El presidente del comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Bob Menendez, impulsa una ley en el Congreso norteamericano para que la administración de Joe Biden aumente su presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que en las últimas semanas avanzó con la persecución a dirigentes opositores que podrían competir con él en las elecciones presidenciales de noviembre de este año.
Por Infobae
En un comunicado, Menendez informó que sumó el apoyo de los senadores Marco Rubio, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy y se resaltó que la ley que impulsa que los Estados Unidos alinee “estratégicamente las herramientas diplomáticas, incluidas las sanciones selectivas, para impulsar las elecciones democráticas en Nicaragua en noviembre de 2021?.
La ley, que está titulada Refuerzo de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER, por sus siglas en inglés), “propone nuevas iniciativas para supervisar, informar y abordar la corrupción del gobierno y la familia del presidente nicaragüense Daniel Ortega, así como los abusos de los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad nicaragüenses”.
“La Ley RENACER también requiere que el gobierno de Estados Unidos aumente las sanciones a los actores clave del régimen de Ortega y amplíe la coordinación con Canadá y la Unión Europea. El proyecto de ley pide al poder ejecutivo que revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA)”, se explicó en un comunicado del comité de Relaciones Exteriores del Senado.
En tanto, “el proyecto de ley requiere un aumento de los informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua y una revisión de las ventas de armas rusas a Nicaragua para posibles sanciones en virtud de la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (CAATSA). Tras la aprobación de hoy por parte de la comisión, la legislación se dirige ahora al pleno del Senado para su consideración”.
“Mientras continúa persiguiendo descaradamente a los líderes de la oposición, al sector empresarial de Nicaragua y a sus líderes de la sociedad civil, la desesperación de Daniel Ortega por mantenerse en el poder le ha costado cualquier resto de legitimidad que tuviera a los ojos de la comunidad internacional”, apuntó Menéndez.
“Habrá consecuencias para aquellos que intenten robar al pueblo nicaragüense la oportunidad de ejercer su derecho democrático más fundamental a unas elecciones libres y justas”, agregó el legislador demócrata, quien además detalló que la ley RENACER “proporcionará al gobierno de Biden las herramientas diplomáticas necesarias para ayudar a estabilizar la crisis electoral”.
El republicano Marco Rubio, por su parte, señaló que la legislación “exige sanciones contra los funcionarios del régimen de Ortega y una investigación completa sobre el dinero que las Fuerzas Armadas de Nicaragua han invertido en los Estados Unidos”.
“Debe haber responsabilidad para los autócratas latinoamericanos, como el presidente Ortega, que se enriquecen a sí mismos y a sus corruptos facilitadores a expensas de los ciudadanos y de la verdadera democracia”, dijo el senador Durbin, quien al mismo tiempo exigió la liberación de los presos políticos en Nicaragua.
Ben Cardin, en tanto, consideró que el dictador nicaragüense “debe rendir cuentas por sus numerosos actos de represión”, mientras que el senador Murphy afirmó que “la protección de la democracia debe ser fundamental en la política exterior de Estados Unidos.
Minutos más tarde, José Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, celebró la iniciativa del Senado norteamericano. “El comité de relaciones exteriores del Senado de EEUU acaba de aprobar este importante proyecto de ley que busca fiscalizar y sancionar, de forma coordinada con la Unión Europea y Canadá, la corrupción y las violaciones de DDHH en Nicaragua”, indicó en sus redes sociales.
59 países firmaron hoy una declaración conjunta en la que se condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instan a la dictadura encabezada por Daniel Ortega a garantizar elecciones libres y liberar de forma inmediata a los candidatos presidenciales arrestados en los últimos días por el régimen que comanda. México y Argentina -que ayer llamaron a consultas a sus embajadores- no rubricaron el comunicado.
“Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”, señala la declaración firmada por las 59 democracias.
Entre las naciones que firmaron figuran: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos.
El gobierno nortemaericano celebró esta proclama. Julie Chang, secretaria de Asuntos Hemisféricos de la Secretaría de Estado norteamericano señaló respecto al comunicado: “59 países firmaron hoy la declaración, demandando elecciones libres y justas en Nicaragua y la liberación inmediata de los candidatos presidenciales. El coro internacional que condena las acciones de Ortega y Murillo se intensifica cada día más”.