Hoy hace 211 años que celebramos unidos un grito de independencia. Como la hemos tenido, ahora no la valoramos y una minoría violenta quiere romper el equilibrio democrático entre Libertad y Orden, que garantiza equidad y justicia en el ejercicio de la legalidad.
Como hice parte de la directiva de entidades internacionales, no me cuesta reconocer que sus burocracias también se equivocan y son sujeto de contaminación ideológica que desvirtúa su loable propósito. Diga lo que diga la CIDH, el reconocimiento del derecho a la protesta, sin garantía ni penalidad en caso de resultar en un abuso de los derechos fundamentales de todo ciudadano, representa el camino más corto a la Anarquía.
El reconocimiento constitucional del derecho a la protesta pacífica, pierde toda validez cuando está asociada a paros y bloqueos que vulneren otros derechos, afecten la libertad de movilidad y el abastecimiento de bienes y servicios, se efectúen mediante amenazas y actos terroristas, daños a la propiedad pública o privada, agresiones físicas a personas, ataques contra la fuerza pública, violencia ciudadana, vandalismo, asonadas, incendios y destrucción de infraestructura, con las consecuentes pérdidas económicas y en general cuando las protestas resultan asociadas a cualquier acto que sería punible cuando un individuo obra en solitario o por su propia cuenta.
El derecho a la protesta debe estar antecedido del cumplimiento de las obligaciones ciudadanas de acuerdo con la ley. (*)
En medio del lamentable silencio de Gobiernos Democráticos, Organismos y Organizaciones Internacionales, las protestas en Cuba están plenamente justificadas por 60 años de opresión dictatorial comunista y represión de todas las libertades y derechos existentes. Igualmente, representan el último recurso en países como Venezuela y Nicaragua, causadas por décadas de destrucción de valor y valores, se remiten a realidades de descomposición, miseria y empobrecimiento, a manos de regímenes totalitarios disfrazados ideológicamente.
Y estas protestas en contra de las dictaduras, de ninguna forma validan las que se han vivido recientemente en Barcelona, Estados Unidos, Chile o Colombia. Por el contrario, devalúan y desvirtúan la falsa narrativa populista que se le vendió al mundo como un justiciero y loable propósito.
En el caso de las manifestaciones de protesta en Colombia y la violencia asociada a las mismas, se han ignorando todas las reglas de convivencia en pandemia, generando miles de contagios y muertes innecesarias.
El problema de los abusos a las libertades de toda una nación, no es asunto de filosofías ideológicas, ni del grado de qué tan liberal o conservadora sea la forma de pensar de quienes las expresen, son atentados contra los principios que comprenden la legalidad en la que tenemos que convivir como seres civilizados.
En democracia no se vale adoctrinar indefensos por fuera de los valores intrínsecos a la misma. Ni movilizar masas con un discurso engañoso. Menos pagar delincuentes y azuzar inconformes e ignorantes para que con violencia se encarguen de sembrar terror, desconfianza e incertidumbre, destruyan vidas, la economía, bienes e infraestructuras que mantienen las empresas privadas, los empleos y los ingresos de los que dependen los ciudadanos.
Tampoco se vale mentirle al mundo para validar los intereses cobardes del populismo, afines a un socialismo del siglo XXI, que no han podido aceptar que, ni todos podemos vivir del Estado, ni que las organizaciones criminales narco-comunistas, que se quieren tomar el poder por medio de la combinación de todas las formas de lucha, no pueden ser quienes habiendo cometido – crímenes de lesa humanidad participen en el proceso legislativo y de control político democrático.
Criticar es simple. Destruir es fácil. Construir valor, sociedad, cultura y civilización, es tarea para líderes, gobernantes y comunicadores ejemplares. Honremos hoy con respeto la libertad.
(*) Constitución Política de Colombia 1991. ARTICULO 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Luis Guillermo Echeverri Vélez es agricultor colombiano, ganadero, Abogado y Economista Agrícola.
Este artículo se publicó originalmente en El Expediente el 20 de julio de 2021