En una granja no muy lejos de la ciudad donde las protestas de Cuba estallaron por primera vez este mes, los investigadores de la policía llevaron a cabo el verano pasado una importante operación encubierta. Su objetivo no era un activista disidente, sino un lechero apodado El Rey del Queso. ¿Su delito? Dirigir una fábrica clandestina que producía trozos de queso del tamaño de un neumático para su venta privada en La Habana. Las autoridades arrestaron al Rey, confiscaron cientos de kilos de queso amarillo y produjeron un reportaje sobre la redada en la televisión estatal cubana en el que se le presentaba como un villano.
Por Nick Miroff | The Washington Post
Traducción por Infobae
“Entregaba este queso todas las semanas”, dijo a las cámaras Dailyn Valdés Pérez, teniente primero de la división de Delitos Económicos del Ministerio del Interior, describiendo el negocio como si fuera una red de narcotráfico.
Las autoridades comunistas de Cuba han tratado durante décadas a los empresarios privados como una amenaza que hay que contener, no fomentar. Mucho después de que China y Vietnam adoptaran las reformas de mercado, utilizando la prosperidad material para reforzar el régimen autoritario, Cuba se ha aferrado a un modelo económico basado en la planificación centralizada y el control estatal.
Las protestas del 11 de julio que sacudieron a los gobernantes cubanos mostraron que ese modelo podría ser su mayor vulnerabilidad, ya que sus débiles cimientos se ven aún más erosionados por el embargo estadounidense de décadas, las sanciones adicionales de la era Trump y ahora la pandemia del coronavirus. La economía del país se contrajo un 11% el año pasado, según datos del gobierno. Los cubanos pasan horas en colas para comprar productos básicos que apenas pueden pagar. Los hospitales se han visto desbordados por los pacientes de coronavirus, y los medicamentos escasean. Los cortes de electricidad están convirtiendo el sofocante calor del verano en una mecha explosiva.
“A menos que el gobierno haga cambios profundos, creo que la gente volverá a tomar las calles”, dijo Camilo Condis, un empresario cubano y defensor de los negocios que presenta el podcast El Enjambre.
Condis dijo que ha estado esperando que el gobierno avance con las reformas prometidas desde hace mucho tiempo que permitirían a las pequeñas y medianas empresas privadas, aunque sólo en ciertos sectores autorizados por el gobierno.
“Es un primer paso esencial”, dijo en una entrevista desde La Habana. “Y si no lo toman, están cavando su propia tumba”.
Muchos de los manifestantes y sus partidarios insisten en que exigen libertad, no sólo comida. Los llamamientos a la democracia y a un cambio político radical han surgido de una gama más amplia de cubanos que están cada vez más dispuestos a desafiar al gobierno.
Pero al igual que en otros episodios anteriores, poco frecuentes, de disturbios civiles en la isla, es la miseria económica, especialmente la escasez de alimentos y los cortes de electricidad, lo que ha hecho que los cubanos salgan a la calle. Quienes presionan al presidente Joe Biden para que endurezca las sanciones económicas de Estados Unidos insisten en que son las mejores herramientas para mantener la presión.
Desde el 11 de julio, las autoridades han reprimido con brigadas de comandos policiales y agentes de paisano que empuñan porras, han encerrado a activistas y manifestantes y han interrumpido el acceso a Internet. La mayor parte de la actividad de protesta ha sido reprimida, pero las perspectivas económicas del país siguen siendo tan sombrías que las manifestaciones podrían estallar de nuevo en cualquier momento, sobre todo si las condiciones siguen deteriorándose.
Las nuevas medidas de liberalización podrían aliviar un poco la situación, “pero no hay forma de cambiar las cosas a corto plazo”, dijo un economista cubano que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a ser citado.
Los funcionarios de Biden anunciaron el jueves nuevas sanciones contra militares y funcionarios de seguridad cubanos que, según dijo, estuvieron involucrados en abusos de los derechos humanos durante las protestas. “Esto es sólo el comienzo”, dijo Biden en un comunicado. “Estados Unidos continuará sancionando a los individuos responsables de la opresión del pueblo cubano”.
La administración dijo esta semana que también ha puesto en marcha un grupo de trabajo para estudiar el impacto potencial de la flexibilización de las restricciones estadounidenses sobre las remesas de dinero en efectivo enviadas por los cubanos en Estados Unidos a sus familias en la isla. La administración Trump prohibió el año pasado las transacciones financieras que involucran a Fincimex, la firma con vínculos con el ejército cubano que procesa los pagos. La medida llevó a Western Union a cerrar más de 400 oficinas en toda la isla que durante años habían sido un salvavidas para millones de cubanos.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la administración está estudiando formas de permitir a los cubanos reanudar el envío de dinero que “garanticen que los fondos lleguen a manos del pueblo cubano, asegurando al mismo tiempo que no vayan, por otro lado, a las arcas del régimen.”
Los republicanos cubanoamericanos, como el representante Mario Díaz-Balart de Florida, se oponen a que se reanuden las transferencias, diciendo que eso debilitaría las sanciones y lanzaría un salvavidas a la economía. “Lo que todo el pueblo cubano necesita es que Biden lidere una campaña internacional por su libertad inmediata y proporcione un acceso a Internet que no pueda ser bloqueado por la dictadura”, escribió en Twitter.
