Hacer industria en regiones bolivianas como La Paz, donde suelen converger todas las protestas sociales por su calidad de sede de Gobierno, es casi una odisea por esa alta conflictividad y el dañino contrabando, enemigos a los cuales en el último año se ha sumado la pandemia de la covid-19.
En 2020 la economía quedó duramente golpeada por la pandemia, que en el caso de las industrias supuso una caída de 12 % en sus ventas y un derrumbe del 84 % en sus utilidades, explicó a Efe el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic.
Las exportaciones de productos industriales cayeron un 16 % y las importaciones de bienes de capital descendieron un 32 %, con una pérdida de 70.000 empleos, señaló.
“Eso quiere decir que la industria se encuentra en este momento en una enorme iliquidez y con un riesgo alto de insolvencia”, lamentó Blazicevic.
Al margen de esto, hay dos dificultades constantes para las industrias: los conflictos sociales y el contrabando.
ALTA CONFLICTIVIDAD
Los conflictos sociales son una constante en Bolivia con mayor intensidad en algunos periodos, como la llamada “guerra del gas” de 2003, que tuvo bloqueadas y cercadas a La Paz y la vecina El Alto por varias semanas y se saldó, entre otros, con la migración de muchas industrias a Santa Cruz, la región más próspera del país.
Otras se quedaron, como Laboratorios Vita, una farmacéutica con 85 años de trayectoria que inició con una planta en La Paz y en 2002 se mudó a El Alto.
Hacer industria aquí supone “un esfuerzo titánico, pero la querencia a la ciudad y al departamento es grande y, pese a esas circunstancias negativas, también hemos tenido situaciones positivas que nos han ayudado a mantenernos estos 85 años”, sostuvo la gerente general de Vita, Magna Cachi.
Con una historia de 32 años, Laboratorios Crespal es otra industria asentada en El Alto que pasó momentos particularmente difíciles durante la crisis social y política de 2019, al estar cerca del barrio de Senkata, uno de los focos de tensión más fuerte.
El gerente general de Crespal, Raúl Crespo, recordó que incluso tuvieron que evacuar la zona junto a sus vecinos, pues existía el temor de una explosión en la refinería de Senkata.
“No pudimos trabajar durante 30 días, la empresa estuvo cerrada y a merced de la delincuencia que había en ese momento porque no podíamos mantener al sereno y los guardias por el peligro que había”, dijo Crespo a Efe.
En circunstancias normales, “El Alto es una ciudad bastante amable, asequible, donde se puede trabajar con mucha tranquilidad”, sin embargo, “lo que dificulta aquí es el problema político”, señaló.
La Paz tiene actualmente una de las tasas de desempleo más altas en Bolivia y ha perdido unos 92.000 empleos, explicó Blazicevic.
“El hecho de ser sede de Gobierno y tener casi siempre problemas de bloqueos, marchas, demostraciones sociales en la ciudad y también en El Alto, sumado a una enorme informalidad”, que oscila entre el 70 y 81 %, genera un “estado de caos” que “hace muy difícil operar a las industrias formalmente establecidas”, agregó.
PANDEMIA Y CONTRABANDO
Las industrias apenas intentaban recuperarse de la crisis, cuando a principios de 2020 sobrevino la pandemia que agudizó “enormemente” sus problemas, según Blazicevic.
Aunque las farmacéuticas estuvieron entre los rubros considerados “esenciales”, enfrentaron dificultades como la burocracia para obtener permisos para la circulación de su personal, la disminución de la jornada laboral y los problemas para trasladar sus productos a otras regiones.
También tuvieron problemas de contagios entre su personal, lo que en el caso de Vita significó llegar a trabajar con el 40 % de su gente, mientras que Crespal operó incluso solo con el 10 % porque el resto estaba enfermo.
Las restricciones mundiales ocasionaron un desabastecimiento de materias primas que para las farmacéuticas supuso un encarecimiento de productos.
Además, el contrabando, eterno enemigo de la industria nacional, empezó a campear durante la pandemia.
“Hoy tenemos el mercado de medicamentos copado por los contrabandistas”, cuestionó Crespo, mientras que Cachi denunció que también hay “falsificación” de fármacos, reclamando ambos una mayor acción del Gobierno.
Los industriales consideran importante completar la vacunación contra la covid-19 para recuperar algo de normalidad, para lo cual reclamaron mayor efectividad en el plan gubernamental de inmunizaciones.
“Esperamos que en este año podamos vacunar a más del 70 % de la población boliviana para así poder lograr esa inmunización de rebaño que necesitamos y con ello volver al estado anterior a 2020”, dijo Blazicevic.
Para tener industrias fuertes, es necesario trabajar en la conflictividad, mejorar la logística con más y mejores carreteras y ofrecer incentivos fiscales, consideró.
También es necesario combatir el contrabando y valorar el sello “Hecho en Bolivia”, concluyó.
EFE