en un acto de estigmatización y discriminación contra las personas contagiadas, a quienes además se le vulnera el derecho a la intimidad, confidencialidad y la dignidad de la persona.
Ataques a 104 opositores políticos
Por último, durante el mes de abril registramos 104 ataques contra personas vinculadas con la oposición política. En total 100 personas vinculadas con la gestión legislativa de la oposición entre el 2016 y el 2021 fueron citadas y acusadas de ocasionar daños contra la República. Esta citación responde a un claro patrón de persecución ejercido desde el pasado contra la disidencia política que busca silenciarlos. Adicionalmente registramos dos detenciones arbitrarias, una amenaza y una solicitud de extradición que busca someter a un importante personero político a la justicia persecutoria del gobierno de Nicolás Maduro.
Impedir el ejercicio de derechos
La amenaza constante de poder ser víctima de alguna de los patrones de persecución y criminalización, que incluye la pérdida de derechos y beneficios sociales e incluso la imposibilidad de acceder a una vacuna, evita que la población ejerza libertades fundamentales como la expresión, asociación, reunión, manifestación, opinión y participación, lo que en definitiva busca silenciar a la disidencia política y además mantener a la población bajo un extremo control.
La metodología de nuestro monitoreo comprende una mirada ampliada que busca identificar patrones de persecución y criminalización, que si bien afectan de forma diferenciada y en distintos contextos a cada sujeto, los mismos se encuentran enmarcados en los distintos patrones que hemos venido documentando desde el año 2014.