Ya se sabe que la cabeza del actual régimen goza de una reconocida fama como manipulador y practicante de la mentira, haciendo uso de algo que está en los genes del chavismo. Eso lo conocemos todos en este país y desde el principio. Pero bastaría por ahora recordar su compromiso incumplido de recontar los votos en las elecciones que le disputó Capriles Radonsky en 2013 y también el reciente episodio de las vacunas contra el Covid19 que anunció haber comprado en diciembre pasado y que, según prometió también entonces, se iban a aplicar a partir de marzo. Ya sabemos que todo ha sido una burda mentira.
Pero todavía hay ingenuos que le creen las mentiras. He visto en las redes sociales a algunos opositores “comeflores” saludando esta nueva mentira de la eliminación de los fulanos “protectores”, argumentando que la misma, junto a la anterior de “ampliar” las condiciones electorales, desbrozan el camino hacia unas elecciones “medianamente” libres y transparentes. Uno, en realidad, no sabe si quienes opinan así son pendejos de verdad o se hacen. Ya se sabe también que los cínicos nunca faltan, y estos –“alacranes” o “votocomosea”– también elogian el anuncio de Maduro, sin importar la inconstitucionalidad de la medida, frente a la cual muchos han callado.
En cuanto a la ampliación de las condiciones electorales ya señalamos nuestra opinión la semana anterior. Baste al respecto repetir dos cosas: una, que en esa declaración de Maduro lo más importante es el reconocimiento indirecto de que las condiciones electorales actuales son restrictivas e insuficientes. Dos, que esa oferta, viniendo de quien viene, revela que no estamos en un Estado de Derecho, pues se arroga atribuciones de otros Poderes Públicos, cuando lo básico es que debería existir separación y respeto entre ellos, de acuerdo con la Constitución Nacional.
Por lo que respecta a la promesa de eliminar los fulanos “protectores”, aquí el quid de la cuestión es que el chavomadurismo nunca ha creído en la descentralización, la desconcentración y regionalización como pivotes del Estado federal que deberíamos ser, según el Artículo 4 de la Constitución que ellos mismos elaboraron y aprobaron en diciembre de 1999. Sin embargo, esa disposición constitucional, como casi todas las demás, se la guardaron en “el bolsillo de atrás”, como gustaba decir a su extinto jefe en sus larguísimas chácharas por radio y televisión.
Resulta obvio que cuando aprobaron la actual Carta Magna, Chávez y su cúpula no podían echar para atrás una conquista histórica y trascendental como la elección de gobernadores y alcaldes, iniciada en 1989, luego de que los principales candidatos presidenciales en 1988 –Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández– la enarbolaron como una de sus promesas fundamentales. Esa experiencia resultó exitosa entre 1989 y 1999, por cuanto creó un nuevo balance de poderes al ampliar las competencias de estados y municipios, fortalecer su autonomía política y financiera y consolidar los liderazgos regionales.
Todos estos logros fueron anulados escalonadamente por Chávez desde los mismos inicios de su régimen. La razón era obvia: un régimen presidencialista, autoritario y militarista no puede aceptar el sistema federal, sustentado en la regionalización y la desconcentración mediante la ampliación de las competencias regionales y municipales. Por esa razón crearon los “protectorados” y las nuevas zonas militares, especies de virreinatos dirigidos por generales, con lo cual han establecido una inconstitucional redistribución del poder, ninguneando a sus propios gobernadores y aún más a los provenientes de la oposición.
Faltaría ahora saber cómo la ley del Poder Comunal podría modificar esa situación, por lo que respecta a los virreinatos militares, y si estos estarían dispuestos a ceder su poder ante los comisarios políticos y los concejos comunales a crearse en sustitución de los actuales gobernadores y alcaldes.
Por eso hoy las gobernaciones y alcaldías han terminado siendo unos parapetos sin poder alguno, carentes de recursos presupuestarios suficientes, desmanteladas en su gran mayoría y cuyos titulares son unos “jarrones chinos” que, si acaso, son simples ordenadores de pago de los sueldos de hambre de sus empleados y trabajadores. Esto quiere decir que esas elecciones no van a resolver ningún problema. La solución sólo es posible mediante el cambio del actual régimen.
Lo grave es que hay opositores que, aun así, quieren ser candidatos a gobernadores y alcaldes –lo cual no sería grave, en realidad– ofreciendo, y esto sí es gravísimo, promesas incumplibles dada la situación ruinosa de gobernaciones y alcaldías, tratando de animar un carnaval de demagogia y de mentiras que, a la postre, puede terminar por aumentar aún más el estado de desaliento, decepción y frustración de amplios sectores de la población.
Por desgracia, hay gente que le encanta escuchar “cantos de sirena”, así sea para satisfacer sus egos o recoger algunas migajas que caigan de la mesa del poder.
P.S: Terminando estas líneas se anuncia que se permitirá otra vez la participación de la tarjeta electoral de la MUD, secuestrada hace años. La pregunta obvia sería la de quién es ahora su titular jurídico.