Un grupo de constituyentes ligados a las protestas sociales de 2019 en Chile irrumpieron este domingo en el acto inaugural de la redacción de la nueva Carta Magna exigiendo el cese de la represión policial y pidiendo liberar a manifestantes detenidos, lo que obligó a suspender temporalmente la cita.
“Queremos hacer una fiesta de la democracia y no un problema, vamos a suspender la sesión por breves minutos”, afirmó la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares.
Al grito de “No más represión”, varios constituyentes se negaron a sentarse mientras sonaba el himno, al inicio de la ceremonia de la primera sesión de la convención, como muestra de apoyo a cientos de personas que se manifestaban a las afueras del antiguo Congreso Nacional y que fueron dispersados por la Policía.
“Tenemos familiares que han venido a acompañarnos y que están siendo reprimidos por la Policía. En el momento más hermoso de nuestra historia, nuevamente el Estado se comporta pésimo”, afirmó la constituyente Elsa Labraña de la Lista del Pueblo, un grupo de ciudadanos independientes de izquierdas.
“No vamos a empezar la ceremonia hasta que no nos aseguren que afuera no se dejó de reprimir a nuestro pueblo”, agregó la mujer, que salió a apoyar la marcha.
Horas antes, cientos de personas, entre indígenas, estudiantes, profesionales y sindicalistas, se congregaron en diversos puntos de la capital para celebrar el inicio de la convención en ambiente festivo, aunque se produjeron algunos disturbios que la Policía trató de dispersar con carros lanza-aguas y botes de gas.
“Chile cambió y no podemos ser hipócritas. No podemos estar dentro de la convención haciendo como si no pasa nada mientras afuera la Policía reprime a la gente”, agregó el abogado Daniel Stingo, otro de los 48 constituyentes independientes.
La idea de redactar una nueva Carta Magna se gestó en 2019, como un acuerdo entre los partidos políticos para tratar de amainar la mayor crisis social en tres décadas de democracia, que estalló con masivas marchas por un modelo socioeconómico más justo y que dejó al menos una treintena de fallecidos y miles de heridos.
Otra de las demandas de algunos constituyentes es conceder indultos a todos los detenidos durante esa grave ola de protestas. Según la Justicia, en enero de 2021, 26 personas seguía en prisión preventiva después de más de un año.
Este domingo, el órgano, compuesto por 155 personas, de forma paritaria -algo inédito en el mundo- y con 17 representantes de pueblos indígenas, deberá elegir a su mesa directiva y a partir de ahí, tendrá hasta un año para redactar la primera Constitución que emanará de un proceso plenamente democrático en la historia de Chile.
El nuevo texto, que deberá refrendarse en otro plebiscito en 2022, sustituirá al actual, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y criticado por muchos por su corte neoliberal.
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