Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, para diversas tareas, entre ellas la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial».
Por theobjective.com
Según un documento al que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE, la empresa PDVSA fichó al despacho de Garzón por 8,8 millones de euros para interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho. Entre las misiones pactadas por Ilocad y PDVSA figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete madrileño sigue representando a PDVSA en la misma causa.
El documento, fechado el 15 de noviembre de 2016, es la autorización formal de PDVSA para contratar los servicios de Ilocad. Y se da la circunstancia de que el directivo de la petrolera que firmó la orden de contratación, Eulogio del Pino, se encuentra pendiente de juicio en Venezuela acusado de corrupción.
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Esta noticia salpica de lleno a la fiscal general del Estado, puesto que ella es la máxima responsable de los fiscales que tienen enfrente al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan letrados de este despacho como el ‘caso Tándem’ o la citada causa de PDVSA. Delgado ya ha advertido en alguna ocasión que no se siente «concernida» ni cree que personalmente deba apartarse por afectación directa o indirecta en el ‘caso Tándem’ –que investiga las actividades del excomisario José Manuel Villarejo- por su relación personal con Garzón. Sin embargo, se da la paradoja de que un fiscal de Tándem sí fue apartado por la cúpula de la carrera, presidida por Delgado, bajo la acusación de mantener una relación con una abogada y filtrarle información. La inspección tachó todo de conjeturas y no apreció irregularidad alguna en su comportamiento.
THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con el bufete Ilocad para recabar su versión sobre el contrato y aclarar en qué consisten esas labores de coordinación con la Fiscalía que fueron encargadas por PDVSA. Sin embargo, en el momento de publicarse esta noticia no se ha recibido ninguna respuesta. Tal coordinación con fiscales y jueces, a tenor de la orden de contratación publicada por este periódico, no era una manera de hablar por parte de la petrolera estatal venezolana, sino que formaba parte de los términos exactos negociados directamente con el despacho de Garzón. «La oferta por estos servicios, ya negociada con el despacho de Ilocad, presenta un monto de 8.835.000 euros, desglosada para su pago según avance y cumplimiento de los siguientes hitos:
-1.650.000 euros por asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios.
-2.105.000 euros por preparación y presentación de la demanda.
-1.980.000 euros por coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas.
-3.100.000 euros por preparación del documento de acusación e inicio del juicio correspondiente en España».
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