Una de cada tres niñas y adolescentes venezolanas refugiadas en países de la región han abandonado sus estudios tras emigrar, según un informe de Plan International que alerta también de la falta de cobertura de otras necesidades básicas, como la alimentación.
Por europapress.es
La ONG ha entrevistado en Colombia, Ecuador y Perú a más de 450 niñas y jóvenes de entre diez y 19 años, para elaborar un estudio, ‘Niñas Venezolanas: Voces de la migración. Estudio en Colombia, Ecuador y Perú’, con el que expone que las carencias de los migrantes venezolanos se han agudizado a raíz de la pandemia de COVID-19.
La educación es una de las grandes perjudicadas, por distintos motivos. Un 28 por ciento de las entrevistadas asegura que ha dejado los estudios por la falta de documentos, el 20 por ciento porque “no hay cupo”, el 15 por ciento porque ya tiene un hijo y el 13 por ciento debido a la pandemia.
Una de las adolescentes entrevistadas en Quito explica que su intención era seguir estudiando, pero la realidad económica de su familia lo hizo inviable. “Mi mamá no puede sola (…) Tengo que dejar los estudios para ayudar a mi hermana, igual que a mi mamá”, cuenta a Plan.
Para otras muchas, el aula es sinónimo de estigma, como advierte una adolescente de 15 años residente en el municipio colombiano de Soledad. Afirma que la primera vez que fue a clase sus compañeros la llamaron ‘veneca’, el término despectivo para los migrantes venezolanos: “Se burlaban de mí y me decían que era una muerta de hambre”.
FALTA DE COMIDA
Por otra parte, un 84 por ciento reconoce que se han preocupado en algún momento por la falta de comida y un 44 por ciento señala que se ha ido a la cama con hambre y ha tenido que pedir limosna o comida que se había tirado, recoge el informe, presentado con motivo del Día Mundial del Refugiado este domingo.
Plan International, que trabaja brindando asistencia a la que está considerada la segunda peor crisis migratoria del mundo –solo por detrás de Siria–, ha instado a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú que adopten políticas públicas que protejan los derechos de las niñas a nivel jurídico y que materialicen la recuperación de sus derechos.
La directora general de la ONG en España, Concha López, ha subrayado que “es necesario que todas las partes implicadas trabajen unidas para proteger los derechos de las niñas y adolescentes migrantes, garantizando su acceso a una educación completa, es decir, gratis, inclusiva y de calidad”.