La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que el 63,01 % de las muertes en las cárceles de Venezuela, durante 2020, estuvieron relacionadas con condiciones de salud, luego de registrar 184 decesos por diversas enfermedades, de un total de 292 fallecidos en los centros penales.
“Las muertes por condiciones de salud representaron el 63,01 % de los decesos, con un total de 184 fallecidos”, dijo el OVP en un informe.
Explicó que esta cifra es un “aumento desproporcionado”, en comparación con el año anterior, pues “solo entre 2019 y 2020, el número de fallecidos por salud se incrementó 178,79 %”.
El OVP precisó que el 85 % de las muertes fueron causadas por tuberculosis y desnutrición, y el resto estuvo asociado a hepatitis, obstrucciones intestinales, diabetes, crisis convulsivas sin tratamiento, entre otros.
Es de resaltar que en todos los casos que fueron documentados por OVP en el año 2020, las personas recluidas carecían de atención médica en los penales, más de un 95 % de los fallecidos estaban desnutridos y un número significante de fallecidos presentó cuadros de desnutrición severa, aun cuando sus causas de muertes fueron otras, apuntó.
Además, la organización señaló que los detenidos también presentaron pérdidas de peso de entre 40 y 50 kilos.
“De la misma forma, se constató que fueron pocos los presos que fueron trasladados a un centro de atención médica, alegando que no había una orden de un tribunal o transporte para tal fin”, añadió.
Asimismo, indicó que las 108 muertes restantes ocurrieron por “episodios de violencia”.
“Tal fue el caso del Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), ubicado en Guanare, estado Portuguesa, donde fallecieron 49 presos y 75 resultaron heridos durante un motín por el ingreso de alimentos”, citó el OVP a modo de ejemplo.
Venezuela tiene una población carcelaria de 40 mil reos, según datos oficiales, y varias ONG estiman que en los centros de detención preventiva hay entre 40 mil y 65 mil más, por lo que denuncian un problema de hacinamiento.
A finales de mayo, el régimen de Nicolás Maduro ordenó la creación de una comisión para resolver la situación en los centros de detención preventiva en un período de 60 días.