Tarek William Saab dijo este lunes que el chavismo presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI), su versión de la petición de control judicial como forma de “pedirle cacao” a la organización internacional.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP) secuestrado por el chavismo, el documento presentado “demostrará que los argumentos jurídicos en los que se basó la petición de control judicial justifican suficientemente el requerimiento”.
A continuación, el comunicado emitido por el MP:
Venezuela presenta, sin esperar el plazo otorgado por la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI, la versión editada de la petición de control judicial
El pasado 9 de julio, la República Bolivariana de Venezuela presentó, a través de la Misión permanente ante la CPI, el documento reclamado por la Sala de Cuestiones Preliminares I en sus resoluciones de 14 de junio y 2 de julio. Dichas resolución solicitaban aportar, antes del 21 de julio de este año, una versión pública editada de la petición 46.2, para salvaguardar datos personales y añadir más y mayor transparencia al proceso del Examen Preliminar que afecta al país.
En lo que nos parece una decisión acertada, estamos convencidos de que este documento demostrará que los argumentos jurídicos en los que se basó la petición de control justifican suficientemente el requerimiento y frecen elementos clave para normativizar la complementariedad que vienen demandando las autoridades venezolanas. Estamos convencidos que del debate que pueda surgir tras la publicación de este documento, se obtendrán resultados positivos para los demás países que se hallen en una situación similar de falta de interlocución y acceso a los materiales que la Fiscalía maneja en esta fase del procedimiento ante la Corte Penal Internacional.
En este sentido, nos remitimos también a la importante afirmación de la mencionada Sala al destacar, en sus resoluciones, la “indiscutible proactividad de Venezuela en la prestación de una cooperación fructífera” con la Fiscalía en dicho examen preliminar, reiterando, además, a esta última que cumpla “con su deber de mantener un diálogo significativo con Venezuela”.
En esta presentación, nuestro país ha querido contestar de igual modo a las alegaciones que la anterior fiscal de la CPI hizo ante la Sala de Cuestiones Preliminares I y que se incluyeron en una entrevista, en la que afirmaba que mantenía un diálogo con nuestra delegación con “al menos siete reuniones en persona entre el Fiscal y la Embajadora Representante Permanente de Venezuela en La Haya”. Hay que dejar claro que dichas reuniones, no se trataron en ningún caso de diálogos sustantivos en el marco de la complementariedad positiva, ya que en ninguna de ellas se produjo algún tipo de orientación o indicación por parte de la Fiscalía sobre las investigaciones o sobre reformas o medidas a aplicar en Venezuela, limitándose a la recepción de toda la información suministrada por el Ministerio Público y aplazando cualquier diálogo a una fase posterior de investigación. Por ello, y en línea con las resoluciones de la Sala de Cuestiones Preliminares, el Estado Venezolano reitera su disposición a entablar el diálogo sustantivo y bilateral.
Por último, el Ministerio Público de Venezuela ofrece a todas las personas afectadas, la posibilidad de acceder a la información que precisa y promover las acciones pertinentes para proteger sus derechos a través de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos.
