“Esta es la tercera oportunidad que tiene Nicaragua para salir de una dictadura”. Así se refería cinco meses atrás la candidata opositora Cristiana Chamorro, en entrevista con Infobae, respecto de las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre en Nicaragua. Sin embargo, en las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega se encargó de desarticular a la oposición con los arrestos de Chamorro, y los candidatos Arturo Cruz y Félix Maradiaga Blandon.
La directora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH) se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio por una orden del Poder Judicial a petición del Ministerio Público, que la investiga por supuestamente cometer los delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos” por parte del Ministerio Público.
Chamorro, quien califica a Ortega de “dictador” y le ha señalado de estar “muerto de horror” ante la posibilidad de perder el poder, anunció en mayo pasado que se inscribiría como precandidata presidencial.
Pedro Joaquín, también hermano del ganador del premio Ortega y Gasset 2021, Carlos Fernando Chamorro Barrios, quien sufrió dos confiscaciones por parte del régimen, dijo el fin de semana que Cristiana se encuentra en “buen estado de salud” y que hasta el momento “la han tratado bien”, aunque reconoció que se siente “muy preocupado por la situación que ella está atravesando”.
El Ministerio Público de Nicaragua acusó a Chamorro -hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997)- por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
La Fiscalía del régimen sandinista también solicitó la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup, “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”.
Tres días después, el pasado 5 de junio, otro aspirante a la presidencia, Arturo Cruz, fue retenido el sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, cuando regresaba de una gira por Estados Unidos.
“Fue detenido (…) y está siendo investigado por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, indicó el Ministerio Público en un comunicado, en el que detalló que la detención se realizó de acuerdo con la ley número 1055 “de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación”.
En una nueva embestida contra la oposición, el régimen de Ortega detuvo este martes al dirigente opositor y candidato presidencial Félix Maradiaga Blandon.
En un comunicado, la Policía Nacional informó que Maradiaga Blandon fue acusado de una serie de delitos como “desestabilización”, “proponer bloqueos económicos”, “aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua” y “lesionar los intereses supremos de la nación”.
Maradiaga, un académico y activista, fue detenido después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, por lo que, según dijo a los periodistas, estaba preparado para lo que viniera.
El opositor fue director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), una organización allanada en septiembre de 2019 y a la que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, le retiró la personalidad jurídica.
De esta forma, Maradiaga se convierte en el tercer aspirante a la Presidencia por la oposición investigado y detenido a falta de cinco meses para que se celebran las elecciones generales, en las que el dictador del país, el sandinista Daniel Ortega, busca una nueva reelección.
Juan Sebastián Chamorro es otro funcionario opositor que denunció haber sido informado de tener “casa por cárcel hasta nuevo aviso”, pese a que no tiene acusaciones en su contra.
Otros aspirantes a la Presidencia, como el campesino Medardo Mairena, el afrodescendiente George Herníquez Cayasso, el periodista Miguel Mora, la doctora María Eugenia Alonso, y el líder ex contra Luis Fley han denunciado ser objeto de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional.
El mes pasado, la legislatura de Nicaragua nombró a una mayoría de magistrados alineados con el partido gobernante para el organismo electoral que supervisará las elecciones. Desde entonces ha descalificado a dos partidos.
En diciembre, la legislatura aprobó una ley que, según los críticos, tiene como objetivo evitar que los políticos de la oposición se presenten a las elecciones.
Esta ola de detenciones arbitrarias provocó una fuerte condena de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, que ya adelantó que prepara nuevas sanciones contra el régimen de Ortega.
En un comunicado, el Departamento de Estado sostuvo que la detención de Chamorro “es un abuso de sus derechos, y representa un ataque a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas”.
Este martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió “la liberación inmediata de Félix Alejandro Madariaga Blandón”, así como también lo hizo la semana pasada en los casos de Chamorro y Cruz. El ex canciller uruguayo indicó que “el régimen de Daniel Ortega debe cesar las violaciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana”.
El fin de semana, durante la misa dominical, el que se manifestó fue el Cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, quien pidió al país orar para que los jueces tomen decisiones “apegados a la verdad”, en referencia al caso de Chamorro Barrios, a quien sin embargo no mencionó.