La comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil aprobó este miércoles convocar al diputado Ricardo Barros, jefe del Gobierno de Jair Bolsonaro en la Cámara Baja y sospechoso de corruptelas en las negociaciones para la compra de la vacuna india.
La comisión también convocó a un exalto cargo del Ministerio de Salud, cesado en la noche del martes después de que el diario Folha de Sao Paulo publicara un reportaje en el que se le acusa de pedir sobornos a un intermediador, en el marco de una supuesta negociación para adquirir vacunas de AstraZeneca/Oxford.
Asimismo, los senadores decidieron volver a llamar al diputado Luis Miranda, quien la semana pasada declaró que alertó personalmente al presidente Bolsonaro en marzo de las supuestas irregularidades con la vacuna india y el mandatario le mencionó entonces que eso era un “rollo” de Barros.
Barros, quien fue ministro de Salud entre 2016 y 2018, durante la gestión del expresidente Michel Temer y que continúa como jefe del grupo oficialista en la Cámara de los Diputados, ha negado todas las acusaciones.
La cúpula de la comisión que investiga en el Senado posibles responsables en el agravamiento de la pandemia de la covid-19, que ya ha matado a más de 515.000 brasileños, ha puesto su foco ahora en las sospechas de corrupción que rodean al Gobierno de Bolsonaro en torno a las negociaciones para la compra de vacunas.
“El foco ahora es la investigación sobre las vacunas”, aseveró este miércoles el presidente de la comisión sobre la covid, el senador Omar Aziz.
En el caso de la vacuna elaborada por la empresa india Bharat Biotech se investigan posibles fraudes en el contrato que preveía la adquisición de 20 millones dosis de esa fórmula a un precio total de 320 millones de dólares.
Por esas presuntas irregularidades, el Ministerio de Salud decidió suspender en la víspera ese contrato hasta que se esclarezca el asunto.
Entre otros puntos sospechosos, en la negociación se acordó que una firma con sede en Singapur debería recibir parte del pago aunque no figuraba en el contrato.
Además, en las tratativas participó como “intermediario” Francisco Maximiano, un empresario brasileño investigado por corrupción y dueño de una empresa que ya “vendió” al Gobierno medicamentos que jamás entregó.
El asunto ha salpicado a Bolsonaro, quien ha sido acusado por senadores de la oposición de un presunto delito de prevaricación al ser advertido en marzo por el diputado Miranda de esas sospechas y, al parecer, no ponerlo en manos de la Policía para su investigación.
EFE