Un anteproyecto de Ley del Ejercicio de la Profesión Docente acaba de ser presentado y redactado por “diputados” oficialistas que desconocen o desvalorizan la importancia de la materia, por cuanto no han tenido jamás ningún tipo de vínculo con la educación. Este adefesio jurídico empeora la ya deplorable situación de la educación en Venezuela, porque la condena a la postración y al servilismo político y la castra en todas sus potencialidades. Una propuesta regresiva de los derechos laborales, de claro lineamiento fascista y colocada de espaldas a las verdaderas necesidades de una educación de calidad.
Antes de abordar su contenido, es importante aclarar que es innecesario ese “instrumento de ley”, por cuanto el sistema educativo ya cuenta con una reglamentación que fija todas esas disposiciones. Pudiese plantearse, en todo caso, algunas actualizaciones a dicha normativa.
Lo que ha ocurrido hasta la fecha es la inobservancia, el incumplimiento y la omisión de lo allí establecido, para imponer la militancia y la lealtad partidista como criterio de ingreso y ascenso, desmeritando así la preparación académica. El objetivo de esta práctica perniciosa es el control político y social a través de la educación. Supervisores, directores, subdirectores y coordinadores chavomaduristas en defensa del statu quo es a lo que aspiran.
Desde la propia exposición de motivos se esbozan falacias que explican este esperpento de ley. Entre ellas, se destaca resguardar y amparar la carrera docente, cuando en realidad la estabilidad en los cargos ha sido negada por coacción política. Han privilegiado el chantaje y los nombramientos a dedo, pasando por encima de toda normativa. En este sentido, han acabado con la carrera docente. Señalan equilibrada en los méritos cuando es público y notorio que no existe la meritocracia.
Hacen mención a un nuevo contexto histórico, una nueva ciudadanía y la vinculación con las comunidades como condicionantes de esta reforma. La verdad es que quieren, y de hecho lo vienen haciendo, convertir a la escuela en el espacio donde se promueven todas las políticas de su gobierno. Pretenden transformar la gerencia educativa de las escuelas en cuadros políticos al servicio del autoritarismo peseuvista. Vincular la escuela con la comunidad para procurar el control político sobre esta. Sin señalar el enfoque del pensamiento único. Un marxismo tergiversado y acomodado a la visión del “Socialismo del Siglo XXI”, para justificar el poder a toda costa.
En las disposiciones generales, aclara que para poder optar un docente a la estabilidad laboral es necesaria una “evaluación” (eufemísticamente llamada “acreditación”) del poder comunal llámese Consejo Comunal- lo que representa visiblemente una coacción, debido a la tendencia política de estas estructuras.
Además, si una universidad otorga el título de profesional de la docencia luego de 5 años de estudio ¿para qué es necesaria la evaluación comunitaria? ¿Cómo entonces se explica que habiendo cumplido con las exigencias y requerimientos académicos exigidos en la universidad se ponga en duda la profesionalidad? ¿Sucede lo mismo con el abyecto componente militar? ¿Con otras profesiones? ¿Por qué entonces permitir esa aberración en el magisterio venezolano?
En otro apartado se habla del saber popular como un conocimiento indispensable en el docente, pero desde una óptica socialista. Ese modelo no está contemplado en la Constitución. El saber popular no tiene que estar ajustado a una visión socialista. Nuestro folklore originalmente no está enmarcado bajo ese prisma doctrinario y anacrónico. ¿Desde cuándo, además, un docente de una materia particular tiene que estar “empapado de saber popular”? Esto representa una estulticia.
El artículo 9 arremete contra la estabilidad laboral y contra toda norma jurídica en defensa del trabajo. Aquí se deja entrever que lo que llaman defensa integral de la nación es defensa del partido de gobierno, porque ellos se abrogan para sí la representación del Estado. Así las cosas, quien opine mal del gobierno, es desleal a la patria. Una violación a la libertad de conciencia y de opinión. Estamos frente a un articulado frenéticamente fascista.
Entre los requisitos para los ascensos aparecen cursos de inducción de formación política (psuvista). Lo que nos pone en presencia de una politización de la educación. Se menciona constantemente el poder popular como supervisor del hecho educativo. La educación como un área del conocimiento humano debe estar supervisada por especialistas. No puede estar al frente de un hospital o de una guarnición militar, para graficar ejemplos, un consejo comunal. Es un acto no solo de irresponsabilidad, sino un populismo bochornoso.
Se establecen espacios de supervisión, evaluación, ingreso y egreso fuera del ámbito educativo, donde se resta autonomía y profesionalismo a la carrera docente, porque la despoja de conquistas laborales y normativas en cuanto a su funcionamiento. Es un claro retroceso.
Esta visión no persigue la calidad educativa ni la excelencia en la docencia, sino la vinculación escuela-comunidad como un fin por encima del conocimiento y la formación académica. Es la educación vista como control social y político. Es un torpedo contra el sistema educativo.
Más adelante establecerán que los docentes deben trabajar en una sola escuela, así que el intercambio de las experiencias de docentes que trabajaban en planteles públicos y privados simultáneamente se perderá. Además, ¿cómo piensan los chavistas que va a vivir un docente con un solo salario, si no vive con dos ni con tres? La renuncia de los docentes a nivel nacional va a ser inminente ante esta aberración.
Pero la guinda del pastel de esta nefasta propuesta señala que los docentes están obligados a formar parte del componente castrense en la milicia nacional. Como lo lee, a formar filas, cuando la docencia es, por excelencia, una actividad de carácter civil. Esto es ni más ni menos que una barbaridad legal.
Entre otras perlas, se elimina el fuero sindical, de manera unilateral se designará la política salarial, no hay contratos colectivos, se prevé el pago de jubilación con planes de inversión en emprendimientos, la realidad presupuestaria limitará el número de escuelas y de docentes, en fin. Un retroceso gigantesco en materia educativa. Años de lucha hechos polvo.
No queda sino darle conducción política a este gran descontento por parte de la dirigencia magisterial de manera inmediata.
Franklin Piccone Sanabria
Coordinador Nacional de Educación UNT