Es lunes 30 de agosto, el día 242 del año. Para Beatriz Salas es una cuenta más larga. Son 863 días que no sabe del paradero de su hijo, el buzo profesional Hugo Marino Salas, quien fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando llegaba al país procedente de Estados Unidos.
Por Luisa Quintero / talcualdigital.com
Este lunes 30 de agosto se celebra el día mundial contra las desapariciones forzadas, un delito que se configura cuando existe una privativa de libertad, existe una intervención directa o indirecta de organismos de seguridad, y se niega reconocer la detención y el paradero de la persona.
Hugo Marino Salas, lamentablemente, cumple todas las condiciones. Fue apresado el 20 de abril de 2019 por funcionarios de la Dgcim. Desde esa fecha, ni el organismo de contrainteligencia ni el Estado venezolano han respondido las solicitudes de información sobre el paradero del buzo, que llegó a Venezuela ese año para atender asuntos de rutina, ya que tenía oficinas en el país.
“Por fuentes muy confiables, ellos tenían a mi hijo allí, con la orden de que nadie podía saber que estaba allí adentro. ¿Dónde está? No sé. ¿Qué le hicieron? No sé, pero no me voy a quedar callada, no me voy a quedar tranquila porque en cualquiera de las dos opciones me tienen que dar respuesta ”, explica Beatriz Salas.
La Dgcim no solo detuvo a su hijo en abril de 2019, también entró a su vivienda -sin forzar puertas o cerraduras- y revolvieron entre sus pertenencias, rompieron paredes, pisos, y se llevaron todo lo que encontraron, incluyendo ropa.
“Es difícil que te pueda explicar la desaparición de un hijo, eso no tiene parangón. La desaparición de Hugo significó que me quitaron un pedazo. Siempre ha sido mi apoyo, un padre ejemplar. Tu dirás que porque es mi hijo yo hablo así, pero no. Mi hijo era sostén de toda una familia”, dice entre sollozos Salas.
Sin rastro
El Foro Penal Venezolano recuerda que hay desapariciones forzadas temporales o permanentes, y aseguran en su último informe que forman parte de un patrón donde se configuran detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles e inhumanos. Esta práctica también se extiende a familiares para conseguir información o que el señalado se entregue.
Estas aseveraciones también fueron compartidas por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela, en su informe de septiembre de 2020. Dicha instancia señala que las detenciones, en algunos casos, equivalen a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles y actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo.
“Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro”, dijo el abogado Francisco Cox, integrante de la Misión de Determinación de Hechos.
El de Hugo Marino no es un caso aislado en el país. Forma parte de una lista de personas que se encuentran desaparecidas a largo plazo por razones políticas o en contexto de actuación de un organismo policial.
Desde febrero de 2015 se encuentran desaparecidos Alcero Mora y los hermanos Eliécer y Esnéider Vergel Prado. Según los relatos que han podido armar sus familiares, los hermanos se encontraban junto a Mora cuando fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Mérida, tras denunciar una red de tráfico de combustible que incluía a figuras del chavismo y de Pdvsa.
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