Cuando los guardias de seguridad de la prisión estatal de Corcoran —a 220 millas al sur de Sacramento, California— efectuaron su ronda habitual aquella mañana del 9 de marzo de 2019, encontraron sin vida a uno de los reos. La escena era espeluznante.
Luis Romero, de 44 años, había sido decapitado por su compañero de celda, Jaime Osuna, de 31. De acuerdo con la autopsia, en algún momento de la madrugada, Osuna utilizó un objeto cortante con el que desfiguró el rostro de su víctima, le extrajo un ojo, le cercenó uno de los dedos y removió parte de las costillas y el hígado.
Por último, Osuna, quien se autodenomina satanista, le cortó la cabeza y se colgó en el cuello, como si fueran un collar, algunas de las partes del cuerpo de Romero.
“Creemos que la víctima estuvo consciente durante al menos una parte del tiempo”, destacó Phil Esbenshade, el fiscal de distrito del condado de Kings, donde se encuentra el penal.
Eso ocurrió hace dos años, pero los detalles del crimen han vuelto a ser noticia porque la familia de la víctima ha presentado una demanda en contra del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés) por colocar a Romero en la misma celda con Osuna, quien ya contaba con un historial previo de ataques a otros reos.
También por haber demorado en tomar acciones correctivas contra los guardias de seguridad que en un principio declararon “no haber visto nada fuera de lo normal” cuando hicieron sus rondas aquella noche.
Sin embargo, según la querella, los guardias no efectuaron esas inspecciones de rutina y no se percataron de que una sábana bloqueaba la visibilidad de la celda donde estaba Osuna con Romero, quien había sido trasladado de otro centro penal a Corcoran dos días antes de ser asesinado. Osuna cumplía una sentencia de cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, por el asesinato de Yvette Peña, de 37 años, ocurrido en 2011, a quien también torturó, de acuerdo con la demanda.
Romero, que ya tenía 27 años en la cárcel por una condena de homicidio contra una mujer cuando era adolescente, estaba a punto de ser elegible para obtener libertad condicional.
Ya en prisión y sin compañero de celda, a Osuna se le confiscaron armas punzantes en 2012. “En una oportunidad, se las arregló para ingresar a la celda de otro reo que terminó apuñalado y con 67 puntadas por un corte en el rostro”, indica el documento.