Nos fuimos de vacaciones con la mima preocupación que hemos vuelto: la luz, por las nubes. Y un gobierno anestesiado que es víctima de su propia medicina: una transición ecológica a ultranza, sin reparar en los costes que tendrá para los ciudadanos.
Sánchez estará preocupado por la negociación de los Presupuestos, la repatriación de los colaboradores españoles de Afganistán ó la devolución de menores a Marruecos. Pero no sé si es consciente del desgaste que sufre su gobierno cada día con los récords sucesivos del recibo de la luz No hay telediario ni programa televisivo en prime time que se resista a conectar con un restaurante o el propietario de una de las peluquerías a las que denegó las ayudas para explicar su indignación, porque la factura energética se multiplica por dos.
Hasta sus socios de Podemos, los ministros Ione Belarra y Alberto Garzón han acudido a una solución radical: acabar por decreto con los llamados dividendos caídos del cielo de hidroeléctricas o nucleares. O lo que aún es peor, nacionalizar la producción eléctrica. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, estuvo tentada de hacerles caso, pero de momento mantiene la prudencia, porque se dio cuenta que ni una cosa ni la otra es posible.
Nacionalizar la generación eléctrica sería retroceder varias décadas en los avances de la economía de mercado. La mayoría de las concesiones hidráulicas no vencen hasta dentro de una década. Pero es que las empresas públicas son mucho más ineficientes que las privadas y sus costes son más elevados, lo que agravaría la situación en vez de solventarla.
La ONU defiende que se prorroguen las nucleares, lo contrario que piden desde Podemos
La comercializadora que creó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está en la ruina, pocos compran sus servicios porque vende la luz más cara que el resto.
Después de todo el esmero que pusieron Ribera y la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, para ofrecer una visión liberal al mundo con la autorización de la opa parcial de IFM sobre Naturgy, la creación de un monopolio púbico daría al traste con sus esfuerzos. Igual que recurrir al Real Decreto para recortar los ingresos de hidráulicas y nucleares, en vez de esperar al trámite parlamentario, haría saltar por los aires la seguridad jurídica, ya muy vapuleada por nuestros gobernantes.
Los hermanos Nadal ya redujeron en la anterior legislatura la retribución de las renovables en una arriesgada maniobra, que aún es objeto de laudos internacionales. Las cuentas no salen. Las eléctricas aseguran que la construcción de las nucleares aún no están amortizadas.
Detrás del recorte a las nucleares está el objetivo con el que sueñan Belarra, Garzón y también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque sea más discreta que el resto: acabar con este tipo de energía nuclear, porque están en contra de sus residuos contaminantes, lo que sería una barbaridad aún mayor.
La Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (Unece) acaba de hacer público un informe científico en el que recomienda prorrogar la vida de las nucleares para cumplir con los objetivos globales del cambio climático. Una recomendación muy difícil de cumplir teniendo en cuenta que Alemania se propone cerrar sus nucleares en 2023 y Bélgica en 2025.
Jean Pisani-Ferry, investigador senior del Peterson Institute y del centro de pensamiento Bruegel, profesor del Instituto Europeo de Florencia y uno de los articulistas de opinión en las páginas de elEconomista, acaba de lanzar una seria reflexión a los gobiernos europeos para que repiensen los costes de la transición energética y el impacto que puede tener en sus ciudadanos.
Nadie previó el alza de la luz. Regular ahora por decreto ó crear una empresa pública es un error
La UE acordó acelerar a 2030 la reducción de emisiones de carbono en un 55 por ciento con respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. La vicepresidenta Ribera es una defensora entusiasta de estos acuerdos, a los que se anticipó solicitando la desaparición de los vehículos de combustión en 2040, que finalmente la UE adelantó a 2035.
España es el segundo productor europeo de coches, seguido de Francia e Italia. Una clasificación que encabeza Alemania. La desaparición de los motores de combustión obligará a reforzar la red eléctrica, disparará su consumo y recortará a la mitad las plantillas de las cadenas de montaje. El golpe será más acusado en la red de talleres de mantenimiento y de distribución.
Como consecuencia de los compromisos para acelerar la descarbonización, los derechos de emisión se duplicaron al pasar de 30 a unos 60 euros por tonelada en el último año, al igual que ocurre con el gas. Ambos elementos, el gas y el CO2, representan el 70 por ciento de los costes de fijación de los precios mayoristas de la electricidad, según un reciente estudio del Banco de España. Y las perspectivas es que sigan subiendo y agrandando el roto en nuestros bolsillos.
Los expertos atribuyen el encarecimiento del gas al alza de su demanda tras la pandemia, pero también a que se paralizan inversiones en yacimientos, porque que se trata de una energía de transición condenada también a desaparecer.
Para colmo de males, eliminar el efecto alcista sobre la luz requiere modificar el funcionamiento de las subastas para establecer el precio en el mercado mayorista. Pero eso no es posible realizar por decreto, ya que se trata de un mecanismo común a toda Europa. Entramos así en un círculo virtuoso, o mejor dicho vicioso, que acarrea importantes perjuicios.
El encarecimiento del CO2 y del gas se traslada a la electricidad. Entre los más afectados, además del ciudadano de a pie, están pequeños negocios como bares, restaurantes o peluquerías y la industria de forma generalizada, que lógicamente lo repercutirán en sus productos y servicios y ensanchará el roto en nuestros bolsillos.
Un aumento generalizado de los precios compromete la política monetaria y forzará a medio plazo un incremento del precio del dinero, que frenará las inversiones y, por ende, la actividad económica.
El último informe del panel de expertos de la ONU, difundido este mes de agosto, removía las conciencias ya que responsabiliza al ser humano de un cambio climático que será irreversible por lo menos hasta la mitad de este siglo. Las cosas se pueden poner realmente feas a partir de 2050, “a menos que se produzcan reducciones drásticas en la emisión de gases de efecto invernadero” porque no se logrará contener el nivel de calentamiento del planeta a entre 1,5 y dos grados, advierte la ONU.
Los efectos serán mayores en la cuenca mediterránea, con subidas del nivel del mar, olas de calor ó lluvias torrenciales que ya comenzamos a sufrir. Pero nadie ha pensado aún en las onerosas consecuencias que acelerar esta transición tendrá para los habitantes del planeta y sus economías. Se ha roto el axioma de lo que es bueno para el planeta, también lo es para la economía. Por lo menos, a corto ó medio plazo.
El Gobierno de Sánchez es víctima de sus contradicciones. Persigue y aplaude la transformación ecológica a marchas forzadas, pero carece de una política para paliar sus perjuicios. El cambio climático produce un shock en la oferta de productos y servicios bajos en emisiones a la par que la demanda es cada vez más alta, lo que se traduce en la llamada inflación verde. Dos buenos ejemplos son los precios de la luz ó de los coches eléctricos.
Ribera no previno el cóctel molotov de mezclar el alza del CO2 y del gas, junto a un mecanismo de fijación de los precios regulados PVPC introducido por el Gobierno de Rajoy, que convierte en un tobogán de infarto las subida y bajadas de la luz. Y ahora ya es demasiado tarde para cambiarlo de un plumazo. Actuar por Real Decreto o cualquier nacionalización de los recursos naturales sería un error imperdonable, que enviaría una señal preocupante a los mercados en un momento en que España está en el punto de mira de Europa, para obtener la aprobación de los fondos europeos Next Generation para la recuperación.