Sin colchonetas, sin ventiladores, sin comida y con los televisores destrozados se encontraron los presos que conviven en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Guanare, estado Portuguesa, luego de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hicieran una requisa mientras la población penal asistía a un acto de plan de descongestionamiento judicial.
Los presos de Guanare le manifestaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que se sienten engañados, pues los sacaron la mañana del jueves 29 de julio para un acto donde darían libertades y mientras todos estaban fuera del recinto hicieron la requisa. Denunciaron que destruyeron todos sus enseres, se llevaron ropa y comida y muchos quedaron sin nada, ahora tienen que reponer las colchonetas y muchos no tienen los recursos para hacerlo.
Asimismo, aseguraron que los funcionarios policiales le incumplieron la palabra porque el día miércoles habían preguntado sobre una posible requisa y ellos lo negaron. Los privados de libertad denunciaron además que dentro de la comandancia tenían unos gallos que fueron encerraron en una misma jaula y los animales se mataron entre sí.
En tanto, informaron que cuatro detenidos fueron sacados de sus celdas señalados como los líderes negativos. Según los presos, les habrían sembrado unas armas y granadas que no existían, para no ser investigados en la causa presuntamente le estarían cobrando una alta suma en dólares.
De la misma forma los privados de libertad de la Comandancia General de la Policía de Guanare dicen sentirse engañados porque el jueves 22 de julio recibieron una visita de una diputada que les prometió que el 80% de la población penal de ese recinto saldría en libertad. Allí habían en total 322 detenidos y todos fueron atendidos durante el plan de descongestionamiento realizado ese mismo día.
Durante la revisión, los jueces y fiscales pudieron constatar el retardo judicial. Habían presos que tenían entre seis y hasta ocho años que no eran llevados a un tribunal y ni siquiera habían sido objeto de una audiencia preliminar, por lo que le expresaron que todos tenían las causas caídas, situación que, según les explicaron, les valdría para recibir la libertad.
Denunciaron que en esa comandancia no son trasladados a tribunales porque “todo es un negocio” que presuntamente tienen los funcionarios. En cada salida al tribunal de Guanare les cobran entre cinco y 10 dólares, pero quien debe ser llevado a los tribunales de Acarigua deben cancelar 60 dólares y si están por el estado Lara deben pagar hasta 130 dólares.
Ese mismo jueves, que culminaron la jornada de revisión de expedientes, los presos quedaron muy esperanzados con su libertad, pero una semana después llegó un General indicando que solo fueron aprobadas 42 libertades: sin embargo, todos debían acudir al acto.
La población penal de esa comandancia quedó en 280 privados de libertad. A muchos les corresponden libertades pero no fueron tomados en cuenta, ni siquiera los de los delitos menores o los seis presos con tuberculosis que se encuentran en muy mal estado de salud, cuyos familiares esperaban por una medida humanitaria.
En Carabobo
Por otra parte, el miércoles 28 de julio en horas del mediodía, los presos que se encuentran recluidos en la Policía Municipal de Los Guayos protagonizaron un motín exigiendo ser tomados en cuenta por el plan de descongestionamiento judicial.
Según pudo conocer el equipo de OVP en el estado Carabobo, son 62 presos los que están recluidos en esa comandancia, de los cuales 38 iniciaron una huelga de hambre y sangre para llamar la atención de la comisión de emergencia judicial.
A estas instalaciones se hicieron presentes decenas de funcionarios del Cicpc, PNB, GNB, quienes tras ingresar y controlar la situación, culminaron trasladando a 10 privados de libertad al Internado Judicial de Tocuyito, en el estado Carabobo.
Familiares de estos detenidos denunciaron que con la intervención de los funcionarios los presos trasladados supuestamente fueron golpeados, por lo que temían por su integridad.
De la misma forma, informaron que en esa Policía Municipal se encuentran muchos privados de libertad que tienen su boleta de excarcelación lista y otros hasta con penas cumplidas, sin embargo, no han sido tomados en cuenta por la comisión del plan de descongestionamiento judicial que ha estado en otras sede policiales de ese municipio.
Nota de prensa