El proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación enviado esta semana por el Ejecutivo a estudio de la Asamblea Nacional genera este viernes apoyo y preocupación en Ecuador.
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, indicó en un comunicado que valora el mensaje de Lasso “de desmontar la estructura represiva en contra de la prensa que se impuso” durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y que “no fue desmontado en su totalidad durante el Gobierno de Lenin Moreno”.
Consideró que el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo “va en el camino correcto y recoge distintos principios amparados en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que promueven el respeto a la libertad de expresión y prensa”.
Además, destacó y apoyó “la despenalización de la opinión a través de la derogatoria de los artículos 182 y el numeral 1 del 396 del Código Integral Penal que se plantea a través de una Disposición Derogatoria en el proyecto enviado a la Asamblea Nacional”.
No obstante -alerta- “hemos detectado distintas partes de esta propuesta normativa que plantean dudas y podrían contradecir el espíritu de lo señalado en dichos instrumentos”.
El artículo 8 de la propuesta señala el derecho a la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones personales, que se realicen verbalmente a través de redes sociales y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizados o mediante soportes del papel o dispositivos de almacenamiento electrónico; “sin establecer definiciones claras respecto a comunicación personal que delimite la aplicación de este artículo”, indicó.
Y recordó que hace pocos días se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, donde ya se garantiza el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ecuatorianos, garantizando, al mismo tiempo, el trabajo periodístico y el derecho a la libertad de expresión.
El artículo 7, por su lado, establece que cualquier persona que se sienta afectada por informaciones de un medio de comunicación podrá solicitar copias de las publicaciones para ser utilizadas en acciones civiles de responsabilidad ulterior, añade.
Y apunta que el artículo 6 habla del “Derecho a la Réplica o Respuesta, cuando el Derecho a ser protegido y garantizado debería ser el de la Rectificación frente a información potencialmente errada transmitida por los medios”.
La respuesta a opiniones, en cambio, es un derecho que no está plenamente desarrollado ni existen obligaciones, establecidas por estándares, al respecto.
Fundamedios sostiene que el proyecto enviado a la Asamblea Nacional no deroga en su totalidad la Ley de Comunicación, sino que genera dos nuevas leyes: una Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación y una Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espacio Radioeléctrico, “la cual es la actual Ley de Comunicación, con un nuevo nombre”.
La organización añade que en el proyecto se evidencian omisiones respecto a temas importantes como el fortalecimiento y protección de medios públicos y medios comunitarios.
También la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) expresó este viernes en un tuit su preocupación por el proyecto pues “anula comunicación pública y comunitaria, redistribución espectro radioeléctrico, contenido intercultural”.
Fundamedios señala que en el proyecto tampoco se establecen parámetros para la publicidad oficial; también se omite establecer lo que pasará con el actual Consejo de Comunicación, ente estatal que se generó a partir de una consulta popular y cuyo destino debe establecerse con precisión en la nueva Ley.
Finalmente, no existe ninguna disposición ni regulación encaminada a garantizar la seguridad y protección para periodistas, como una obligación del Estado, establecida en diversas resoluciones internacionales, sostiene.
EFE