La brecha entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid se ha hecho más grande, si cabe, tras las palabras del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, avalando la propuesta de Ximo Puig de subir los impuestos a la capital. “Es algo que se ha estudiado y que tiene mucho sentido”, fueron sus palabras.
Esta mera afirmación en una entrevista de radio ha desencadenado un sinfín de reacciones, sobre todo de miembros del gobierno autonómico, acusando al Ejecutivo de “madrileñofobia” y de “persecución fiscal”, por seguir las peticiones del presidente de la Generalitat Valenciana. Fue Puig quien propuso recientemente un impuesto, u otra “herramienta” de aportación, específico para las rentas altas de la Comunidad de Madrid que compensen los beneficios de la capitalidad frente a otros territorios.
La Comunidad de Madrid presume de recaudar más con impuestos más bajos que en otras autonomías. En concreto, los ciudadanos están casi exentos de pagar impuestos de patrimonio, sucesiones y tienen mejores condiciones en el tramo autonómico del IRPF, por lo que se ha ganado las críticas de barones socialistas como Puig, Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) o Francina Armengol (Baleares) por su “deslealtad” en estas prácticas tributarias.
La Comunidad de Madrid, en cambio, será un muro. La presidenta regional, nada más conocer la propuesta de Puig, ya adelantó que “se rebelará ante los intentos de subir los impuestos a los madrileños”.
Montero rechazó que haya “islas fiscales”
Preguntada sobre esta cuestión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó en una entrevista con Efe que haya “islas fiscales” en España, en referencia a Madrid, pero admitió “que, por el efecto capitalidad, hace que se atraiga una mayor inversión, un mayor volumen de renta, una mayor capacidad recaudatoria, a la que no tienen acceso otras comunidades autónomas”.
La explicación, sin embargo, no convenció en la capital, que no tardó en cargar contra el Gobierno a través de su consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty. El consejero madrileño señaló que gracias a Escrivá, que “siempre se va de la lengua”, por fin se sabe que “es el Gobierno de Pedro Sánchez el que nos quiere poner un impuesto a los madrileños por el simple hecho de ser madrileños y porque no votamos al partido del señor Sánchez”.
El consejero defendió la estrategia recaudatoria de la Comunidad de Madrid, que ha ido configurando durante los últimos 16 años, y aseguró que los impuestos van a “seguir bajando”. En concreto, citó los impuestos sobre la renta y el de sucesiones, tal y como se comprometió la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con los madrileños. “Es lo que vamos a seguir haciendo, por más que el señor Sánchez y a su gobierno lo que les gustaría sería que los madrileños nos friéramos a impuestos como ellos quieren hacer y no vamos a consentir”, ha zanjado.
Desde el PP nacional también ha salido en defensa del gobierno autonómico destacando su “buena gestión” tanto por parte de Ayuso como de Almeida en el Ayuntamiento. A juicio de los populares, el “castigo” a Madrid solo se explica porque gobierna el PP. “Ni rigor, ni seriedad, ni respeto competencial ni institucional. Es un escándalo”, ha denunciado este viernes la responsable de economía del partido, Elvira Rodríguez.
Anticipo de la agenda del Gobierno del próximo curso
El anuncio de Escrivá, no obstante, supone un anticipo de lo que será la agenda del curso próximo curso que empezará en septiembre. El debate sobre la financiación autonómica tendrá su primer hito en el mes de noviembre, cuando Hacienda tiene intención de presentar, después de las reuniones bilaterales que está manteniendo, la definición del criterio de “población ajustada” que se aplicará para repartir los recursos y que tendrá en cuenta elementos como la población, su estructura de edad, la insularidad, la dispersión geográfica, etc.
Así lo confirmó la ministra Montero, que considera que, una vez establecido el criterio, el debate general sobre la financiación autonómica sería el momento “adecuado” para abordar el debate concreto sobre la “armonización fiscal”, que se viene planteando desde distintas comunidades.
“Si somos honestos y nos ponemos de acuerdo en eso, lo que no vale luego es que alguien aplique simplemente el criterio de población y diga, ‘estoy infrafinanciado’, o ‘me han robado'”, añadió.