La Fiscalía de EE.UU. solicitó, debido a la “inusual complejidad” de los hechos, un mes más de tiempo para la audiencia del exministro boliviano de Gobierno Arturo Murillo en la que se le presentarán formalmente los cargos de soborno y conspiración para cometer lavado de dinero.
Según el documento de la Fiscalía, al que tuvo acceso Efe, la audiencia estaba prevista para el próximo lunes 9 de agosto en una corte de Miami, ciudad de Florida donde el boliviano está detenido desde el pasado 22 de mayo.
Sin embargo, con consentimiento de Murillo, según un documento que se anexó al folio, la Fiscalía pide que la vista sea el próximo 8 de septiembre.
Según la ley, los cargos formales contra un detenido deben presentarse en una audiencia durante los 14 días después de la vista preliminar después de la detención, pero esto puede modificarse con la autorización del detenido.
El documento de la Fiscalía fue presentado el sábado pasado y subraya que la demora favorece a la justicia y también a la defensa, que tendrá mayor tiempo para revisar el material.
La llamada “audiencia de detención” de Murillo, que será presidida por la jueza de Miami Alicia M. Otazo-Reyes, se ha pospuesto ya en tres ocasiones.
El exministro de Interior y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, fueron arrestados en mayo pasado junto con tres estadounidenses y enfrentan cargos de soborno y conspiración para cometer lavado de dinero, según la Fiscalía.
De ser declarado culpable, el exministro enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Las detenciones de Murillo y Méndez, de 51 años, se produjeron los pasados 21 y 22 de mayo en los estados de Florida y Georgia.
La Fiscalía detalló entonces que también fueron detenidos los estadounidenses Luis Berkman, de 58 años; Bryan Berkman, de 36, y Philip Lichtenfeld, de 48, quienes, según la investigación, pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, de Méndez y de otro empleado gubernamental boliviano que no fue identificado.
Según la acusación, los Berkman y Lichtenfeld lavaron los pagos a funcionarios del Gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia para promover el esquema de sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Estos ilícitos, según la Fiscalía, se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, “obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia”.
Se trataba específicamente de un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para enviar al país andino gas lacrimógeno y otros equipos no letales.
También, precisa la denuncia, los tres estadounidenses organizaron el pago de 582.000 dólares en efectivo para Murillo y Méndez.
EFE