La presión de la pandemia ha caído con fuerza sobre los millones de cubanos que dependen de las propinas de los turistas y del dinero enviado por sus familiares en el extranjero. Los balnearios cubanos, populares entre canadienses, europeos y cubanoamericanos, están prácticamente vacíos. Las restricciones de los vuelos como consecuencia de la pandemia han cortado el flujo de bienes y dinero en efectivo que llevaban en sus maletas los viajeros cubanos y los cubanoamericanos de visita.
A pesar de la campaña gubernamental de vacunación con vacunas de fabricación cubana, el número de casos de coronavirus registrados en el país es ahora uno de los más altos per cápita de América Latina. Si el esfuerzo no logra controlar el virus, el país se enfrenta a la amenaza de otra temporada turística de invierno con hoteles vacíos y escasos ingresos. Se prevé que la temporada de huracanes de este año sea muy activa, y una gran tormenta que deje sin energía eléctrica durante un periodo prolongado agravaría la tensión.
En el pasado, las autoridades cubanas han recurrido a medidas de liberalización de poca monta para calmar la ira de la población. Pero el gobierno siempre ha mantenido al sector privado bajo el pulgar del Estado, y sigue haciendo casi imposible que los empresarios importen y exporten bienes, fabriquen productos o adquieran propiedades comerciales de forma rentable.
Richard Feinberg, profesor emérito de la Universidad de California en San Diego que trabajó en temas de Cuba en el Consejo de Seguridad Nacional bajo el presidente Bill Clinton, dijo que pensaba que el cálculo de las autoridades en la isla podría cambiar después de las primeras protestas espontáneas en toda la isla en seis décadas. “Creo que ha sido una llamada de atención para ellos”, dijo.
“Lo que ha sido notable ha sido el letargo, o la falta de sentido de urgencia, y la inercia en las estructuras burocráticas de allí mientras se acumulaban graves problemas en la red energética y el sector agrícola”, dijo Feinberg. “Se trata de sectores estratégicos, y no se movieron en ellos”.
El precio de esa complacencia se hizo evidente el 11 de julio, dijo. “Uno pensaría que reconocerían que los fracasos económicos son fracasos políticos y estratégicos, y vulnerabilidades”.
Las autoridades cubanas han aceptado públicamente cierta responsabilidad por las condiciones que desencadenaron las protestas, aunque en su mayoría culpan a las sanciones de Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció el martes lo que dijo que eran esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para aislar a Cuba, calificándolos de “maniobras intervencionistas para endurecer el bloqueo alrededor de nuestro país”.
Una de las razones por las que la isla es tan vulnerable a la presión estadounidense es la extrema dependencia del gobierno de los productos importados y del acceso a las divisas necesarias para comprarlos. Productos básicos como el arroz, los frijoles, el café, el azúcar, la leche y la carne de vacuno, que antes producían en abundancia los agricultores privados cubanos, son ahora artículos que el gobierno necesita comprar en el extranjero. El gobierno importa queso de Europa mientras arresta a los agricultores locales, como el Rey del Queso, que intentan producirlo en el país.
Cuba ni siquiera puede criar suficientes pollos para satisfacer la demanda. Mientras las autoridades denuncian las sanciones estadounidenses, gastan las escasas divisas en importar miles de libras de aves de corral congeladas cada año de empresas estadounidenses, lo que convierte a Estados Unidos en uno de los principales socios comerciales del país.
Las autoridades han tomado medidas para permitir que los pequeños empresarios importen productos, pero deben trabajar a través de una empresa estatal que maneja las transacciones y cobra tarifas exorbitantes. A veces, la empresa importadora cubana toma el dinero y luego no paga a la entidad extranjera, dijo Condis. Él es uno de los muchos que piden que las empresas puedan importar y exportar bienes sin que el gobierno les cobre tasas como intermediario.
Una fuente más inmediata de frustración para los cubanos de a pie es el modelo monopolístico de venta al por menor del gobierno, que muchos han llegado a resentir como una presencia parasitaria en sus vidas. Las tiendas de comestibles estatales, el monopolio de la telefonía móvil y las empresas de servicios públicos de las que dependen los cubanos les cobran cada vez más, mientras que los sistemas socialistas de sanidad y educación que las autoridades celebran como sus mayores logros les ofrecen cada vez menos.
Saúl Berenthal, un ex ingeniero de software de IBM nacido en Cuba que regenta un hotel boutique de temática kosher en La Habana, ha estado intentando que el gobierno apruebe su propuesta de crear una planta de fabricación que podría ensamblar tractores baratos para los agricultores cubanos, al tiempo que ofrece una serie de servicios agrícolas para ayudarles a producir más alimentos.
“Han estado tan acostumbrados a importar cosas que han perdido la capacidad de producir por sí mismos”, dijo Berenthal, que salió de Cuba cuando era adolescente, desde su casa en Carolina del Norte. “No creo que puedan permitirse seguir haciéndolo”, dijo.
Lleva seis años intentando conseguir la autorización. Dice que al principio las autoridades le dijeron que los pequeños tractores no cumplían sus normas técnicas. Más recientemente, dijo, han demostrado su interés.