A la única otra mujer trans que vivió en el pueblo donde Esperanza* nació, la mataron a machetazos.
Por Alejandro Arredondo / Voz de América Noticias
Conociendo esa historia —sobre cómo acabó la víctima con 22 heridas en todo el cuerpo—, la hondureña empezó su transición a los 17 años, dos después de que su familia la echara de casa por ser quién era.
Fue entonces cuando empezaron el acoso, los gritos, los insultos, los abusos. No podía quedarse mucho tiempo en un sitio porque llegaban hombres a perseguirla, a vigilarle y en dos ocasiones, a intentar quitarle la vida a ella también.
Tuvo que mudarse de ciudad cinco veces, sin encontrar un sitio donde pudiera vivir tranquila. La estocada final llegó cuando, en el lugar donde se estaba quedando, llegaron a buscarla personas que -asegura- estaban involucradas en el tráfico de drogas.
“Era para asesinarme, para hacerme daño, para desaparecerme. [Yo] no hacía nada. Sólo por el hecho de ser una chica trans”, contó. Esperanza decidió empacar sus maletas e irse al norte, primero a México, donde pasó dos años y luego, desde hace dos meses, a Estados Unidos.
“Si yo me hubiera quedado más tiempo en Honduras, ya no viviera. A mi me hubieran asesinado”, dijo la joven, sentada en el césped frente a la casa de acogida para personas LGTBQ+ al sureste de Washington D. C., donde vive ahora.
En el Triángulo Norte —Honduras, Guatemala, El Salvador— una de las regiones con la mayor tasa de homicidios del mundo, las personas LGBTI se enfrentan a una amenaza específica: son objeto de distintos tipos de violencia por su orientación sexual o identidad de género, que van desde agresiones físicas, hasta violencia sexual o incluso la muerte, según describe un informe de Amnistía Internacional.
No existen muchas cifras oficiales sobre la violencia contra la comunidad LGTBI en la región, por lo que se recae en datos recopilados por organizaciones en defensa de los derechos de la población.
Entre el 2014 y el 2018, se reportaron 203 asesinatos a personas LGTBI en los tres países: 73 de ellas —es decir, más de un tercio—fueron mujeres trans, según datos de una alianza de 10 organizaciones en toda Latinoamérica, Honduras fue el país donde más homicidios se reportaron, solo superado por Colombia.
A pesar de que en El Salvador y Honduras (más no en Guatemala) existen algunas leyes que penalizan la discriminación o agravan las condenas en los crímenes hacia la comunidad LGTBI, organizaciones de derechos humanos han denunciado que los gobiernos no han hecho lo suficiente para abordar la violencia.
La violencia y discriminación son responsables de que la esperanza de vida para las mujeres trans en Latinoamérica sea de 30 a 35 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante este panorama a muchas, como a Esperanza, no les queda otro camino que huir. De sus casas, de sus ciudades, de sus países de origen.
“Las personas transgénero tiene más probabilidades de [ser forzadas] a escaparse que las personas que no son transgénero”, explicó a la Voz de América Rodrigo Heng-Lehtinen, vicedirector ejecutivo del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, una organización basada en la capital de EE. UU.
“Ser [trans] en algunas partes de Centroamérica es peligroso (…) y no hay nada que puedas hacer al respecto, porque no puedes dejar de ser trans. No es algo que hiciste, es quién eres”, agregó el activista.
La discriminación “se intensifica al migrar”
Esperanza cruzó la frontera entre México y EE. UU. en abril de este año; solicitó asilo y, dos meses después, dice sentirse “liberada”.
Sin embargo, el camino para llegar aquí—en especial el tiempo que pasó en México—no fue fácil. Su mirada se pierde cuando habla de Tijuana y Ciudad Juárez, donde vivió por varios meses buscando trabajo en lo que pudiera: limpiando, ayudando en restaurantes.
“México fue igual que Honduras, no fue un país seguro para mi (…) sufrí acoso por parte de la policía, por los carteles”, dice. Lo que más la afectó, expone, fue estar sola y escuchar día tras otro las noticias de asesinatos a mujeres trans allí.
Intentó cruzar la frontera dos veces y a la tercera, por la ciudad de Tijuana, dice que se lanzó a correr, porque sabía que estaba arriesgándolo todo al quedarse en México.
“La discriminación [que ya de por si] sufren las personas trans se intensifica al migrar, cuando estás en una situación vulnerable como estar en un país extranjero”, explicó a la VOA Heng-Lehtinen.
No hay datos oficiales que estipulen la cantidad de personas LGTBI que solicitan asilo en Estados Unidos cada año. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles — usando datos de las entrevistas iniciales que realizan las autoridades migratorias—estima que se presentaron 11.400 solicitudes de asilo en EE. UU. en base a estatus LGBTI entre 2012 y 2017.
Más de la mitad (51%) de las solicitudes encontradas por el estudio eran de ciudadanos del Triángulo Norte y un 12% de mexicanos.
La ley estadounidense concede asilo a personas con base en la persecución o el miedo de persecución debido a la “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política”. Las cortes federales han reconocido que la orientación sexual y la identidad de género entran dentro de la categoría de pertenencia a un grupo social.
El presidente Joe Biden, en un memorando del cuatro de febrero, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) —encargado de la migración—y al Departamento de Estado “mejorar sus esfuerzos” por asegurar que los refugiados y solicitantes de asilo LGTBI tengan acceso a “protección y asistencia” igualitaria.
También ordenó a ambas agencias a asegurarse que su personal tenga el entrenamiento adecuado para “identificar y responder” a las necesidades de los refugiados y solicitantes de asilo LGTBI.
Activistas piden más acciones al gobierno para proteger refugiados y asilados LGTBI
Grupos en defensa de los derechos humanos, no obstante, piden al gobierno Biden hacer más para proteger a los solicitantes de asilo y refugiados LGTBI.
“Ahora en el mes del orgullo [gay] en el gobierno todo el mundo pone su bandera y habla del orgullo y dice que ‘somos aliados’, pero ¿cómo?”, dijo a la VOA Tania Cordova, directora de servicios legales de Casa Ruby, un centro en Washington D. C. dedicado a apoyar a jóvenes LGTBI.
Cordova también trans y migrante: llegó a Estados Unidos en 1985 huyendo de la misma violencia y acoso que Esperanza. Durante su travesía por el sistema migratorio, dijo haber estado en centros de detención para migrantes tres veces. “En [los centros] las condiciones [para las mujeres trans] son violentas”, aseguró Cordova.
En los últimos años, se han denunciado casos de abuso en los centros de detención hacia mujeres trans y dos de ellas murieron en custodia de ICE Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el 2019 y el 2018, según informes de la misma agencia.
A pesar de ser solo el 0.14% de las personas en custodia de ICE, los individuos LGTBI son víctimas del 12% de los casos de abuso sexual y físico en los centros de detención, según datos de la ONG Humans Rights Campaign.
Esperanza contó a la VOA que fue puesta en aislamiento solitario durante parte de los cuatro días que estuvo en un centro de detención, una práctica que de acuerdo con la organización Human Rights Watch es aplicada en mayor medida a las mujeres trans.
A miles de kilómetros de la frontera, la hondureña lleva el pelo por debajo de los hombros, con un degradado rubio, delineador negro —a lo Amy Winehouse— en los ojos y labial rosa.
“En dos ocasiones [en Honduras] me tocó cortarme mi cabello para obtener un empleo (…) fue un trauma horrible vestirme y tener que hablar como niño”, recuerda.
[*Para este reportaje protegemos la identidad de Esperanza por razones de su seguridad]