Jun 1, 2021. REUTERS/Erin Scott/
La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el lunes a permitir que los inmigrantes con permiso para permanecer en el país por motivos humanitarios puedan postular para convertirse en residentes permanentes si entraron de forma ilegal, alineándose con el gobierno del presidente Joe Biden.
Los magistrados, que actuaron en una apelación presentada por una pareja casada de El Salvador a quien se le otorgó el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), mantuvieron de forma unánime el fallo de un tribunal inferior que prohibió sus solicitudes de residencia permanente -la denominada “tarjeta verde”- por su entrada ilegal.
El caso podría afectar a miles de inmigrantes, muchos de los cuales llevan años viviendo en Estados Unidos.
Biden, que ha tratado de revertir muchas de las políticas de inmigración de línea dura de su predecesor republicano Donald Trump, se había opuesto a los inmigrantes en este caso, enfrentándose a los grupos de defensa de la inmigración y a algunos de sus compañeros demócratas.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad suele exigir que las personas que buscan convertirse en residentes permanentes hayan sido “inspeccionadas y admitidas” en Estados Unidos. La cuestión en el caso era si una concesión del TPS, que otorga al receptor un “estatus legal”, satisfacía esos requisitos.
Escribiendo en nombre de la corte, la jueza liberal Elena Kagan dijo que “debido a que la concesión del TPS no viene con un boleto de admisión, no elimina el efecto descalificador de una entrada ilegal”.
A los ciudadanos extranjeros se les puede otorgar el TPS si una crisis humanitaria en su país de origen, como un desastre natural o un conflicto armado, hace inseguro su retorno. Hay unas 400.000 personas en Estados Unidos con ese estatus, lo que impide su deportación y les permite trabajar legalmente.
El caso involucra a José Sánchez y Sonia González, que viven en Nueva Jersey y tienen cuatro hijos. La pareja ingresó de manera ilegal en Estados Unidos dos veces: en 1997 y 1998. Tras una serie de terremotos en 2001, Estados Unidos designó a El Salvador como cubierto por el programa TPS y la pareja recibió protección ese mismo año.
Funcionarios estadounidenses rechazaron sus solicitudes de “tarjeta verde” en 2014 porque su entrada ilegal.
Presentaron una demanda en una corte federal, alegando que se considera que aquellos con estatus legal -incluidos los beneficiarios del TPS- han sido admitidos legalmente y pueden solicitar la residencia permanente. El año pasado, la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, falló en contra de la pareja.
Además de El Salvador, otros 11 países tienen actualmente tales designaciones: Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen. Myanmar fue la última incorporación a la lista, a raíz del golpe militar del 1 de febrero.