Linda Loaiza López dice que puede haber otras mujeres en Venezuela que estén padeciendo en este momento lo que ella sufrió al ser violada y torturada sexualmente.
Ahora ha publicado un libro sobre su brutal experiencia y la batalla de años para llevar el caso a juicio en un sistema que, según dice, todavía les falla a las mujeres venezolanas.
El lanzamiento del libro de López ha ayudado a arrojar luz sobre el problema de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela, que a menudo se ve ensombrecido por la crisis humanitaria y económica del país.
Venezuela no publica estadísticas sobre abuso doméstico, un problema generalizado en América Latina que aumentó durante la pandemia, según información de la organización sin fines de lucro Comité Internacional de Rescate en un informe de junio.
López, ahora una abogada de 38 años, estuvo desde el 27 de marzo de 2001 y por casi cuatro meses en un departamento de Caracas secuestrada, amordazada y esposada. Allí fue golpeada con palos, botellas de vidrio, quemada con cigarrillos, obligada a consumir drogas y a alimentarse con restos de comida.
Las consecuencias “creo que son eternas. Las físicas tengo innumerables en mi cuerpo, como cicatrices”, agregó en una entrevista en marzo, cuando lanzó su libro “Doble Crimen” en el que narra en 207 páginas uno de los casos más sonados de violencia contra la mujer en el país y el proceso jurídico de casi dos décadas desde tribunales locales hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Fiscalía General de Venezuela dijo en noviembre que en 2020 tenía 185 casos abiertos de asesinato o intento de asesinato de mujeres, había arrestado a 167 personas y condenado a 26. De enero a marzo de este año el Ministerio Público ha abierto 53 casos por femicidios y se han proferido 17 condenas, indicó el fiscal general, Tarek Saab, en un mensaje a Reuters.
El Monitor de Femicidios, un grupo independiente venezolano que levanta desde el 2019 los datos de fuentes abiertas, da cuenta de 73 asesinatos de mujeres de enero a abril de este año y 256 en 2020.
“En este caso del ‘Me too’ que tuvimos, yo si creo que, sin duda, siempre estos escándalos ayudan a movilizar culturalmente porque si la gente no lo ve, la gente no lo siente”, dijo Daniela Hinojosa, antropóloga y una de las fundadoras de la ONG Tinta Violeta, que trabaja desde hace 10 años en la defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia hacia ellas.
Durante varios días de abril y mayo, las redes en Venezuela fueron el escenario de denuncias de acoso y relaciones sexuales con menores, entre otras, similar al movimiento Me Too surgido en 2017 en Estados Unidos para denunciar abusos.
Las denuncias fueron contra varios músicos y periodistas, siendo uno de los más sonados el del escritor, poeta y ensayista Willy McKey, de 40 años. Tras reconocer las denuncias y pedir perdón por los casos ocurridos años atrás, McKey fue encontrado muerto el 29 de abril luego de caer del noveno piso de un edificio en Buenos Aires, donde residía.
Pero “el problema que tenemos en Venezuela es cultural, los funcionarios y funcionarias actúan como actúan, la gente actúa como actúa porque culturalmente no hemos hecho un cambio para entender las consecuencia de la violencia basada en género, en la violencia machista”, agregó Hinojosa.
López sostiene que el “sistema de justicia venezolano le sigue fallando a las mujeres” porque al no sancionar a un agresor da un “mensaje negativo que le está diciendo a la sociedad: hazlo. Tienes carta blanca. Tú puedes. Yo no te voy a sancionar”.
Después de ser rescatada por policías y bomberos el 19 de julio del 2001, cuando su captor la dejó por primera vez sin amarrar o con esposas y logró pedir ayuda desde la ventana del departamento en el este de Caracas, López estuvo hospitalizada un año con fracturas en la mandíbula y las costillas.
Dijo que tuvo que ser operada 15 veces para reconstruir su rostro y genitales.
En noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable al Estado venezolano por los hechos de tortura y violencia sexual contra López, en el primer fallo de esa instancia regional sobre un caso de violencia contra la mujer en el país miembro de la OPEP.
Disposiciones del fallo de la CIDH, incluyendo el juzgamiento de los responsables, aún no se han cumplido, dijo López al recordar que el acusado, Luis Antonio Carrera Almoina, pagó una condena de seis años y un mes de prisión y quedó libre en 2008 porque fue juzgado por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas.
Fue absuelto “de los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, violación y tortura, motivo por los cuales acudí al sistema interamericano y demandé al Estado venezolano”, dijo López, quien espera que su libro ayude a las mujeres a denunciar a sus agresores.
Saab dijo que “el Ministerio Público, a través de la Dirección General Para la Protección de la Familia y la Mujer, se encuentra articulando con Cancillería de la República para definir el criterio ante esa sentencia de la CIDH” sobre Loaiza.
Reuters no pudo ubicar a Carrera Almoina y su padre, Gustavo Luis Carrera Damas, no respondió correos electrónicos.
Carrera Damas fue acusado en diciembre del 2001 de impedimento y obstrucción a la justicia mediante fraude y peculado de uso por la fuga de su hijo del apartamento donde debía cumplir su arresto domiciliario, según la CIDH. Fue absuelto, tras varios procesos judiciales, en abril del 2006. Reuters