La división del chavismo es evidente. El Gran Polo Patriótico, que aglutina a las diversas agrupaciones de la revolución bolivariana, está fracturado; el único que impone el control es el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lejos de patrones democráticos. Las venideras elecciones, pautadas para noviembre, ha avivado las diferencias internas, por una parte, entre los distintos partidos del GPP y al interior del PSUV, desde que no les permitieron a los partidos más pequeños tener voz en las políticas públicas y alentado por los dos bandos que se disputan el poder: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
Aunque públicamente no reflejan sus diferencias, se ha desbordado la presión interna. El PSUV fue solo a las elecciones pasadas para escoger a la nueva Asamblea Nacional, mientras desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se decidieron maniobras para arrebatarle, a sus líderes naturales, los partidos Patria Para Todos (PPT), Unidad Popular Venezolana (UPV), Tupamaros, cuyo máximo líder fue encarcelado, y a otras organizaciones no les permitieron inscribirse, por lo que terminaron creando la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).
Es así como el PSUV usando al TSJ les aplicaron, a los partidos aliados del chavismo, lo que exactamente también les han hecho a partidos opositores como Acción Democrática (AD), Copei, Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), etcétera.
En todo el país hubo denuncias durante las elecciones internas del PSUV celebradas el domingo 27 de junio.
Caso emblemático fue el del Táchira, un estado de la frontera, que ha sido decisivo para el avance de la guerrilla, la utilización del FAES, la usurpación de las funciones y recursos de la Gobernación, así como el crecimiento del contrabando y el narcotráfico.
El precandidato a la gobernación Leonardo Alí Salcedo Ramírez denunció, en plena jornada electoral interna del PSUV, que a su familia la sacaron del registro electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. “Mi esposa, que está en la data desde el 2016, fue sacada de ahí. Mi hija Natasha Salcedo tampoco aparece. Espero a ver si mi hijo aparece. El único que aparece de mi familia soy yo”.
El candidato está apoyado por la ex ministra de Asuntos Penitenciarios y actual Vicepresidente de la Asamblea Nacional, María Iris Varela Rangel, y por el ex gobernador Ronald Blanco La Cruz.
Salcedo, en clara alusión a su contrincante Freddy Bernal, “el señor que está haciendo eso, que todo el mundo lo sabe, que recoja sus macundales y que sea el único aspirante”, lo señaló de “poner a toda la policía a votar”.
“Lo habíamos mantenido en silencio, pero lo denunciamos, igual ha sucedido con los trabajadores del gas, con todos los trabajadores, los llevan. Ayer estaban sacando carnet en la bomba de gasolina de la Guacara”.
“A ese señor, que está haciendo todo esto, pues que lo nombren de Caracas. Esto es una cosa muy injusta, porque encima maneja los recursos del Estado; yo mantuve silencio hasta el día de hoy, porque con esto es demasiado evidente. Este descaro ya de sacar a la familia de uno y a otros militantes”.
Denunció que en el Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal “de 40 personas que son votos duros, que estaban con nosotros, misteriosamente aparecieron (en los cuadernos de votación) solamente 15 y eso porque no los detectaron para sacarlos. Lamento mucho tener que hacer esta denuncia. ¿Callarla para qué? ¿para que después aparezca festejando una victoria no merecida?”, aseveró Salcedo Ramírez.
Usando a FAES
La Alternativa Popular Revolucionaria (APR) en el caso del Táchira denunció la presión psicológica contra Daniela García, candidata a concejal por la parroquia Pedro María Morantes del municipio San Cristóbal del Táchira; eso fue a raíz de que ella decidió renunciar al PSUV e incorporarse a la APR, que tiene como única tarjeta electoral válida la del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Según denunciaron un grupo de dirigentes de la APR Táchira, a la casa de García se presentó un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), armado y uniformado, para persuadirla que se sumara al equipo electoral de Freddy Alirio Bernal Rosales, quien no solo es diputado desde las elecciones de hace unos meses, sino que también quiere ser el Gobernador del Táchira.
Bernal, quien es policía, y fue impuesto por el dedo de Nicolás Maduro, quien le inventó el cargo de “protector del Táchira”, maneja las FAES en el estado y las ha usado para amenazar y amedrentar a periodistas, opositores y ahora a los miembros del chavismo que no lo apoyen en sus aspiraciones presidenciales.
No es solo que Bernal Rosales use al FAES y a la administración de justicia para causar terror, presione con el acceso a beneficios como gas doméstico, combustible, tránsito por las vías, sino que también ha sido determinante para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reciba apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en lucha contra los paramilitares por el control del territorio en la frontera.
El brazo armado de Bernal en Táchira es el FAES, organismo con antecedentes en violación de derechos humanos, asesinatos, desapariciones extrajudiciales, amenazas y abuso de poder.
La APR considera que la acción de FAES contra la candidata Daniela García, una joven que además está embarazada, incurre en varios delitos: “Violación a los derechos de la mujer y de la familia. Se trata de un funcionario de un cuerpo policial del Estado que ha sido utilizado, con fines políticos partidistas, por parte del PSUV”.
Describe a las FAES como “un cuerpo policial con un historial oscuro que ha representado violación de derechos humanos, comisión del delito de extorsión, secuestro, extorsión, hurto y se ha convertido en un cuerpo paramilitar del PSUV”.
Dirigiéndose a Bernal le dicen: “Lo hacemos responsable a usted, al FAES y a esta dirigencia corrupta de lo que pueda pasar con la integridad física y psicológica de nuestra candidata Daniela García, de cualquier miembro de su familia o de este equipo político”.